Considerando  Considerando que: La incorporación del enfoque de género en las materias relacionadas con el trabajo y la seguridad contribuye de manera fundamental a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como aumentar la productividad, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza de manera más eficaz.

Acordamos: Incrementar esfuerzos dedicados a alcanzar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, reconociendo la importancia de la Coalición Regional para la Igualdad Salarial : así como seguir trabajando para modificar los códigos o normas laborales, los sistemas de seguridad social que discriminana las mujeres, el reconocimiento de las tareas de cuidados y la equiparación de derechos en el ámbito de la protección social.

I. La importancia y necesidad del fomento del empleo decente, digno y de la inclusión social para eliminar las desigualdades y poner fin a la pobreza.

V. Que para avanzar y fomentar políticas públicas integrales, acciones y programas favorables a las juventudes iberoamericanas es fundamental implementar la igualdad de género para alcanzar la paridad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres jóvenes en todos los ámbitos. Reiteramos nuestro compromiso con la trasversalización de la perspectiva de género en las políticas laborales y de empleo, la eliminación de la discriminación, el acoso y la violencia en razón del género, orientación sexual, etnia, y el equilibrio entre las responsabilidades familiares y laborales.

3. Trabajar de manera coordinada con las instituciones y sectores pertinentes para desarrollar políticas de empleo juvenil rural, que promuevan la permanencia de los y las jóvenes en el campo y el relevo generacional y que garanticen el trabajo decente, digno y permitan la inclusión productiva de hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades, en el sector rural.

 Considerando  Considerando: IV. Que para avanzar y fomentar políticas públicas integrales, acciones y programas favorables a las juventudes iberoamericanas es fundamental implementar la igualdad de género para alcanzar la paridad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres jóvenes en todos los ámbitos. Reiteramos nuestro compromiso con la trasversalización de la perspectiva de género en las políticas laborales y de empleo, la eliminación de la discriminación, el acoso y la violencia en razón del género, orientación sexual, etnia, y el equilibrio entre las responsabilidades familiares y laborales.

 Considerando  DECLARA Priorizar los compromisos establecidos en el marco del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016) con prioridad en a) la accesibilidad universal como elemento habilitador para el disfrute de los derechos que amparan a las personas con discapacidad; b) la generación de registros estadísticos sobre discapacidad como mecanismos indispensables para la creación y evaluación de políticas públicas inclusivas; c) el enfoque de desarrollo con base comunitaria como modelo que promueve la plena participación de las personas con discapacidad desde su comunidad, y d) la protección social como parte de los esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos y la gestión de la calidad de vida.

 Considerando  CONSIDERANDO El Imperativo de potenciar el rol protagónico de la juventud en el desarrollo de nuestras naciones y el compromiso de nuestros gobierno de fomentar la cooperación, la justicia, la paz, la solidaridad, la igualdad y la equidad de géneros y los principios de no discriminación

9. Considerando los actuales logros registrados en materia de políticas públicas de juventud, equidad y desarrollo en la región; así como los avances en términos institucionales y programáticos que fomentan una nueva visión sobre los jóvenes, basada en los enfoques de género, étnicos, de participación y transversalidad, atendiendo a la heterogeneidad de las juventudes.

ACUERDOS 3. Valoramos la importancia de la articulación de las políticas educativas y de innovación tecnológica como factores clave para el desarrollo de las y los jóvenes, lo cual puede incidir sustancialmente a mejorar sus oportunidades de acceso a trabajos dignos y decentes.

 Considerando  4. Considerando, la importancia del papel de los Estados en la distribución de la riqueza, la equidad social y, en su contexto, de la promoción y el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes, en tanto garante de estos y articulador fundamental de las estrategias de inclusión y desarrollo. Considerando por tanto que las políticas de juventud forman parte de las políticas sociales y, en general, de una perspectiva integral de las políticas públicas, aspecto que se sintetiza en la noción de una perspectiva de juventud que debe estar integrada a los proyectos nacionales de desarrollo.

17. Reconocemos que la inversión pública es necesaria para conseguir equilibrios generacionales y superar la desigualdad, siendo de vital importancia consolidar información precisa al interior de nuestros países; por tanto, pedimos a la Secretaría General la generación de metodologías de estudio que recopilen este conocimiento a nivel nacional y regional.

 Considerando  2. Considerando los desafíos en torno a la equidad –particularmente la equidad generacional– aunado a la necesidad de fortalecer los mecanismos de inclusión e integración social; así como, valorando la importancia del trabajo digno es, entre otros aspectos, fundamental para el fortalecimiento de la democracia, contribuyendo al desarrollo sostenible.

 Considerando  3. Considerando que el trabajo digno y la educación de calidad para las y los jóvenes constituyen una prioridad global y regional, por ser estrategias permanentes y principales para reducir la pobreza y la desigualdad, a fin de alcanzar el bienestar social de nuestros países y el buen vivir de sus habitantes.

5. Exhortamos a los Gobiernos a incorporar de manera transversal en sus políticas, planes y programas de desarrollo el tema del envejecimiento y a poner en marcha políticas específicas para las personas mayores, que reconozcan las desigualdades de género y que promuevan su autonomía e independencia, así como la solidaridad intergeneracional, teniendo en cuenta que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa una oportunidad histórica para la comunidad internacional de erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, y la preocupante incidencia de la pobreza en las personas mayores de la región, particularmente en aquellas que se encuentran en una situación más vulnerable;

12. Alentamos a los Gobiernos de la región a considerar la situación y los intereses de las personas mayores incorporando las perspectivas de etnia, raza, género, discapacidad y generacional en el diseño y ejecución de planes y programas nacionales para promover la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030;

 Considerando  Considerando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa una oportunidad para que los países de la región avancen en la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad, tal como lo ha planteado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en los documentos presentados en sus tres últimos períodos de sesiones

2. Acoger con beneplácito el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina preparado por la Secretaría, y destacar la importancia de: ii) Hacer frente en forma decidida a los altos niveles de desigualdad que siguen caracterizando a la región, condición fundamental para alcanzar el propósito central de la Agenda 2030 de “que nadie se quede atrás”,

2. Acoger con beneplácito el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina preparado por la Secretaría, y destacar la importancia de: iii) Continuar profundizando la investigación y el conocimiento relacionados con la matriz de la desigualdad social en la región, que se relaciona estrechamente con la estructura productiva altamente heterogénea y poco diversificada de las economías de la región y que, a través de la estructura del mercado laboral, llega al ámbito social, produciendo una acentuada desigualdad de ingresos en los hogares, a lo que se suman las desigualdades de género, las desigualdades étnico-raciales, las desigualdades territoriales y las derivadas de la edad de las personas;

2. Acoger con beneplácito el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina preparado por la Secretaría, y destacar la importancia de: iv) Actuar sobre las brechas definidas en La matriz de la desigualdad social en América Latina para romper las barreras de acceso a los servicios sociales y al bienestar que enfrentan las personas que están en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las personas que residen en zonas rezagadas, las personas con discapacidad y los migrantes, lo que requiere la incorporación de los elementos analizados en dicho documento al diseño de políticas públicas de desarrollo social para avanzar efectivamente en la universalización de los derechos y la construcción de sistemas integrales y universales de protección social,

2. Acoger con beneplácito el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina preparado por la Secretaría, y destacar la importancia de: vi) Avanzar en la formulación de acuerdos, pactos y consensos sociales en torno a esos objetivos y afirmar una cultura de la igualdad capaz de superar la cultura de privilegio que históricamente ha caracterizado a la región,

4. Destaca la importancia de considerar el territorio como un vector orientador del diseño y la implementación de las políticas sociales para promover la igualdad y un desarrollo social inclusivo;

11. Se compromete a impulsar la definición de una agenda regional de desarrollo social inclusivo basada en políticas públicas que intervengan sobre las desigualdades estructurales de la región y los nuevos desafíos derivados del cambio tecnológico y de la necesaria transición a una economía ambientalmente sostenible, con una perspectiva de derechos, de igualdad de género y de ciclo de vida y desde un enfoque de universalismo sensible a las diferencias, en el marco de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

 Considerando  Compartiendo plenamente el espíritu de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, confiando en la relevancia del multilateralismo y convencidos de que la implementación de la Agenda 2030 forja un consenso mundial en la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo que permitirá fortalecer la paz, erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, combatir las desigualdades y proteger los derechos humanos, sin que nadie se quede atrás,

 Considerando  Teniendo presente que en la resolución 1(I) aprobada en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en Lima en noviembre de 2015, se solicitó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe profundizar en el análisis integrado de las múltiples dimensiones de la desigualdad social, la pobreza y la vulnerabilidad, así como en la relación entre las políticas económicas, productivas y sociales y las políticas de protección del empleo y promoción del trabajo decente,

 Considerando  Recordando que la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, en su Primera Reunión celebrada en Santo Domingo en noviembre de 2016, acogió positivamente el avance analítico plasmado en el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina, instando a los países a profundizar en su investigación y conocimiento y a incorporar sus elementos en el diseño de políticas públicas de desarrollo social,

 Considerando  Recordando además el firme compromiso expresado por la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe con la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad en todas sus formas y la importancia de construir acuerdos, pactos y consensos que consoliden la cultura de la igualdad y superen la cultura del privilegio en la región,

3. Reconoce también que la región exhibe desigualdades estructurales que se entrecruzan y se encadenan a lo largo del ciclo de vida y afectan con especial intensidad a niños, niñas y adolescentes; personas mayores; jóvenes; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; migrantes; personas que habitan en zonas rezagadas, y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales;

5. Reafirma que el desarrollo sostenible no se alcanzará sin la igualdad de derechos, capacidades, oportunidades, medios, resultados y el compromiso de los Gobiernos y la sociedad civil para consolidar el desarrollo social inclusivo, cerrando las brechas que existen entre los países y en el interior de estos para acceder a él;

6. Valora los avances logrados por la región durante los últimos 15 años en la reducción de la pobreza y la desigualdad y en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, y reitera su compromiso con la erradicación de la pobreza y la desigualdad en todas sus expresiones y dimensiones a través de políticas sociales inclusivas, sensibles a las diferencias y con un enfoque de género, etnia, raza, intersectorialidad, interculturalidad y de derechos humanos;

7. Observa con especial preocupación la tendencia hacia la reducción de los presupuestos destinados al desarrollo social en la región y el posible debilitamiento de los sistemas de protección social que esto puede provocar, así como la posibilidad de que ello obstaculice la expansión de los servicios sociales universales y el mantenimiento y perfeccionamiento de las políticas y programas de superación de la pobreza, protección del empleo y promoción de la igualdad;

9. Reafirma su convicción de que la creación sostenida de empleo productivo y trabajo decente, así como el acceso garantizado a una educación y salud de calidad y a sistemas universales de protección social, basados en un enfoque de derechos en el que se incluyan políticas de cuidado que aseguren la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad y entre mujeres y hombres, son indispensables para consolidar y profundizar los avances de la región en la reducción de la pobreza y la desigualdad con énfasis en los enfoques generacional, de género y de derechos humanos;

10. Exhorta a los países a generar consensos, pactos y acuerdos nacionales, conforme a sus capacidades y con atención a sus especificidades, para fortalecer la cultura de la igualdad y superar la cultura del privilegio, protegiendo la inversión social y resguardando el papel de las políticas sociales y de la institucionalidad en el desarrollo sostenible;

12. Llama a los Estados a atender dentro de esta agenda la situación de especial desigualdad, discriminación y exclusión social y económica que viven niños, niñas y adolescentes; personas mayores; jóvenes; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; personas que habitan en zonas rezagadas, y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, así como los migrantes, las poblaciones afectadas por los desastres y el cambio climático y los desplazados por conflictos dentro de su territorio;

14. Solicita a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe asistencia técnica en el proceso de elaboración de esta agenda en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma que siga profundizando el análisis de los ejes estructurantes de la desigualdad social en la región; que promueva la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de la población, con especial atención a las políticas de protección social contributiva y no contributiva, de salud y educación, de seguridad alimentaria y nutricional, de cuidado, de promoción del empleo productivo y de calidad y del trabajo decente, así como la institucionalidad social y el financiamiento de las políticas sociales, y que fomente la cooperación Sur-Sur para el intercambio de experiencias y aprendizajes entre los países;

1. Acoger con beneplácito el documento Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo: bases y propuesta inicial1 y adoptar el plan de trabajo que en él se propone para la elaboración de dicha agenda, destacando la importancia de: i) la generación de pactos y acuerdos intergubernamentales como base para avanzar en el logro del desarrollo sostenible, la consolidación de la cultura de la igualdad y la superación de la cultura del privilegio en la región;

1. Acoger con beneplácito el documento Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo: bases y propuesta inicial1 y adoptar el plan de trabajo que en él se propone para la elaboración de dicha agenda, destacando la importancia de: iii) la elaboración de la agenda regional de desarrollo social inclusivo conforme a las orientaciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a sus metas contenidas en el pilar social extendido, haciendo frente al imperativo de erradicar la pobreza en todas sus formas, incluida la pobreza extrema, y reducir significativamente las desigualdades, en sus múltiples dimensiones, sin que nadie se quede atrás;

1. Acoger con beneplácito el documento Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo: bases y propuesta inicial y adoptar el plan de trabajo que en él se propone para la elaboración de dicha agenda, destacando la importancia de: iv) la contribución de esta agenda al alcance progresivo del desarrollo social inclusivo, a través de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, la reducción de las brechas de acceso al bienestar y el abordaje de las desigualdades sociales y sus ejes estructurantes bajo la perspectiva del universalismo sensible a las diferencias y con mecanismos efectivos para el reconocimiento y la participación de las personas;

26. d) Promover instancias de diálogo técnico-político entre los mecanismos para el adelanto de la mujer y otras instituciones estatales en cada uno de nuestros países, de modo de fortalecer su institucionalidad y las políticas públicas de igualdad de género en la región y extenderlas a estas instituciones,

26. r) Reiterar la importancia de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres para la democracia plena, la justicia y la cohesión social, como medio para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico,

26. t) Promover el desarrollo de estrategias eficaces dirigidas a garantizar que los sistemas educativos de los países de la región prioricen la construcción de valores, actitudes y convicciones sobre igualdad y equidad de género como medio de combatir la violencia contra las mujeres y lograr el pleno ejercicio de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales.

35. 21. Redoblar los esfuerzos de cooperación entre los países a fin de brindar asistencia técnica y transmitir conocimientos y experiencias en materia de políticas justas;

24. Destacar la importancia de que los debates sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones se articulen con los temas de las autonomías económica, física y política de las mujeres, incluyendo el análisis de sus riesgos y beneficios y tomando en cuenta las condiciones particulares de las mujeres rurales, las mujeres de grupos afrodescendientes y pueblos originarios y las mujeres con discapacidad; Destacar la importancia de que los debates sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones se articulen con los temas de las autonomías económica, física y política de las mujeres, incluyendo el análisis de sus riesgos y beneficios y tomando en cuenta las condiciones particulares de las mujeres rurales, las mujeres de grupos afrodescendientes y pueblos originarios y las mujeres con discapacidad;

Reconocemos los desafíos identificados tanto por nuestros gobiernos como por las organizaciones de la sociedad civil en las distintas instancias y nos comprometemos a tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de los compromisos, especialmente las orientadas a acelerar la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y de los consensos regionales, incrementando la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos, la presupuestación en materia de género y la ejecución y rendición de cuentas, con miras a reforzar la aplicación de políticas de igualdad en el marco de la agenda para el desarrollo después de 2015 y de la tercera Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo que se llevará a cabo en 2015;

Reconocemos los logros y avances realizados durante estos 20 años que, si bien constituyen una contribución esencial a la democracia, el desarrollo y la paz, resultan insuficientes y muestran que, como ya hemos afirmado en múltiples ocasiones, la igualdad de género y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas son fundamentales para erradicar la pobreza, lograr mayor igualdad, paz y seguridad, y promover el desarrollo sostenible en sus tres pilares: económico, social y ambiental, en un contexto que presenta nuevos desafíos y oportunidades;

16. Trabajar en el diseño de políticas públicas que aborden las bases estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres, en particular aquellos aspectos culturales que perpetúan los tradicionales roles de género;

17. Solicitar a los Estados que definan estrategias para garantizar que los gobiernos de la región asuman como prioridad la incorporación de la igualdad de género en sus planes nacionales y sectoriales de desarrollo como medio para lograr más rápidamente un estado de derecho realmente inclusivo, junto con la erradicación de la pobreza, la exclusión y la desigualdad social, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

Reiterar su rechazo por el resurgimiento de prácticas, discursos y patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos basados en la cultura del privilegio, que limitan el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. f) Desarrollar políticas activas referidas al mercado laboral y el empleo productivo a fin de estimular la tasa de participación laboral de las mujeres, de la formalización del empleo y de la ocupación de puestos de poder y decisión por parte de las mujeres, así como la reducción de las tasas de desempleo, con particular atención a las mujeres afrodescendientes, de los pueblos indígenas y jóvenes afectadas por la discriminación racial, de sexo y orientación sexual, a fin de asegurar el trabajo digno para todas y garantizar igual salario por trabajo de igual valor;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. g) Impulsar y hacer cumplir leyes de igualdad laboral que eliminen la discriminación y las asimetrías de género, raza, etnia y orientación sexual en el acceso y permanencia al mercado laboral, en la toma de decisiones y en la distribución de las remuneraciones, establezcan mecanismos de presentación de quejas y determinen sanciones para las prácticas de acoso sexual y otras formas de asedio en el espacio laboral;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. h) Promover e incidir en la aprobación de una legislación que equipare los derechos de las trabajadoras domésticas con los derechos de los demás trabajadores, reglamentando su protección, promoviendo su valorización social y económica y erradicando el trabajo doméstico infantil;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. j) Garantizar igual remuneración por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres y entre las propias mujeres, de conformidad con los convenios internacionales ratificados, en particular los convenios 100, 111 y 112 de la Organización Internacional del Trabajo, y las normas internacionales en materia de derechos de las mujeres;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. l) Garantizar el acceso de las mujeres a activos productivos, incluidos la tierra y los recursos naturales, y el acceso al crédito productivo, tanto urbano como rural;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. m) Promover la valorización y el reconocimiento de la contribución económica de las mujeres en el medio rural y en las comunidades tradicionales y pueblos indígenas, así como en los pueblos afrodescendientes o grupos minoritarios y de las mujeres migrantes a través de las remesas;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. o) Impulsar y profundizar, en el sector público y privado, en la adopción de sistemas de gestión de igualdad de género que promuevan la no discriminación de las mujeres en el empleo, la conciliación de la vida profesional, privada y familiar, y la prevención y erradicación de todas las formas de violencia de género en el ámbito laboral, principalmente el acoso sexual y otras formas de asedio en el espacio laboral;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. q) Adoptar medidas para poner fin a todas las formas de violencia económica ejercida contra las mujeres, particularmente aquellas que atentan contra su dignidad humana o que las excluyen del derecho a recibir recursos financieros con miras a impulsar su autonomía y el respeto a sus derechos en la esfera laboral.

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. a) Promover y fortalecer políticas de Estado que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos de las mujeres, de todas las edades y condiciones, como base sustantiva de los procesos democráticos;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. d) Promover y asegurar la transversalización del enfoque de género, raza y etnia, en todas las políticas, especialmente en la política económica y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales para garantizar la igualdad de género;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. f) Fortalecer la producción de información estadística necesaria desagregada para visibilizar los problemas de desigualdad de género en el ámbito de la autonomía física y económica y de la toma de decisiones;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. g) Adoptar el enfoque y medidas de igualdad de género, raza y etnia, en relación con la política económica, fiscal y tributaria, la reforma agraria, el acceso a la propiedad de la tierra, la vivienda y otros recursos productivos, para asegurar la redistribución equitativa de la riqueza;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. n) Impulsar la revisión de los sistemas previsionales nacionales existentes, para que se garanticen los derechos de las mujeres como beneficiarias, contemplando la situación de su incorporación al mercado laboral;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. o) Implementar sistemas de gestión de riesgos naturales y antrópicos con enfoque de género, étnico y racial, que permitan atender las causas y consecuencias de los desastres naturales y los impactos diferenciales de estos y del cambio climático en las mujeres, con particular énfasis en la recuperación de medios de vida sustentables, la administración de refugios y albergues, la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia de género y la superación de las barreras que impiden a las mujeres una rápida inserción o reinserción en el empleo formal, debido a su papel en el proceso de reconstrucción económica y social;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. s) Elaborar y aplicar políticas y planes de educación a lo largo de toda la vida con recursos suficientes, con metas medibles, especialmente dirigidos a mujeres jóvenes y adultas, a fin de reforzar el ejercicio pleno de su ciudadanía.

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. a) Incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. b) Adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado, en los regímenes especiales y autónomos, en los ámbitos nacional y local y en las instituciones privadas, a fin de fortalecer las democracias de América Latina y el Caribe, con una perspectiva étnico-racial;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. c) Contribuir al empoderamiento de los liderazgos de mujeres indígenas para eliminar las brechas existentes y garantizar su participación en espacios de decisión, respetando el consentimiento libre, previo e informado para el diseño e implementación de políticas públicas nacionales y regionales;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. d) Promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma forma, crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. e) Estimular acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de decisión, y fortalecer, entre otros, la sindicalización femenina, tanto en el medio urbano como en el rural, a efectos de avanzar en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el ámbito laboral;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. i) Crear mecanismos de apoyo a la participación pública y política de las mujeres jóvenes, sin discriminación de raza, etnia y orientación sexual, en espacios de toma de decisiones y el respeto a sus expresiones organizativas propias, propiciando condiciones para la prevención de la estigmatización generacional de sus formas propias de organización y expresión;

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. a) Garantizar las condiciones y los recursos para la protección y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todas las etapas de su ciclo de vida y en los diversos grupos poblacionales, sin ningún tipo de discriminación, basándose en el enfoque integral promovido en el Programa de Acción de la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo;

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. c) Fomentar la reglamentación e implementación de las leyes aprobadas en materia de igualdad de género, incluidas las relativas a la autonomía física, y favorecer el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral;

8. Promover la cooperación internacional y regional para la equidad de género. a) Impulsar programas de cooperación regional, subregional y multilateral, aprovechando los procesos de integración para el desarrollo socioeconómico que tienen lugar en América Latina y el Caribe, particularmente acciones que promuevan la igualdad de género;

8. Promover la cooperación internacional y regional para la equidad de género. b) Fortalecer la cooperación Sur-Sur para el logro de la igualdad de género y el avance de las mujeres;

8. Promover la cooperación internacional y regional para la equidad de género. c) Instar a los donantes a que cumplan sus compromisos en materia de asistencia oficial para el desarrollo, como un elemento esencial para la promoción de la igualdad de género.

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 34. Potenciar la inclusión de la perspectiva de género como eje transversal de las políticas públicas en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, asegurando el pleno acceso a estas tecnologías y su uso por parte de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad, en condiciones de igualdad y equidad, considerando las regulaciones, los costos y la cobertura, para la apropiación social del conocimiento y teniendo en cuenta la diversidad cultural y lingüística;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 35. Adoptar políticas públicas que incluyan medidas afirmativas para promover la reducción de las barreras de acceso, la comprensión del manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la adaptación en la lengua local de las aplicaciones y los contenidos relacionados con estas tecnologías, así como para fomentar la inserción de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales y mujeres con discapacidad en la formación profesional en ciencias, incluidas las matemáticas, ingenierías, tecnologías ambientales y tecnologías de la información y las comunicaciones, y en la investigación y producción de conocimiento en todos los ámbitos científicos;

B. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 55. Definir y establecer instrumentos de medición periódica del trabajo no remunerado que realizan las mujeres y asegurar en los presupuestos públicos la dotación de recursos necesarios a los mecanismos responsables de recopilar y sistematizar las informaciones para la realización de las encuestas nacionales de uso del tiempo, con objeto de facilitar el diseño de políticas públicas adecuadas y justas;

B. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 62. Desarrollar e implementar políticas activas referidas al mercado laboral y al empleo productivo que aseguren trabajo decente para todas las mujeres, combatiendo las condiciones de precariedad e informalidad que afectan principalmente a la fuerza laboral femenina y asegurando igual salario por trabajo de igual valor, una tasa de participación igualitaria, la presencia sin discriminación en puestos de poder y decisión y la superación de la segregación ocupacional, con particular atención a las mujeres rurales, las afrodescendientes, las indígenas, las mujeres con discapacidad y las jóvenes;

C. IGUALDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 74. Implementar medidas con perspectiva de género que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad, incluida la salud sexual y la salud reproductiva durante y después de situaciones de desastre y en casos de emergencia, para prevenir en esas circunstancias y en las de desplazamiento o refugio la mortalidad y la morbilidad, particularmente entre las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, rurales y mujeres con discapacidad ;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 83. Crear espacios de articulación para fomentar el compromiso conjunto de las instituciones públicas y privadas que intervienen en la ruta crítica de prevención, atención y sanción en respuesta a todas las formas de violencia contra las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las adultas mayores;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 99. Consolidar una propuesta para erradicar las discriminaciones sexistas estructurales en el mundo rural, asegurando la igualdad económica, política y social entre los géneros, y emprender acciones inmediatas para garantizar el derecho de las mujeres rurales a una vida sin violencia y sin racismo;

E. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA TOMA DE DECISIONES 104. Fortalecer los mecanismos de observación y de acompañamiento de los procesos electorales con perspectiva de género como instrumentos para asegurar el respeto de los derechos de representación política de las mujeres;

E. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA TOMA DE DECISIONES 106. Fortalecer, con medidas concretas de carácter económico y técnico, los mecanismos regionales de género de formación y capacitación política para el liderazgo de las mujeres y propiciar la participación en ellos de las mujeres de la región, en particular las jóvenes, las mujeres rurales, las indígenas, las afrodescendientes y LGBTTI;

E. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA TOMA DE DECISIONES 107. Propiciar que los medios de comunicación se comprometan con los objetivos de la igualdad y la paridad entre hombres y mujeres mediante la firma de acuerdos para desarrollar acciones mediáticas vinculadas a la igualdad y los derechos de las mujeres en todas las esferas, como la participación paritaria de las mujeres en los procesos políticos y la paridad de género en las candidaturas, y que cubran las diversas formas de participación política de las mujeres, así como los asuntos que las afectan;

 Considerando  7. Que para el logro de las autonomías económica, física y política de las mujeres, resulta un escenario de oportunidades y desafíos el que componen la economía digital, los proyectos de innovación y el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que hace imprescindible el uso de estas herramientas para impulsar los procesos de construcción de la igualdad y evitar que estas originen una brecha que profundice las desigualdades en la sociedad de la información y el conocimiento, especialmente para las mujeres rurales, las indígenas, las afrodescendientes, las desplazadas y las migrantes, las mujeres jóvenes, las adultas mayores, las mujeres que viven con VIH/SIDA y las que tienen alguna discapacidad;

 Considerando  11. El efecto negativo de las medidas económicas coercitivas unilaterales en el acceso de los países objeto de estas medidas a las nuevas tecnologías;

 Considerando  12. El impacto que las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen sobre la sociedad y la economía;

 Considerando  13. La creciente brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las nuevas dimensiones de la brecha digital, que vulneran la autonomía de las mujeres y limitan su pleno desarrollo;

 Considerando  19. La centralidad de la igualdad de género en el debate sobre el desarrollo, lo que implica considerar tanto la dimensión productiva como la reproductiva y transformar la división del trabajo, que en razón de inequidades en materia reproductiva ha generado una carga desproporcionada para las mujeres y desigualdades estructurales de género que perpetúan el círculo de la pobreza, la marginación y la desigualdad;

 Considerando  22. La responsabilidad de los Estados de centrar esfuerzos y realizar las inversiones necesarias para que las tecnologías de la información y las comunicaciones sean accesibles e influyan en las iniciativas de las mujeres y las potencien, así como en su empoderamiento económico, político y físico, evitando que se produzcan nuevas brechas en razón de sus condiciones de vida y de la diversidad cultural en la región;

 Considerando  23. Que, para aprovechar las oportunidades y asumir los desafíos que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones para el adelanto de las mujeres, es necesario superar las limitaciones y brechas de género existentes en educación, salud, ejercicio del poder, economía y manifestaciones socioculturales;

 Considerando  24. La necesidad de facilitar el acceso de las mujeres de todas las edades a las tecnologías de la información y las comunicaciones para ejercer ampliamente su derecho a la libertad de expresión para la creación de redes, la promoción y el intercambio de información, las actividades educativas y los usos especializados en las actividades económicas;

 Considerando  29. Que el sistema de justicia es importante para la promoción de los derechos humanos y que el retraso en la justicia puede suponer una negación de la misma;

122. Fortalecer la inclusión del enfoque de género en los procesos de integración para el desarrollo socioeconómico que tienen lugar en América Latina y el Caribe, en especial aquellos en que se despliega un esfuerzo significativo por integrar las acciones que promueven la igualdad de género con la participación de las organizaciones de mujeres y feministas;

123. Fortalecer, en materia de igualdad de género, la cooperación técnica, científica y financiera, incluida la cooperación Sur-Sur, y el intercambio entre los países de la región, sobre todo en buenas prácticas, con énfasis en las agendas digitales y las estrategias nacionales para las tecnologías de la información y las comunicaciones en línea con el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento para América Latina y el Caribe (eLAC2015), construidas desde las organizaciones de la sociedad civil para promover respuestas transformadoras e innovadoras para la igualdad;

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.b Ratificar o aplicar los instrumentos de derechos humanos, revisar periódicamente y modificar, en caso de ser necesario, las leyes, políticas, planes, programas y protocolos a fin de armonizarlos con los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, igualdad de género y no discriminación, y asegurar que se respeten, protejan y garanticen los derechos de las mujeres en su diversidad e impedir retrocesos.

7. TECNOLOGÍA: HACIA EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y ECONOMÍAS INNOVADORAS E INCLUSIVAS 7.d Diseñar y llevar a la práctica programas específicos para cerrar las brechas de género en el acceso, el uso y las habilidades en materia de ciencia, tecnología e innovación, y fomentar la participación paritaria de las mujeres en este ámbito.

9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: TRANSFORMAR DATOS EN INFORMACIÓN, INFORMACIÓN EN CONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO EN DECISIÓN POLÍTICA 9.b Asegurar la desagregación y difusión de la información por sexo, edad, pertenencia racial y étnica, nivel socioeconómico y zona de residencia, de modo de mejorar los diagnósticos para reflejar la diversidad de situaciones de las mujeres.

9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: TRANSFORMAR DATOS EN INFORMACIÓN, INFORMACIÓN EN CONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO EN DECISIÓN POLÍTICA 9.c Desarrollar y fortalecer los instrumentos de medición sobre las desigualdades de género, como las encuestas de uso del tiempo, sobre violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, y uso de los espacios públicos, y asegurar su presupuestación y periodicidad.

14. Reafirman el compromiso de otorgar a los mecanismos para el adelanto de las mujeres jerarquía al más alto nivel y de fortalecerlos con recursos humanos, técnicos, políticos, administrativos y financieros suficientes y etiquetados, para cumplir con su función de entes rectores y gestores de las políticas de igualdad de género, los derechos y la autonomía de las mujeres, transversalizando la perspectiva de género en toda la estructura del Estado;

C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - Preocupados por que la violencia que sufren las personas mayores, tanto en la esfera pública como en la privada, afectan sus derechos humanos,

C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - Teniendo en cuenta que la feminización del envejecimiento requiere el desarrollo de políticas específicas para atender las necesidades particulares de las mujeres mayores,

C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 19. Formular y ejecutar políticas, planes, y programas públicos —a todos los niveles políticoadministrativos— para que consideren la evolución de la estructura por edades, en particular el envejecimiento de la población, y las oportunidades y desafíos asociados a esta evolución en el mediano y largo plazo;

C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 24. Otorgar la más alta prioridad a las personas mayores en los planes de prevención, mitigación y atención de desastres, incluidas la preparación para los desastres, la capacitación de trabajadores en la prevención y atención de situaciones de emergencia y la disponibilidad de bienes y servicios;

E. Igualdad de género - Reiterando que la protección de los derechos de las mujeres y su autonomía, la promoción del pleno ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, la igualdad de género y la eliminación de las múltiples formas de discriminación y violencia, entre ellas la basada en el género, constituyen un compromiso fundamental de los gobiernos para avanzar hacia el desarrollo con igualdad,

E. Igualdad de género - 48. Cumplir con el compromiso de incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público y en las tomas de decisiones de alto nivel;

E. Igualdad de género - 54. Impulsar leyes y desarrollar y fortalecer políticas públicas de igualdad laboral que eliminen la discriminación y las asimetrías de género en materia de acceso a empleos decentes y permanencia en ellos, remuneraciones y toma de decisiones en el ámbito laboral, y que reconozcan el valor productivo del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado;

E. Igualdad de género - 55. Fortalecer la participación de mujeres en los puestos de toma de decisión y alto nivel de las empresas y la capacitación para hombres y mujeres en horarios compatibles con su vida familiar, y fomentar los liderazgos de mujeres empresarias;

E. Igualdad de género - 57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;

F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - 66. Garantizar la plena inclusión de todos los asuntos de la migración internacional, incluidas las políticas de regularización migratoria, en las agendas y estrategias mundiales, regionales y nacionales para el desarrollo post-2015;

F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - 68. Elaborar estrategias integrales globales y regionales para erradicar la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes, así como aprovechar los beneficios y enfrentar los desafíos que plantea la migración, entre ellos, aquellos derivados de las remesas y de la migración calificada en sectores de alta demanda, así como la participación diferenciada de hombres y mujeres y la transnacionalización del cuidado;

F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - 69. Promover la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social que permitan acumular años de trabajo a los trabajadores migrantes;

F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - 73. Dar prioridad, en cada país, al fortalecimiento de los canales de coordinación intersectorial y, entre los países, al reforzamiento de los mecanismos de cooperación intergubernamental, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas migrantes, independiente de su condición migratoria, con una perspectiva basada de género;

I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 92. Respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración y el Programa de Acción de Durban aprobados por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, adaptando los marcos jurídicos y formulando las políticas necesarias para su implementación, con la plena participación de las personas afrodescendientes;

I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 97. Garantizar las políticas y programas para la elevación de las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes asegurando plenamente sus derechos, en particular los derechos sexuales y los derechos reproductivos;

J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y desarrollo - 107. Garantizar la efectiva participación de la sociedad civil y los movimientos sociales en la implementación, el monitoreo y la evaluación del Programa de Acción de El Cairo después de 2014, incorporando las medidas aquí acordadas;

 Considerando  Tomando en cuenta además la importante contribución de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en la incorporación de las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, desde una perspectiva de derechos, con igualdad y sin discriminación,

 Considerando  Poniendo de relieve el enfoque integrado del desarrollo que ha caracterizado el pensamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe desde su creación y que, en sus últimos períodos de sesiones, ha promovido la igualdad como el principio ético normativo primordial y el objetivo último del desarrollo, y reconociendo el trabajo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en materia de adolescentes, jóvenes y equidad de género,

 Considerando  Observando que, pese a los progresos realizados en el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa de Acción de El Cairo, persisten deficiencias considerables en su ejecución y que muchas de ellas derivan de la desigualdad estructural que afecta a la región de América Latina y el Caribe,

 Considerando  Reconociendo que, a pesar de los significativos avances que ha hecho la región en la promoción, protección y garantía de los derechos humanos en los últimos 20 años, estos logros no han alcanzado a todas las personas y que, mientras las políticas de inclusión económica y social han ampliado las oportunidades y el bienestar, muchas personas continúan viviendo en condiciones de extrema pobreza, enfrentando desigualdades como consecuencia de arraigados patrones históricos y de nuevas formas de discriminación, y sin pleno ejercicio de sus derechos,

 Considerando  Ratificando el Consenso de Quito de 2007 y el de Brasilia de 2010 y la plena vigencia de sus compromisos, en particular aquellos vinculados con la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, la erradicación de la discriminación de género y la discriminación múltiple, la eliminación de la violencia y el fortalecimiento de las estructuras del Estado para promover el adelanto de las mujeres y la igualdad de género,

 Considerando  Conscientes de la persistente desigualdad de género en la distribución del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, del escaso reconocimiento y valoración social del rol de las mujeres en estas tareas y de que la dinámica demográfica tendrá efectos sobre las necesidades de cuidado,

 Considerando  Teniendo en cuenta que la paridad tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales, y que se observa todavía en la región una subrepresentación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones,

 Considerando  Habida cuenta de que el proceso de desarrollo económico a escala mundial genera desigualdades y asimetrías que producen, a la vez, la disponibilidad de mano de obra dispuesta a trabajar por salarios mínimos y en condiciones precarias, y la demanda de condiciones altamente flexibles para extraer su fuerza productiva sin respetar sus derechos humanos, en particular, cuando se trata de personas provenientes de economías menos desarrolladas o en situación de mayor pobreza,

 Considerando  Teniendo presente que en el mencionado acuerdo 2 del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo se instó a avanzar en la consolidación de sistemas de planificación que coadyuven a la construcción de sociedades equitativas y sin exclusión social mediante el desarrollo de políticas públicas dirigidas a reducir las brechas existentes en la calidad de vida y en el ejercicio de derechos de todas las personas, con énfasis en las condiciones de vida de los seres humanos y su relación con el territorio que ocupan,

4. Promover la participación de la sociedad civil, en especial los movimientos de mujeres y feministas, en el impulso de una agenda regional centrada en la igualdad de género y el desarrollo sostenible, así como en el seguimiento de su implementación, reconociendo la importancia de esa participación;

15. Profundizar el trabajo interinstitucional y las prácticas de cogestión en la implementación de políticas públicas de igualdad de género, fortaleciendo los mecanismos para el adelanto de las mujeres y los procesos de transversalización de la perspectiva de género en la gestión pública, desde la planificación hasta la evaluación, y contemplando presupuestos suficientes para todo el ciclo de las políticas públicas;

Medida prioritaria 9 Invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, para lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita construirse a sí mismos como personas autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente los retos del siglo XXI. 1. Lograr que todos los establecimientos de educación pública ofrezcan una formación laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad. 2. Alcanzar el acceso de todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes a establecimientos de educación pública laicos, interculturales, libres de discriminación, gratuitos y de calidad. 3. Reducir las brechas, en particular de calidad, entre la educación pública y la privada, sobre todo en los niveles primario y secundario.

Medida prioritaria 47 Cumplir con el compromiso de fortalecer los mecanismos institucionales para la construcción de políticas de desarrollo con igualdad que garanticen la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, dotándolos de autonomía y recursos humanos y financieros que les permitan incidir en forma transversal en la estructura del Estado, reconociendo el papel estratégico que desempeñan y elevándolos al más alto nivel. - 1. Garantizar que las instituciones que impulsan las políticas públicas para la igualdad de género cuenten con presupuesto y medios para asegurar la implementación, en los distintos sectores, de las medidas contenidas en esas políticas. 2. Otorgar a los mecanismos para el desarrollo de la mujer el más alto nivel jerárquico dentro de la estructura del Estado. 3. Instaurar oficinas o unidades de igualdad de género para el desarrollo de las mujeres en los gobiernos municipales y locales. 4. Transversalizar el enfoque de género en los distintos sectores y políticas.

Medida prioritaria 49 Tomar medidas para promover y fortalecer la elaboración, implementación y rendición de cuentas de presupuestos sensibles al género, para lograr la igualdad de acceso a los gastos del sector público, la inclusión de principios de igualdad de género en las distintas etapas de planificación, la presupuestación y la satisfacción de necesidades sociales específicas de hombres y mujeres. - 1. Incorporar el enfoque de igualdad de género en los presupuestos gubernamentales de los distintos sectores. 2. Asignar recursos específicos para la igualdad de género en los presupuestos gubernamentales. 3. Asegurar que los mecanismos para el empoderamiento de la mujer cuenten con los recursos necesarios para su autonomía financiera.

Medida prioritaria 51 Promover la paridad y otros mecanismos que garanticen el acceso al poder en los sistemas electorales, como una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, que afecta sobre todo a aquellas en condición de vulnerabilidad, a través de la capacitación a mujeres líderes. - 1. Contar con las instancias de capacitación a mujeres líderes necesarias para avanzar en la implementación de la agenda de igualdad de género. 2. Contar con normas que garanticen la paridad y el acceso al poder de las mujeres.

Medida prioritaria 53 Desarrollar y fortalecer las políticas y servicios universales de cuidado que estén basados en los estándares más altos de los derechos humanos, con perspectiva de igualdad de género y generacional, que promuevan la prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y que faciliten el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas. - 1. Lograr la cobertura universal de los servicios de cuidado para las personas que lo requieran. 2. Integrar las actividades de cuidado en los sistemas de protección social. 3. Lograr la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en la prestación de servicios de cuidado no remunerados. 4. Contar con servicios profesionales de cuidado reglamentados.

Medida prioritaria 54 1. Lograr la cobertura universal de los servicios de cuidado para las personas que lo requieran. 2. Integrar las actividades de cuidado en los sistemas de protección social. 3. Lograr la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en la prestación de servicios de cuidado no remunerados. 4. Contar con servicios profesionales de cuidado reglamentados. - 1. Eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. 2. Alcanzar la participación igualitaria de hombres y mujeres en actividades productivas y reproductivas.

Medida prioritaria 59 Incrementar el acceso de los hombres, incluidos niños, adolescentes y jóvenes, a la información, la consejería y los servicios de salud sexual y salud reproductiva y promover la participación igualitaria de los hombres en el trabajo de cuidados, a través de programas que sensibilicen a los hombres respecto de la igualdad de género, fomentando la construcción de nuevas masculinidades. - 1. Incorporar en el currículo de la enseñanza básica aspectos relacionados con la igualdad de género. 2. Lograr que las tareas reproductivas sean compartidas entre hombres y mujeres. 3. Aumentar la participación de los hombres en aspectos relativos a la salud sexual y reproductiva.

Medida prioritaria 62 Mejorar los sistemas de estadística y los indicadores oficiales y registros administrativos, incorporando la perspectiva de género y avanzando en el reconocimiento del aporte económico y social de las mujeres en el desarrollo de las sociedades. - 1. Lograr que todos los sistemas de estadísticas y registros administrativos pertinentes cuenten con informaciones desagregadas por sexo según otras variables en temas prioritarios para la política pública de igualdad de género. 2. Contar con indicadores oficiales para monitorear el avance hacia la igualdad de género. 3. Difundir y utilizar ampliamente la información estadística producida por las oficinas de gobierno para impulsar e implementar políticas públicas de igualdad de género.

Medida prioritaria 63 Fortalecer la capacidad de los países para elaborar y difundir estadísticas de género necesarias para la formulación de políticas públicas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.

Medida prioritaria 71 Alcanzar resultados concretos a través del diálogo y la cooperación internacional sobre migración, derechos humanos y desarrollo, en los espacios existentes dentro de la región y en los que se vinculan con otras regiones del mundo, en particular Norteamérica y la Unión Europea, desde una perspectiva que reduzca las asimetrías existentes en este ámbito y que afirme los intereses de los países latinoamericanos y caribeños.

Medida prioritaria 77 Promover el desarrollo y el bienestar de las personas de todos los territorios, sin ningún tipo de discriminación, incluido el pleno acceso a servicios sociales básicos, y la igualación de las oportunidades dentro de las ciudades, entre zonas urbanas y rurales, entre ciudades pequeñas, intermedias y grandes y entre población dispersa y la que habita en pequeños asentamientos rurales.

Medida prioritaria 93 Abordar las desigualdades de género, raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones de estas dimensiones en las situaciones de discriminación que sufren las mujeres y especialmente, las jóvenes afrodescendientes.

2. Reconoce que el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, así como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los resultados de su examen, han contribuido a sentar las bases para el desarrollo sostenible con igualdad y perspectiva de derechos en la región, y que la implementación plena, eficaz, acelerada y con recursos del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo contribuirá de manera significativa a la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después de 2014 y a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región, al tiempo que asegurará que nadie se quede atrás;

23. Insta a los países a continuar con las acciones orientadas a romper con las barreras que perpetúan la desigualdad y las brechas de género, especialmente en el trabajo no remunerado, incluido el doméstico y de cuidado, dedicando los máximos esfuerzos a erradicar la violencia de género, en particular el feminicidio, y la violencia contra las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y las personas mayores;

EJE TEMÁTICO. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 3) La CSM destacó las buenas prácticas en cuanto al enfoque de género en sus politicas migratorias, reconociendo el avance en las politicas por la naturaleza de la migracion de los connacionales suramericanos. Se acordó que la ST promovería procesos de capacitacion a través del aula virtual de la OIM "Mujeres en las Migraciones", y a futuro avanzar en la realizacion de un taller.

 Considerando  CONSTATAMOS en todos los países importantes avances en la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad económica y social, aunque persisten desafíos comunes para forjar una auténtica integración regional y el desarrollo de nuestros países.

Erradicar la pobreza y reducir las desigualdades económicas y sociales.

Reducir en un tercio la pobreza extrema monetaria.

Reducir en al menos un 40% la pobreza total monetaria.

Reducir en al menos 10% el coeficiente de Gini del ingreso per cápita de los hogares.

Reducir a la mitad la incidencia de la pobreza monetaria de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Garantizar la protección y promoción de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Erradicar las formas delictivas y peligrosas del trabajo infantil.

Reducir en un 50% los casos de violencia de género y generacional.

Incrementar en 80% la tasa de atención de las personas con discapacidad y adultos mayores y en 80% la ocupación de las personas con discapacidad.

Alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria.

Reducir en 10 puntos porcentuales el porcentaje de población con sobrepeso y obesidad.

Incrementar en 50% la participación de la producción de la subregión andina en la disponibilidad de alimentos básicos.

Garantizar la salud de la población con acceso universal a servicios de salud de calidad.

Incrementar a 100% la cobertura de los servicios de salud.

Reducir la transmisión del VIH de madres a hijo a menos del 2% y la incidencia de sífilis congénita a menos de 0.5 casos por 1,000 nacidos vivos.

Mantener la letalidad por dengue grave a menos del 2%.

Disminuir en al menos un tercio la mortalidad prematura por Enfermedades no Transmisibles (ENT) en el grupo etáreo entre 30 y 70 años.

Reducir en un tercio el porcentaje de embarazo adolescente.

Garantizar la educación universal de la población con calidad, equidad y el uso de tecnologías de información.

Erradicar el analfabetismo.

Lograr la cobertura universal de educación primaria y secundaria e incrementar en 50% la cobertura de educación inicial.

Mejorar en 50% el desempeño en matemáticas y comprensión lectora.

Incrementar en 80% el número de escuelas con conectividad a Internet.

Promover el pleno empleo, la inclusión económica y productiva y el trabajo digno y decente.

Reducir en 10 puntos porcentuales la población subempleada.

Reducir en un tercio la tasa de desempleo.

Incrementar en 50% la cobertura de la seguridad social de la PEA Ocupada.

Reducir las inequidades sociales que afectan a los indígenas y afrodescendientes promoviendo su participación.

Mejorar en un 50% el acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad) de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Alcanzar que el cien por ciento de la población indígena y afrodescendiente cuente con documento de identidad.

Afianzar la interculturalidad, la identidad andina y latinoamericana.

Mantener el uso del 100% de las lenguas vivas autóctonas.

Aumentar al 30% el acceso de la ciudadanía a los bienes patrimoniales y culturales.

Promover el desarrollo social en las áreas deprimidas predominantemente rurales y de frontera.

Reducir la tasa de pobreza y pobreza extrema monetaria en un 40% en el área rural.

Mejorar en un 50% el acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad) de las poblaciones de frontera.

Incrementar la inversión social.

Promover la prevención, gestión y reducción de los impactos del cambio climático y los desastres naturales sobre las poblaciones en situación de pobreza y alta vulnerabilidad.

Al menos del 70% de las poblaciones en situación de pobreza y alta vulnerabilidad están organizadas y capacitadas en prevención de los impactos sociales del cambio climático y los desastres naturales.

ESTRATEGIA ANDINA DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS Sumar esfuerzos y capacidades públicas, privadas y sociales, para posibilitar resultados consistentes y sostenibles en el objetivo de superar la pobreza y las desigualdades.

ESTRATEGIA ANDINA DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS Desarrollo de Programas y Proyectos Sociales comunitarios que contribuyena los objetivos.

ESTRATEGIA ANDINA DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación Horizontal entre los Países Andinos en el Área Social.

ESTRATEGIA ANDINA DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS Institucionalización del Sistema de Gestión Social Andina.

ESTRATEGIA ANDINA DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS Convergencia de Objetivos, Metas y Políticas Sociales que permitan avanzar en la Dimensión Social de la Integración Andina, Suramericana y Latinoamericana.

SALUDAMOS que en el marco de la celebración del Año Andino de la Integración Social se dé impulso a políticas para la igualdad, cohesión e integración social a nivel andino, suramericano y latinoamericano.

I. ANTECEDENTES En la XLIX Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA, donde se acuerda: "fortalecer el trabajo coordinado e intersectorial entre las Secretarías e Instituciones del SICA con el objetivo de responder integral y eficientemente a los desafíos que enfrenta la región". Por lo que el Consejo de Integración Social Centroamericano (CIS) insta a trabajar en una Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP) para generar impactos sinérgicos en diferentes metas de los ODS, retomar la visión integradora promovida por la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES) y dinamizar los esfuerzos intersectoriales ya promovidos al interior del SICA

II. JUSTIFICACIÓN De esta manera prospectiva, la ARIPSIP busca definir campos de trabajo y acciones prioritarias en torno a los cuales se puedan articular acciones intersectoriales que fortalezcan la capacidad de los esquemas de protección social e inclusión productiva, de aportar al desarrollo de sistemas más inclusivos, sostenibles y resilientes que generen oportunidades equitativas, de manera que nadie se quede atrás

III. PRINCIPIOS Equidad. Bajo el lema de "no dejar a nadie atrás", luchas contra la exclusión que enfrentan las personas según su edad, su género, su condición de discapacidad, su estatus socioeconómico, su raza o etnia, territorio u otras razones

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: El fomento de la inserción escolar de la niñez, en un contexto educativo multilingüe y multicultural, y disminución de la deserción escolar adolescente y juvenil con un enfoque multicausal

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La expansión de la cobertura y calidad de los servicios integrales de cuido.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La generación de estrategias y acciones que contribuyan a la disminución de las de brechas de género en la realización de tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La mejora de servicios e infraestructura crítica ante el riesgo de desastres

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: El fortalecimiento de la cobertura de la protección social, especialmente en territorios rezagados.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 2: Capacidad productiva para la generación de empleo docente, emprendimiento y empleabilidad, con enfoque sostenible. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La autonomía económica de las mujeres y el cierre de la brecha de inequidad de género en el mundo de trabajo.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 2: Capacidad productiva para la generación de empleo docente, emprendimiento y empleabilidad, con enfoque sostenible. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La reducción de las brechas entre el perfil educativo de la fuerza laboral y el exigido por el mercado para la inserción laboral en las actividades productivas y tecnológicas

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 2: Capacidad productiva para la generación de empleo docente, emprendimiento y empleabilidad, con enfoque sostenible. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La formación y capacitación integrales que generen habilidades para la inserción en áreas altamente valoradas por el mercado, promoviendo una participación equitativa, con énfasis en los grupos vulnerables; y el desarrollo de talento científico para una mayor absorción y producción tecnológica.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 2: Capacidad productiva para la generación de empleo docente, emprendimiento y empleabilidad, con enfoque sostenible. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: El fortalecimiento de mecanismos diferenciados de inclusión sociolaboral para grupos en edad productiva con dificultades de inserción.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 4: Gestión integral de la migración, bajo un enfoque de derechos y una óptica sistémica. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La atención humanitaria y la promoción de inclusión social de las personas emigrantes, con especial atención en mujeres, niñas, niños y adolescentes de la Región SICA en sus respectivos países de tránsito y destino, por medio de alianzas público-privadas y otros mecanismos.

 Considerando  RESUELVEN Con relación a la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 2018-2030.0. Aprobar la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 2018-2030 (ARISIP), instrumento que busca desarrollar estrategias intersectoriales que fortalezcan las capacidades del SICA para reducir la pobreza y la desigualdad en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Se insta a la SISCA a continuar fortaleciendo las alianzas necesarias para su implementación, en el marco del Comité Técnico Intersectorial (CTI).

2. ACCIONES SOCIALES PRIORITARIAS Acción 1: Erradicación de la desnutrición crónica infantil. La erradicación de la desnutrición crónica infantil en la región está directamente relacionada con lo expuesto en los ejes y lo trabajado por los grupos de trabajo del CSDS relacionados con esta temática. Los compromisos asumidos, asi como las acciones planificadas por los paises, están basados, con especial énfasis, en el desarrollo de la primera infancia, con el objetivo de promover condiciones favorables para su desarrollo pleno. Se deben recalcar tambien la atención de la primera infancia que, de no darse de manera adecuada, puede restringir las oportunidades del individuo y su familia, al no actuar sobre factores estructurales que generan la transmisión intergeneracional de la pobreza, la desigualdad y de las deficiencias en ei desarrollo fisico y mental.

Eje II: Seguridad alimentaria y lucha contra la mainutrición. En referencia al financiarniento del prograrna de cooperaciön técnica, la Secretaría General realizó observaciones al capítulo de beneficiarios del Proyecto. Se acordó que la República Oriental del Uruguay es ei país responsable de reformular la propuesta del Proyecto Piloto de Cooperación Técnica a más tardar en febrero de 2013, a fin de cumplir con los criterios de elegibilidad del Fondo de Iniciativas Comunes de la UNASUR. Asimismo, se encomendó a la República Oriental del Uruguay, en coordinación con los miernbros del Consejo y en el marco de las definiciones de la UNASUR explorar otras fuentes de financiamiento alternativas que permitan la ejecución del citado programa.

Tema 6 — Financiamiento Dado la responsabilidad de los Grupos Tematicos de desarrollar Proyectos Pilotos para la cooperación, dentro de su competencia, el Grupo Técnico quedó responsable por identificar fuentes posibles de financiamiento para estos proyectos.

2.- Mesa de debate: En referencia al primer objetivo, las delegaciones reaiizaron una puesta a punto de los avances en materia de políticas de seguridad alimentaria y nutricional, y lucha contra el hambre de cada país parlicipante. Las mencionadas presentaciones dan continuidad y profundizan a las realizadas en la primera reunión del Grupo en el año 2011, demostrando nuevamente el rol central que tienen para los miembros de la UNASUR las poilticas se seguridad alirnentaria y nutricional, siendo parte central de las diferentes matrices de protección social y de la estrategia de desarrollo.

2.- Mesa de debate: En relación a los aportes del Grupo para la Agenda do Acciones Sociales Prioritarias del Consejo Suramericano de Desarrollo Social, se acordó elevar a consideración de la lnstancia Ejecutiva la siguiente propuesta: Promover acciones que faciliten el acceso suficiente y oportuno de alimentos sanos y de calidad que permitan garantizar el desarrollo bio-psico-social para el goce de una vida plena.

El Grupo Temático propone considerar siguientes aspectos para ser incluidos en la agenda de acciones sociales prioritarias: 2) Promover el desarrollo de Sistemas de seguridad alimentaria y Nutricional que articulen la acción del Estado y promuevan la participación de los protagonistas y los actores involucrados.

El Grupo Temático propone considerar siguientes aspectos para ser incluidos en la agenda de acciones sociales prioritarias: 4) Priorizar la acción del Estado en el combate al hambre y la malnutrición dirigida a la primera infancia, su contexto familiar y comunitario y los grupos en situación de vulnerabilidad.

El Grupo Temático propone considerar siguientes aspectos para ser incluidos en la agenda de acciones sociales prioritarias: 5) Impulsar estrategias de comunicación y educación alimentaria y nutricional.

En referencia al Plan de Acción para el Consejo Suramericano de Desarrollo Social se definieron cuatro líneas de acción: - Recopilación de las experiencias en torno a Seguridad Alimentaria y Nutricional de los países de la UNASUR, incluyendo las diferencias entre plataformas de integración regionales (MERCOSUR, CELAC, ALADI Y CAN). Coordinado por Colombia.

En referencia al Plan de Acción para el Consejo Suramericano de Desarrollo Social se definieron cuatro líneas de acción: - Recopilación de las experiencias en torno a la innovación tecnológica en sistemas productivos locales. Coordinado por Perú.

En referencia al Plan de Acción para el Consejo Suramericano de Desarrollo Social se definieron cuatro líneas de acción: - Recopilación de las experiencias en torno a Difusión y a promoción de prácticas saludables en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Coordinado por Argentina.

En referencia al Plan de Acción para el Consejo Suramericano de Desarrollo Social se definieron cuatro líneas de acción: - Proponer un Plan de Cooperación Técnica en tres temáticas: combate integral a la desnutrición, sistema nacional de seguridad alimentaria y programa Prohuertas. Coordinado por Ecuador, Brasil y Argentina respectivamente.

 Considerando  1. Que superar la pobreza y la desigualdad social constituyen objetivos cruciales del desarrollo social en la región de América Latina y el Caribe.

 Considerando  3. Que la evidencia histórica demuestra cómo ante situaciones de incertidumbre económica internacional y ante los riesgos de disminución de los recursos disponibles, los mayores impactos se producen sobre los sectores más vulnerables y de menores ingresos de la población con el consecuente aumento de la pobreza y la desigualdad, a menos que políticas públicas de desarrollo social, integrales y respaldadas por los recursos necesarios lo impidan.

 Considerando  4. Que la crisis estructural de América Latina ha dado lugar a un nuevo ciclo de reproducción de la pobreza y al aumento de las desigualdades, a pesar del importante avance que se ha alcanzado en los últimos años en algunos países de la región.

 Considerando  6. Que los niveles de desigualdad y exclusión social en la región impactan de manera aún más negativa a las y los jóvenes, en particular en el acceso y calidad de los sistemas de salud, de educación, de inserción laboral, de protección social, de remuneración y de participación ciudadana.

 Considerando  11. La proximidad geográfica y cultural ofrece ventajas considerables en distintas áreas de cooperación, la mayor integración de los países de América Latina puede contribuir significativamente a apoyar los programas nacionales de desarrollo social y erradicar la pobreza y desigualdades sociales.

 Considerando  Reconociendo el imperativo de potenciar el rol protagónico de la juventud en el desarrollo de nuestras naciones y el compromiso de nuestros gobiernos en fomentar la igualdad de género, bajo el principio de la no discriminación, tanto como la cooperación, la justicia, la paz, la solidaridad y la equidad social

 Considerando  Decididos a promover políticas sociales y mecanismos que permitan superar la desigualdad social y la vulnerabilidad de los sectores afectados para alcanzar una auténtica inclusión; promoviendo la generación de oportunidades y la justicia social, respetando la diversidad cultural y las particularidades territoriales a través de la articulación de la Seguridad Social, la Protección y Promoción Social

2. Enriquecer el análisis para que incluyan dimensiones ausentes y factores determinantes generadores de exclusión y desigualdad, como las variables ambientales, culturales, la exposición a catástrofes, la calidad de los servicios –que trasciende la cobertura- o el acceso a la justicia, por nombrar unos pocos ejemplos.

3. Dedicar un especial foco de atención a las exclusiones duras o múltiples, que afectan a grupos y poblaciones y que requieren de políticas específicas de reafirmación, de reconocimiento de derechos y de promoción social en un sentido amplio.

 Considerando  Reconociendo los esfuerzos efectuados en contra de los factores que agudizan la desigualdad, como son las diversas formas de discriminación que limitan las oportunidades; así como la necesidad de crear una visión multidimensional que, responda a la realidad de cada país.

 Considerando  Comprometidos con la amplia e innovadora visión del desarrollo sostenible para el logro de cambios estructurales progresivos, sustentables y anclados en un nuevo orden, que reconoce las alianzas nacionales, regionales y mundiales, y la superación de la desigualdad como hitos fundamentales para un desarrollo generado de manera equilibrada e integral entre el progreso social, económico y ambiental de nuestras naciones y de la región.

ACORDAMOS 7. Favorecer el desarrollo de instituciones estatales y sociales que promuevan procesos participativos, incluyentes y responsables, que presten especial atención a los grupos más vulnerables, con el propósito de identificar y analizar las desigualdades que forman parte de los problemas que requieren atención prioritaria para lograr el desarrollo y, de esa forma, preparar las políticas públicas dirigidas a corregir las prácticas de carácter discriminatorio y las injustas relaciones de poder que dificultan el progreso.

ACORDAMOS 8. Dedicar especial atención al fortalecimiento de las capacidades y competencias de las mujeres y las niñas a través de su empoderamiento como titulares de derechos, y a eliminar las condiciones que generan desigualdades y se expresan en situaciones de discriminación, violencia de género y exclusión social.

ACORDAMOS 11. Promover los derechos, el empoderamiento y las políticas antidiscriminación de la poblaciones afrodescendientes e indígenas de América Latina y el Caribe para hacer frente a la pobreza y la desigualdad, afrontar las causas más profundas de la exclusión social como el racismo, incorporar la perspectiva interseccional que permita visibilizar y empoderar a las niñas, jóvenes y mujeres, y promover mejoras en la educación y reducción de la violencia hacia ellos.

 Considerando  RECONOCIENDO el papel central que juega el Estado en la lucha contra la pobreza, la inequidad, la desigualdad y la exclusión social;

ASUMIMOS el compromiso de fortalecer nuestras estrategias de protección social para minimizar las consecuencias de las crisis y evitar, en lo posible, retroceder en los avances logrados en la disminución de la pobreza; para ello, debemos fortalecer y consolidar las instituciones encargadas de las políticas sociales y asegurar la sostenibilidad fiscal de los programas de protección social. Dichas estrategias tendrán como referencia las experiencias de modelos de desarrollo integral donde las políticas económicas, el desarrollo productivo con generación de empleo y los programas de protección y equidad social son componentes centrales e igualmente prioritarios del mismo.

ASUMIMOS el compromiso de mejorar la efectividad y eficiencia de los programas de protección social, inclusión y erradicación de la pobreza y promoveremos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia ante la ciudadanía, para lo cual compartiremos nuestros avances en materia de gestión incluyendo, cuando corresponda, la implementación de sistemas únicos de registro de beneficiarios, el refuerzo de los sistemas de evaluación y monitoreo, y procedimientos presupuestales que aseguren la sostenibilidad fiscal de dichos programas, incluso frente a contextos adversos o de crisis.

REITERAMOS que la pobreza y la inequidad son fenómenos multidimensionales que requieren intervenciones intersectoriales y coordinadas en el marco de una estrategia nacional de desarrollo social. Por ello, seguiremos promoviendo la implementación y el fortalecimiento de estrategias gubernamentales que integren la labor de diferentes ministerios y organismos públicos para asegurar un mayor impacto en los esfuerzos por enfrentar dichos desafíos. La articulación intersectorial resulta indispensable para potenciar el impacto de las diversas intervenciones en política social, incluyendo la promoción del empleo y generación de ingresos, el fortalecimiento de las políticas de seguridad alimentaria, y la gestión de la prevención y la protección de las comunidades ante los riesgos y vulnerabilidades resultantes de los desastres.

CONVOCAMOS a todos los sectores de la sociedad, incluyendo la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicas, del sector privado y comunitarias, a aportar insumos y colaborar en el diseño e implementación de sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas públicas de desarrollo social; las alianzas estratégicas entre el Estado y los diversos grupos sociales fortalecen la democracia y potencian las acciones necesarias, en un marco de corresponsabilidad, para enfrentar los desafíos de la pobreza, en particular la pobreza extrema, la desigualdad y la vulnerabilidad.

Reiteramos nuestro apoyo a sus objetivos, los cuales buscan ofrecer a todos nuestros ciudadanos más oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social.

 Considerando  TOMANDO NOTA de que los programas de protección social basados en las transferencias condicionadas contribuyen a enfrentar los desafíos de la pobreza. También estamos convencidos de que debemos impulsar acciones de promoción dirigidas a propiciar la movilidad social, a disminuir las tasas de desocupación y la inequidad, generando condiciones propicias para el desarrollo de las oportunidades de trabajo digno y decente y el acceso a una educación y salud de calidad como dos de los factores principales de inclusión social;

TEMA 2: SEMINARIO/TALLER "LOS ALIMENTOS AUTÓCTONOS DEL MERCOSUR EN NUESTRAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: Construir consensos entre los países de MERCOSUR y adoptar posiciones comunes en foros internacionales con competencia en las temáticas de seguridad alimentaria y nutricional y agricultura familiar.

 Considerando  Aporte al PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN SOCIAL (PEAS) Los Ministros y autoridades presentes luego de evaluar el documento remitido por la Decisión CMC Nº 67/10, consideran que el contenido del mismo se adecua a los lineamientos trabajados en la RMADS y destacan la importancia de enfatizar en el Marco Conceptual del PEAS, los temas transversales tales como: familia, perspectiva de género, generacional y derechos humanos.

 Considerando  PLAN BIENAL 2009-2011 En este sentido, la RMADS destaca la importancia de enfocar los trabajos de los grupos temáticos en las problemáticas priorizadas por los Países, en especial a la superación de la extrema pobreza y la promoción de la inclusión socioeconómica.