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The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights and its Optional Protocol are the international instruments for the Universal Protection of Human Rights of the United Nations that regulate the protection of economic, social, and cultural rights. The Covenant was approved by the United Nations General Assembly with resolution 2200 A (XXI) on December 16th, 1966 and became effective in 1976.

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The International Convention on the Elimination of All Forms of Racism is the international instrument of the Universal System for the Protection of Human Rights of the United Nations, explicitly directed towards the elimination of any kind of racial discrimination. It was approved by the United Nations General Assembly with resolution 2106 (XX) on December 21st, 1965 and became effective in 1969.

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The Convention on the Rights of Persons with Disabilities is the international instrument of the Universal System for the Protection of Human Rights of the United Nations that regulates the protection of human rights for persons with disabilities, explicitly mentioning a social development perspective. In this Convention a broad classification of persons with disabilities are considered, and it reaffirms that all people with all kinds of disabilities should be able to enjoy all their fundamental human rights and liberties. It was approved by the United Nations General Assembly on December 13th, 2006.

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The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women is the international instrument of the Universal System for the Protection of Human Rights of the United Nations that regulates the protection of rights of women. It defines acts that constitute discrimination against women and describes the nature of State obligations through laws, public policy, and programs that the State should develop to eliminate discrimination. It was approved by the United Nations General Assembly on December 18th, 1979.

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The Convention on the Rights of the Child is the international instrument used by the Universal System for the Protection of Human Rights of the United Nations that recognizes the articulated rights of the child on the basis of four fundamental principles: no discrimination, best interests of the child, the right to life, livelihood and development, and the respect of the child’s opinion. It was approved by the United Nations General Assembly on November 20th, 1989.

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The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families is the international instrument used by the Universal System for the Protection of Human Rights of the United Nations that regulates the protection of rights of migrant persons and their families, regardless of their migration status. It was approved by the United Nations General Assembly on December 18th, 1990.

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The Constituent Agreement of the Development Fund for Indigenous Peoples in Latin America and the Caribbean is the international instrument used by the Universal System for the Protection of Human Rights of the United Nations that advises governments in assuming responsibility for developing, with the participation of indigenous populations, a coordinated and systematic action plan with the aim of protecting the rights of these populations and guaranteeing the respect of their integrity. It was approved by the United Nations General Assembly on June 27th, 1989.

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Artículo 100 - DEL DERECHO A LA VIVIENDA Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados.

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Artículo 95 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado. Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio.

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Artículo 68 - DEL DERECHO A LA SALUD El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes. Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana.

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Artículo 73 - DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DE SUS FINES Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo.

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Artículo 176 - DE LA POLITICA ECONOMICA Y DE LA PROMOCION DEL DESARROLLO La política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción del desarrollo económico, social y cultural. El Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. El desarrollo se fomentará con programas globales que coordinen y orienten la actividad económica nacional.

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Artículo 54 - DE LA PROTECCIÓN AL NIÑO La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente.

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Artículo 56 - DE LA JUVENTUD Se promoverán las condiciones para la activa participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del país.

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The latest constitutional text revised for this country does not present any explicit on indirect mentions for this sectoral topic in particular.

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Artículo 57 - DE LA TERCERA EDAD Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio.

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Artículo 58 - DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EXCEPCIONALES Se garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud, de su educación, de su recreación y de su formación profesional para una plena integración social. El Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes prestará el cuidado especializado que requieran. Se les reconocerá el disfrute de los derechos que esta Constitución otorga a todos los habitantes de la República, en igualdad de oportunidades, a fin de compensar sus desventajas.

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Artículo 63 - DE LA IDENTIDAD ÉTNICA Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena.

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El último texto constitucional revisado para este país, no presenta menciones explícitas o indirectas de este tema sectorial en particular.

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