Fecha de última actualización: Diciembre 2017
Institucionalidad social
para América Latina y el Caribe
Dimensión jurídico normativa
Se refiere a la base legal de la institucionalidad social vigente en los países en tanto dimensión central para identificar los compromisos de los Estados con la garantía de derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Incorpora la adhesión y ratificación de convenios y tratados internacionales, la garantía de derechos y la presencia de distintas temáticas sociales en los textos constitucionales, así como en las leyes y normativas específicas. Por tanto, incluye las leyes sociales sectoriales, en especial de desarrollo y protección social, como también los planes nacionales de desarrollo social.


América Latina y el Caribe (33 países): existencia de normativa constitucional y específica en temas sociales sectoriales y referentes a grupos específicos de población
(En números de países
Eje Categoría Normativa constitucional
(Total con menciones indirectas no incluidas)
Normativa constitucional
(Total con menciones indirectas incluidas)
Normativa específica  
Temas sectoriales Educación 22 23 27
Temas sectoriales Protección al trabajo/ seguridad social 20 23 32
Temas sectoriales Salud 19 21 28
Temas sectoriales Vivienda 15 16 24
Temas sectoriales Desarrollo social 1 8 9
Grupos o segmentos de la población Niños, niñas y adolescentes 17 18 29
Grupos o segmentos de la población Jóvenes 7 10 20
Grupos o segmentos de la población Personas de edad 16 16 19
Grupos o segmentos de la población Mujeres 10 14 20
Grupos o segmentos de la población Personas con discapacidad 15 17 23
Grupos o segmentos de la población Personas afrodescendientes e indígenas 12 13 14
Grupos o segmentos de la población Personas migrantes 2 6 29


Metadata
Para la elaboración de este cuadro, se desarrolló un análisis de cada Constitución Política de los Estados de la región, para identificar cuales de ellos presenta una mención a la protección de los principales derechos sobre los temas sectoriales y los segmentos prioritarios de la población. Se establecieron ciertos criterios de análisis, en los cuales la mención puede ser expresada de forma explícita (marcada con una marca de verificación verde) o de forma indirecta (marcada con una marca de verificación amarilla). Para la mención explícita, la constitución debe reconocer los derechos que poseen los ciudadanos sobre los principales temas sectoriales y de los grupos específicos de la población, estableciendo que estos serán protegidos por el Estado y su Constitución. Para la mención indirecta, se consideraron los textos constitucionales que establecen mecanismos para la promoción y protección de los temas sectoriales y de los segmentos prioritarios de la población pero sin clasificarlos como derechos sociales.

Para la elaboración de estos gráficos, se utilizo la información oficial de los Estados, para identificar la existencia de instrumentos legales nacionales (leyes o decretos) que establecieran los mecanismos para la proteccion social de los principales temas sectoriales y de los segmentos de la población. Los Estados que no presentan un instrumento en el gráfico, se debe a que no se dispone de información oficial.
Gráfico
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