| Resumen: |
El uso de la cárcel como respuesta frente a las drogas ha afectado desproporcionadamente a las
mujeres. En Argentina, Brasil y Costa Rica, más del 60 % de la población carcelaria femenina
está privada de libertad por delitos relacionados con drogas. Muchas de ellas tienen
poca educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de personas
dependientes –niños/as, jóvenes, personas de mayor edad o con discapacidad–.
A pesar de que llevan la peor parte de las políticas punitivas, estas mujeres rara vez
son una verdadera amenaza para la sociedad; la mayoría son detenidas por realizar tareas
de bajo nivel pero de alto riesgo (distribución de drogas a pequeña escala o por transportar
drogas), como una manera de enfrentar la pobreza o, a veces, por la coacción de una
pareja o familiar. Su encarcelamiento poco o nada contribuye a desmantelar los mercados
ilegales de drogas y a mejorar la seguridad pública. Por el contrario, la prisión suele empeorar
la situación, dado que reduce la posibilidad de que encuentren un empleo decente
y legal cuando recuperan la libertad, lo que perpetúa un círculo vicioso de pobreza, vinculación
a mercados de drogas y encarcelamiento.
El encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras en particular, puede tener
consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades. En ausencia de redes de
protección social fuertes, las personas dependientes quedan expuestas a situaciones de
abandono y marginalidad. Incluso, el encarcelamiento de las mujeres puede, paradójicamente,
aumentar la probabilidad de que las personas a su cargo consuman drogas o se
vinculen a las redes ilegales de tráfico. Todo esto incrementa la demanda de protección
social por parte de los Estados que, en general, suele ser desatendida.
Es hora de reconocer que las actuales políticas de drogas han dado lugar a una
excesiva criminalización y encarcelamiento de mujeres. Por ende, es necesario revisar estas
políticas y reducir la población femenina privada de libertad. Las políticas de drogas
deben desarrollarse de acuerdo con el principio jurídico fundamental de que la herramienta
penal debe ser utilizada solo como recurso de ultima ratio. |
