| Resumen: |
A través de la incorporación de Tratados y Pactos internacionales de derechos humanos, los Estados de América Latina han asumido numerosas obligaciones que deben cumplir a través de la implementación de políticas públicas. Es decir, han asumido la incorporación de un enfoque de derechos humanos que debe tenerse en cuenta para el diseño y ejecución de las políticas que implementen dentro de sus jurisdicciones, que a su vez, en la mayoría de los casos, han asumido en sus Constituciones. En particular, los Estados deben respetar, proteger y garantizar un conjunto amplio de derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
Dentro de estos instrumentos de derechos humanos, específicamente, la Convención Internacional de Derechos del Niño cambió el paradigma en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes reconociendo que son legítimos titulares y sujetos de derecho, lo que implica como contrapartida un cúmulo de obligaciones para los Estados dirigidas a la satisfacción de los derechos de la infancia. Por ello tienen el desafío de diseñar políticas públicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes y, al mismo tiempo, establecer mecanismos que garanticen vías de exigibilidad del cumplimiento de derechos en caso de ser necesario, incluyendo la posibilidad de llevar estas exigencias a los tribunales. |
