| Resumen: |
el informe considera si los siguientes elementos se encuentran presentes: (1) cualquier tipo de legislación específica sobre los niños desaparecidos; (2) legislación nacional que contenga una amplia definición de la expresión “niño desaparecido”; (3) legislación que disponga la investigación inmediata de los casos de niños desaparecidos; (4) cualquier requisito para autorizar la entrada y salida de un niño de estos países; (5) cualquier política detallada dirigida a agencias del orden público u organizaciones que se ocupan de casos de niños desaparecidos, que describa el papel que cumplen con respecto a la coordinación en respuesta a la investigación de niños desaparecidos; (6) una base de datos nacional y centralizada de casos de niños desaparecidos; (7) la existencia en el país de cualquier mecanismo de denuncia o líneas directas para la denuncia de casos de niños desaparecidos; (8) cualquier sistema de gestión de casos orientado a la consolidación de información acerca de niños desaparecidos u otros aspectos de la protección de los niños; (9) cualquier sistema de notificación rápida o de alerta acerca de niños desaparecidos dirigido a la población; y (10) acuerdos formales entre las diferentes organizaciones que se ocupan de casos de niños desaparecidos.
Es de lamentar que a pesar de los recientes avances regionales en el área de la protección de los niños en general (sobre todo contra la explotación), los niños desaparecidos no reciben la protección que requieren y merecen. No hay ningún país en Centroamérica que cuente con legislación específica para niños desaparecidos, con excepción de Guatemala. Si bien los siete países analizados por el estudio incluyen en sus códigos penales las figuras de rapto, secuestro, trata y explotación sexual, en ninguno de los códigos de la región se distingue entre niños que han sido sustraídos y los que se han fugado del hogar, por lo cual estos últimos por lo general no se encuentran amparados por la ley |
