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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad forma parte de los
tratados principales en materia de derechos humanos. A partir de su adopción, la respuesta de
la comunidad internacional no se ha hecho esperar. La Convención entró en vigor el 3 de mayo
de 2008 y hasta mayo de 2011 ha recibido un número de 100 ratificaciones por Estados miembros
de la ONU. Su entrada en vigor significó igualmente la conformación del Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad -su órgano de vigilancia, el cual ya ha establecido
mecanismos de trabajo propios.
Lograr el efectivo disfrute de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo conlleva retos en diferentes
ámbitos como la legislación, las políticas públicas, las prácticas sociales que comprometen
la voluntad y actuación de actores como los Estados y los organismos de cooperación internacional.
Pero sobre todo representa un cambio de paradigma fundamental: las personas en
situación de discapacidad no pueden continuar siendo objeto de caridad, ni tratados como
enfermos necesitados de atención médica, sino como sujetos de derechos protagonistas en la
construcción de sus sociedades.
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