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El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, visitó por primera vez la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, en donde se reunió con todo el personal del organismo y de las agencias, fondos y programas de la ONU que trabajan en el país. En ese marco el alto funcionario y el personal de la CEPAL se unieron a la Campaña UNETE para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. La visita coincide con el 75⁰ aniversario de esta Comisión Económica Regional, creada el 25 de febrero de 1948 en virtud de la resolución 106 del Consejo Económico y Social, lo cual otorga un significado especial que llena de alegría a la institución. Durante su estancia en la CEPAL, António Guterres instó a las 19 agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Chile a trabajar más unidas para ayudar al país a definir una estrategia exitosa de desarrollo, de prosperidad, combatiendo las desigualdades que subsisten, en el marco del respeto a los derechos humanos y de solucionar todos los obstáculos estructurales que tiene la sociedad y la economía.
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Pese a la mejora en los indicadores, más de 180 millones de personas en la región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones de personas viven en situación de pobreza extrema y no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos, advirtió la Comisión en el lanzamiento del informe “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023. La inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo”. en una conferencia de prensa realizada en la sede del organismo en Santiago, Chile, por el Secretario Ejecutivo de la institución, José Manuel Salazar-Xirinachs. También señaló que “la región sigue sumida en una doble trampa estructural de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza y desigualdad. Los países deben transitar desde la inserción laboral a la inclusión laboral, eje del desarrollo social inclusivo. Pero la inclusión laboral requiere un crecimiento económico alto y sostenido. No es posible crear un mejor futuro del trabajo sin crear un mejor futuro de la producción y viceversa”.
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En esta edición del Panorama Social de América Latina y el Caribe se abordan los desafíos de la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo. A pesar de una recuperación en 2022 de los indicadores sociales (reducción de la pobreza y la desigualdad, recuperación del empleo), se enfrenta una doble trampa de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza y desigualdad. La inclusión laboral es clave para combatir la pobreza, reducir la informalidad y la desigualdad y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo. Las brechas de género en la inclusión laboral están determinadas por la desigual distribución de la carga de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres. En el caso de las personas migrantes, la sobrecalificación y la discriminación también afectan su inclusión laboral. Los esfuerzos realizados por los países respecto de la inversión en políticas laborales, que en promedio llegan al 0,34% del PIB, resultan insuficientes. Es necesario transitar de la inserción laboral a la inclusión laboral, garantizando el acceso a empleos de calidad, ingresos laborales mayores al salario mínimo y acceso a la protección social, en particular para las mujeres y las personas jóvenes.
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Este evento virtual buscó poner en debate entre especialistas regionales las temáticas relacionadas con las oportunidades y desafíos para avanzar en la consolidación de sistemas de pensiones no contributivos desde un enfoque de solidaridad y sostenibilidad. Realizado en el marco del proyecto CEPAL-BMZ/GIZ “Reactivación transformadora: Superando las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe”, este taller virtual de especialistas también aporta al debate regional sobre los desafíos que los países tienen para avanzar en la implementación de estos sistemas, expansión de su cobertura y niveles de suficiencia, así como los mecanismos para garantizar su sostenibilidad financiera busca poner en debate entre expertas y expertos regionales las temáticas relacionadas con las oportunidades y desafíos para avanzar en la consolidación de sistemas de pensiones no contributivos desde un enfoque de solidaridad y sostenibilidad.
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En este documento se proponen algunas bases conceptuales, teóricas y técnicas, desde la perspectiva de los derechos humanos, para la implantación de políticas de accesibilidad dirigidas a las personas con discapacidad en el ámbito del transporte público o colectivo en los espacios urbanizados de América Latina. Con ese objetivo, se presenta un planteamiento integral que tiene en el centro toda la cadena de accesibilidad del transporte, desde las características del espacio público urbanizado hasta el diseño de los vehículos, así como las aptitudes requeridas de todos los actores que intervienen en el proceso de desplazamiento de las personas con discapacidad. Esta cadena constituye la mejor forma de facilitar la observancia de los derechos de las personas con discapacidad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en ese ámbito, elementos imprescindibles para lograr que las ciudades sean resilientes, inclusivas y sostenibles.
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Las políticas de protección social, al abordar riesgos que enfrenta toda la población y riesgos específicos a lo largo del ciclo de vida, a fin de garantizar el acceso a ingresos adecuados y servicios sociales, y al promover políticas de inclusión laboral y trabajo decente, constituyen un factor fundamental en el camino hacia una economía baja en carbono. La transición de una matriz energética intensiva en el uso de combustibles fósiles a una basada en el uso de energías renovables y cero emisiones de carbono plantea oportunidades y desafíos. Frente a esto, la transición justa es considerada un principio clave, del cual las políticas de protección social constituyen un pilar y eje central. En el presente documento, sobre la base de la experiencia colombiana, se avanza en un marco analítico orientador para el diagnóstico del papel de la protección social en el contexto de una transición justa y se espera contribuir al debate sobre las opciones de política disponibles en el tránsito hacia sociedades ambientalmente sostenibles.
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