La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la comunidad internacional en 2015 instalan compromisos sólidos en relación con la juventud. Las personas jóvenes están explícitamente mencionadas en varias metas. Además, varias metas centradas en toda la población son de particular relevancia para los desafíos, carencias, riesgos y discriminaciones que experimentan las personas jóvenes en América Latina y el Caribe. Finalmente, los desafíos centrales de la Agenda – la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad - son muy relevantes para el desarrollo y bienestar de las personas jóvenes en la región.

Pero muchas mujeres jóvenes en la región, particularmente aquellas entre 15 y 19 años, no identifican correctamente cómo prevenir la transmisión sexual del VIH, lo que muestra un déficit de los servicios de prevención de VIH dirigidos a esta población y de los programas sobre educación integral en salud sexual y reproductiva. Se deben fortalecer los programas que buscan promover una sexualidad responsable entre los jóvenes, de manera que incorporen no solo la transmisión de información relevante, sino que también impartan conocimientos prácticos, y que se facilite el acceso a métodos de anticoncepción, así como a estrategias de negociación dentro de la pareja que permitan mantener prácticas sexuales más seguras (Ullmann, 2015).

Pero aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes no completa la enseñanza secundaria, lo que tiene implicaciones posteriores para su insercion laboral, más aún considerando las nuevas capacidades que serán requeridas en el mercado laboral del futuro. Además de expandir acceso a la educación, es necesario mejorar la calidad de la educación y también su relevancia para abordar el desfase entre las habilidades y conocimientos que adquieren los jóvenes y lo que requiere y valora el mercado laboral. Lo que no quiere decir que el sistema educativo debe estar al completo servicio del mercado laboral. Más allá de las habilidades y competencias específicas que va a requerir el mercado laboral del futuro, se deben enfatizar habilidades de pensamiento crítico, destrezas para resolver problemas, la valoración de la diversidad, la tolerancia, la paz y la vivencia democrática, así como habilidades “blandas”, tales como liderazgo, comunicación, gestión y negociación (Abramo y Ullmann, 2017).

Pero muchos jovenes, particularmente mujeres jóvenes, en nuestra región se encuentran en esta situación. En muchos casos estas mujeres jóvenes dejaron el trabajo o la escuela debido a la maternidad y encuentran dificultades para volver a sus actividades, por carecer de apoyo para el cuidado de sus hijos. Esta situación representa un obstáculo de gran magnitud para la construcción de las trayectorias de trabajo decente y la autonomía económica de los jóvenes, hombres y mujeres, que se encuentran en ella, y para la ampliación de sus posibilidades de superar situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Reducir significativamente el número de jóvenes que se encuentran en esa situación exige políticas integradas en los ámbitos educacional, del mercado de trabajo y de la protección social, en especial en lo que se refiere a la construcción de sistemas de cuidado (CEPAL, 2017).

Pero América Latina y el Caribe tiene las tasas de homicidio más altas en el mundo, con tasas especialmente altas entre jóvenes en algunos países de la región. Por su carácter multidimensional, la violencia es un fenómeno ubicuo, con múltiples factores de riesgo asociados (en distintos niveles), tanto en lo que respecta al perpetrador del acto violento como a los sujetos afectados. En particular, la violencia que afecta a los jóvenes en su calidad de víctimas o victimarios es el resultado de un complejo entramado de factores de riesgo que se presentan en un determinado momento. Las alternativas para revertir el contexto actual de violencia y sus consecuencias negativas para la juventud deben plantearse bajo una visión integral que considere esta complejidad, abordando los factores de contexto y la prevención a través de estrategias de inclusión social (Soto y Trucco, 2015).