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Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe
Informe de la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe (2017) Ver PDF
1. Reafirmamos el compromiso de nuestros Gobiernos de promover, proteger y respetar los derechos humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, sin discriminación de ningún tipo, a la vez que ratificamos la responsabilidad de los Estados de garantizar un envejecimiento con dignidad y derechos, con el máximo nivel de calidad de vida posible y el pleno disfrute de los derechos de las personas mayores;
2. Reconocemos la importancia de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe como espacio para facilitar el proceso sistemático de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y de la situación de las personas mayores y sus derechos humanos a nivel regional, sobre la base de informes nacionales y el intercambio de experiencias, y que coadyuva al cumplimiento de otros compromisos regionales e internacionales en la materia;
3. Hacemos hincapié en que la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe ofrece un marco regional para el desarrollo de políticas públicas que los Estados continúan acogiendo, complementa la labor de otros mecanismos existentes a nivel regional e internacional y contribuye a reforzar la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores;
4. Destacamos las importantes y diversas contribuciones que las personas mayores pueden seguir haciendo al funcionamiento de las sociedades y reconocemos que aún persisten dificultades y obstáculos particulares en el contexto regional que socavan la participación de las personas mayores en la vida política, social, económica y cultural;
5. Exhortamos a los Gobiernos a incorporar de manera transversal en sus políticas, planes y programas de desarrollo el tema del envejecimiento y a poner en marcha políticas específicas para las personas mayores, que reconozcan las desigualdades de género y que promuevan su autonomía e independencia, así como la solidaridad intergeneracional, teniendo en cuenta que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa una oportunidad histórica para la comunidad internacional de erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, y la preocupante incidencia de la pobreza en las personas mayores de la región, particularmente en aquellas que se encuentran en una situación más vulnerable;
6. Reconocemos la importancia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y señalamos que sus Estados Parte reafirman el compromiso de profundizar su divulgación, así como de avanzar en los procedimientos de ratificación que permitan constituir su mecanismo de seguimiento;
7. Destacamos los esfuerzos emprendidos por los Gobiernos y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de personas mayores y el sector privado, para aumentar la cooperación y la integración, así como la concienciación y sensibilización acerca de las cuestiones relativas al envejecimiento y los derechos humanos de las personas mayores, y reconocemos que subsisten importantes desafíos para lograr el empoderamiento de las personas mayores y el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos;
8. Resaltamos que la vejez es un momento del curso de vida natural del ser humano que implica una experiencia plena en la dimensión biopsicosocial y que debe ser sustentada desde un enfoque de derechos, por lo que resulta necesario generar entornos saludables, accesibles y propicios para que las personas envejezcan en un lugar adecuado y que favorezcan el desarrollo de sus actividades;
9. Exhortamos a los Gobiernos a tomar medidas específicas y profundizar las existentes para combatir la discriminación por edad y múltiple, el abandono, el maltrato y la violencia hacia las personas mayores, prestando especial atención a las que enfrentan situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad social, así como a proporcionar servicios de salud integral, cuidados, protección social y acceso a alimentos, vivienda, empleo, ocupación social y justicia, entre otros;
10. Reafirmamos nuestro compromiso con la labor del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento e insistimos en la necesidad de iniciar la redacción de un instrumento jurídico multilateral específico con un enfoque amplio e integral y de carácter vinculante para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas mayores, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 67/139 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de fortalecer el régimen internacional de protección a las personas mayores y reducir la dispersión normativa actual;
11. Acogemos con beneplácito la labor de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad y le pedimos que, atendiendo las prioridades establecidas por los Estados, actúe en coordinación con todos los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, así como con las instituciones nacionales dirigidas a las personas mayores y las organizaciones de personas mayores de América Latina y el Caribe, en el cumplimiento de su mandato;
12. Alentamos a los Gobiernos de la región a considerar la situación y los intereses de las personas mayores incorporando las perspectivas de etnia, raza, género, discapacidad y generacional en el diseño y ejecución de planes y programas nacionales para promover la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030;
13. Recomendamos que los Estados refuercen la capacidad de sus instituciones nacionales rectoras en materia de envejecimiento y vejez, otorgándoles competencias y atribuciones necesarias para contribuir a garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos humanos de las personas mayores, así como para facilitar la recolección de datos, la elaboración de estadísticas y la gestión de información cualitativa con un desglose por factores relevantes, según sus particularidades y contexto nacional, con el fin de mejorar la evaluación de la situación de las personas mayores y fortalecer la elaboración de políticas sensibles a sus necesidades;
14. Exhortamos a todos los Estados y a la comunidad internacional a que brinden su cooperación, apoyo y participación a las iniciativas mundiales dirigidas a aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a que movilicen todos los recursos y el apoyo necesarios a ese respecto, de conformidad con los planes y estrategias nacionales, por medios como la adopción de un enfoque integrado y multifacético para mejorar el bienestar de las personas mayores;
15. Exhortamos también a los Gobiernos de la región a que, como complemento de los esfuerzos nacionales de desarrollo, sigan promoviendo y profundizando las iniciativas de cooperación Sur-Sur y de cooperación triangular, teniendo en cuenta que estos esfuerzos son complementarios y no sustituyen la cooperación Norte-Sur, así como el intercambio de buenas prácticas en lo que se refiere a la promoción y protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas mayores;
16. Solicitamos a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que refuerce sus actividades en la temática del envejecimiento y los derechos de las personas mayores para facilitar a los Gobiernos de América Latina y el Caribe la adopción de medidas para garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y la dignidad de las personas mayores, con la participación de la sociedad civil;
17. Alentamos la participación de las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas relativas a los derechos humanos de las personas mayores;
20. Promovemos la inclusión y la participación de las personas mayores en la formulación, aprobación e implementación de planes y estrategias de gestión y mitigación de desastres, con particular atención a aquellas que viven en zonas remotas, la puesta en práctica de medidas que brinden asistencia específica a las personas mayores en materia de evaluación del riesgo, preparación, prevención, respuesta en casos de desastre y reconstrucción, y su participación en programas de formación y capacitación y actividades de recolección de datos;
21. Alentamos la implementación de políticas y programas para la prevención, el cuidado, los cuidados paliativos y el tratamiento y el manejo de enfermedades no transmisibles, incluidas la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia, así como la promoción de un envejecimiento saludable para mejorar la calidad de vida y aligerar la carga de enfermedades no transmisibles en la población, la economía y los servicios y sistemas de salud;