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Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) Ver PDF
PRINCIPIOS GENERALES 2. Destacar la universalidad, igualdad, transversalidad, integralidad, inclusión, solidaridad, equidad y dignidad y los derechos humanos en la aplicación de los enfoques hacia todos los grupos en condición de vulnerabilidad, así como los temas conexos relacionados con la salud, educación, comunidad, gobernabilidad y sostenibilidad para la implementación regional del Programa de Acción de El Cairo y sus medidas clave para seguir ejecutándolo, y su seguimiento después de 2014;
PRINCIPIOS GENERALES 3. Reafirmar que la laicidad del Estado es también fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas;
PRINCIPIOS GENERALES 4. Reafirmar asimismo la importancia de fortalecer las formas participativas de gobierno como garantía para el efectivo ejercicio de la democracia;
PRINCIPIOS GENERALES 5. Fortalecer el rol del Estado y dotarlo de la capacidad de proveer una gestión estratégica con una mirada de largo plazo para intervenir en el diseño del desarrollo nacional;
PRINCIPIOS GENERALES 6. Reconocer que habilitar las voces e intereses de todos y todas es esencial para el avance del desarrollo sostenible y que la gobernabilidad responsable y las instituciones resilientes son fundamentales para la inclusión social y económica y la sostenibilidad;
PRINCIPIOS GENERALES 7. Reconocer además que los temas de población y desarrollo están estrechamente vinculados con las realidades económicas, sociales y ambientales, y que para abordarlos se requiere fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales, regionales y subregionales y establecer acuerdos entre países, así como enfoques innovadores que incluyen la iniciativa privada;
PRINCIPIOS GENERALES 10. Reafirmar la voluntad política y nuestro compromiso de adoptar medidas inmediatas que respondan a las expectativas de nuestras poblaciones y eliminen las desigualdades prevalecientes, con énfasis particular en los grupos discriminados y en condición de vulnerabilidad;
 Considerando  PRINCIPIOS GENERALES 11. Reconocer la importancia crucial de un entorno económico favorable, de paz y gobernabilidad a todos los niveles, para solucionar los problemas de la población y el desarrollo.
A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos - 1. Profundizar las políticas públicas y acciones necesarias para erradicar la pobreza y romper los círculos de exclusión y desigualdad como condición para lograr el desarrollo de la región;
A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos - 2. Aplicar un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e intercultural en el tratamiento de los asuntos de población y desarrollo, e incrementar los esfuerzos tendientes a su reconocimiento, promoción y protección, con el fin de eliminar las desigualdades y fomentar la inclusión social;
A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos - 3. Establecer y fortalecer la institucionalidad pública encargada de los temas de población y desarrollo, a escala nacional y subnacional, y asegurar su integralidad y sostenibilidad, con la participación activa de otros actores no gubernamentales;
A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos - 4. Asegurar la plena integración de la población y su dinámica en la planificación del desarrollo sostenible, las políticas sectoriales y las políticas y programas públicos en general —en particular en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial— a escala nacional y subnacional, haciendo uso del conocimiento y la información sociodemográfica y aprovechando los avances tecnológicos;
A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos - 5. Buscar el desarrollo sostenible como medio de asegurar el bienestar humano quitativamente compartido por todos los pueblos hoy y en el futuro, garantizando que las interrelaciones entre la población, los recursos, el medio ambiente y el desarrollo sean plenamente reconocidas, convenientemente administradas y establecidas en un equilibrio armonioso y dinámico con la salud de la biodiversidad y los ecosistemas;
A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos - 6. Garantizar un patrón de producción y consumo sostenibles y evitar el agravamiento de los cambios climáticos indeseados provocados por las actividades antrópicas;
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - 7. Destacando que la niñez, la adolescencia y la juventud son etapas clave en la vida y el desarrollo de las personas y que el despliegue público con perspectiva de derechos humanos para atender estas etapas ha sido limitado y que la actual situación demográfica en la región abre oportunidades para reforzar la inversión social asignada a ellas,
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - Destacando también que la primera infancia, incluidos el período y la atención perinatales para madres y lactantes, es crucial, ya que la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad padecidas en ese período de la vida pueden provocar enfermedades crónicas en la adultez,
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - 7. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social;
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - 8. Garantizar asimismo la existencia de mecanismos de participación efectiva de adolescentes y jóvenes en el debate público, en la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas y programas, en particular en aquellas que les atañen directamente, sin ningún tipo de discriminación fortaleciendo los mecanismos institucionales de juventud;
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 9. Invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, para lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita construirse a sí mismos como personas autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente los retos del siglo XXI;
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 10. Promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y programas especiales de formación para la juventud que potencien la capacidad e iniciativa colectivas y personales y posibiliten la conciliación entre los estudios y la actividad laboral, sin precarización del trabajo y garantizando igualdad de oportunidades y trato;
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual;
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 13. Poner en práctica o fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes;
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas , adolescentes y jóvenes- 14. Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto insegurO, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos;
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - 15. Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia;
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 16. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño;
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 17. Garantizar también datos estadísticos confiables, desagregados por sexo, edad, condición migratoria, raza, etnia, variables culturales y ubicación geográfica en materia de educación, salud, en particular salud sexual y salud reproductiva, empleo y participación de adolescentes y jóvenes.
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - Considerando que las personas mayores son sujetos de derechos, que han contribuido y continúan desempeñando un papel activo en las diversas áreas del desarrollo, y que los países deben reconocerlos como actores clave en la elaboración de las políticas públicas,
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - Considerando también que las personas mayores, en razón de su edad y su condición de vulnerabilidad, continúan siendo discriminadas y son víctimas de abusos y maltratos, lo que por ende afecta el goce y ejercicio de sus derechos,
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - Preocupados por que la violencia que sufren las personas mayores, tanto en la esfera pública como en la privada, afectan sus derechos humanos,
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - Teniendo en cuenta que la feminización del envejecimiento requiere el desarrollo de políticas específicas para atender las necesidades particulares de las mujeres mayores,
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - Reconociendo que el empoderamiento de las personas mayores es una dimensión clave para el pleno respeto de sus derechos humanos y su plena participación en un modelo de desarrollo que para ser sostenible debe ser inclusivo,
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 18. Formular políticas con perspectiva de género que aseguren un envejecimiento de calidad, tanto para las personas que viven en las ciudades como en el campo y la selva;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 19. Formular y ejecutar políticas, planes, y programas públicos —a todos los niveles políticoadministrativos— para que consideren la evolución de la estructura por edades, en particular el envejecimiento de la población, y las oportunidades y desafíos asociados a esta evolución en el mediano y largo plazo;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 20. Desarrollar políticas a todo nivel (nacional, federal y local) tendientes a garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las potencialidades y la participación plena de las personas mayores, atendiendo a las necesidades de estímulos (intelectuales, afectivos y físicos) y contemplando la diferente situación de hombres y mujeres, con especial énfasis a los grupos más susceptibles de discriminación (personas mayores con discapacidad, carentes de recursos económicos y/o cobertura previsional y personas mayores que viven solas y/o no cuentan con redes de contención);
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 21. Asegurar la incorporación y participación equitativa de las personas mayores en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas que les conciernen;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 22. Erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, incluyendo todas las formas de violencia contra mujeres y hombres mayores, teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados con respecto a un envejecimiento con dignidad y derechos;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 23. Establecer o consolidar programas de derechos humanos que enfrenten y eliminen las violencias en la esfera pública y privada, que afectan a las personas mayores;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 24. Otorgar la más alta prioridad a las personas mayores en los planes de prevención, mitigación y atención de desastres, incluidas la preparación para los desastres, la capacitación de trabajadores en la prevención y atención de situaciones de emergencia y la disponibilidad de bienes y servicios;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 25. Formular políticas destinadas a aprovechar la oportunidad única que ofrece el bono demográfico, que incluyan de manera articulada la inversión en educación y salud y la generación de empleo decente sobre la base de la solidaridad intergeneracional;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 26. Adecuar las políticas de salud a los desafíos del variado y cambiante perfil epidemiológico resultante del envejecimiento y la transición epidemiológica, reforzando la lucha para erradicar las enfermedades transmisibles e implementando acciones de prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas tradicionalmente denominadas no transmisibles, pero que hoy sabemos, tienen una fuerte impronta de las influencias de las condiciones de vulnerabilidad social y económica en los primeros años de la vida de las personas. Estas políticas deben tener en cuenta especificidades de género, edad, regiones, grupos étnicos y socioeconómicos;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 27. Incorporar a las personas mayores como foco prioritario de las políticas públicas y como actores fundamentales en la formulación e implementación de las políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 28. Fomentar políticas de vida activa, productiva y de ahorro que permita a largo plazo vivir el envejecimiento dignamente;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 30. Promover el desarrollo de prestaciones y servicios en seguridad social, salud y educación en los sistemas de protección social destinados a las personas mayores que avancen en calidad de vida, seguridad económica y justicia social;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 31. Incluir el cuidado en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios sociosanitarios y beneficios económicos que maximicen la autonomía, en particular de las personas mayores, y garanticen los derechos, la dignidad y el bienestar de las familias y las personas mayores, incluyendo el derecho a una muerte digna y bien atendida, sin ningún tipo de discriminación ni violencia;
C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 32. Ampliar los sistemas de protección y seguridad social, con perspectiva de género, incorporando a las mujeres que han dedicado sus vidas al trabajo productivo, trabajadoras domésticas, mujeres rurales y trabajadoras informales.
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - Considerando que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte integral de los derechos humanos y su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos fundamentales y para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y de eliminación de la pobreza,
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - Teniendo en cuenta que el avance hacia el logro de la meta de acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva ha sido insuficiente y desigual y que la educación y la calidad de la atención en salud representan factores fundamentales para alcanzar el objetivo final de mejorar la salud sexual y la salud reproductiva,
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - Considerando que las brechas en salud continúan sobresalientes en la región y que las estadísticas promedio suelen ocultar los altos niveles de mortalidad materna, de infecciones de transmisión sexual, de infección por VIH/SIDA y de demanda insatisfecha de anticoncepción entre la población que vive en la pobreza y en áreas rurales, entre los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes y grupos en condición de vulnerabilidad como mujeres, adolescentes y jóvenes y personas con discapacidad,
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 33. Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 34. Promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 36. Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 38. Promover la prevención y la detección oportuna y garantizar el acceso universal al tratamiento integral del VIH/SIDA y de las infecciones de transmisión sexual, y eliminar el estigma y la discriminación de que suelen ser víctimas las personas que viven con el virus;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 39. Fortalecer las medida de detección del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas, y de prevención de la transmisión vertical del virus;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 40. Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud Sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 42. Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 43. Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 44. Garantizar el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 45. Formular planes para fortalecer los mecanismos de detección de alteraciones del embarazo, incluida la preconcepción, elevar la calidad de atención prenatal con enfoque intercultural, garantizar la provisión de sangre segura para la atención del embarazo, parto y puerperio, y mejorar la atención humanizada del parto y el nacimiento y los cuidados perinatales integrales, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres, los niños, las niñas y las familias;
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 46. Garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todos y todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.
E. Igualdad de género - Reiterando que la protección de los derechos de las mujeres y su autonomía, la promoción del pleno ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, la igualdad de género y la eliminación de las múltiples formas de discriminación y violencia, entre ellas la basada en el género, constituyen un compromiso fundamental de los gobiernos para avanzar hacia el desarrollo con igualdad,
E. Igualdad de género - Reconociendo que, en la región, la división sexual del trabajo, la pobreza en todas sus manifestaciones y el acceso desigual a los recursos continúan siendo un obstáculo para la promoción y protección de todos los derechos humanos de las mujeres y que la eliminación de las desigualdades políticas, económicas, sociales y culturales debe figurar entre los principales objetivos del desarrollo sostenible,
E. Igualdad de género - Teniendo en cuenta que la violencia contra las niñas, las mujeres, las personas LGBT y la violencia sexual en particular constituye un indicador crítico de marginación, desigualdad, exclusión y discriminación de género contra las mujeres, que tiene implicaciones en la autonomía, la autodeterminación, la salud individual y colectiva y el ejercicio de los derechos humanos,
E. Igualdad de género - Considerando que la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género sitúa a las personas LGBT en una posición de vulnerabilidad, impidiendo el acceso a la igualdad y al pleno ejercicio de la ciudadanía,
E. Igualdad de género - 47. Cumplir con el compromiso de fortalecer los mecanismos institucionales para la construcción de políticas de desarrollo con igualdad que garanticen la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, dotándolos de autonomía y recursos humanos y financieros que les permitan incidir en forma transversal en la estructura del Estado, reconociendo el papel estratégico que desempeñan y elevándolos al más alto nivel;
E. Igualdad de género - 48. Cumplir con el compromiso de incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público y en las tomas de decisiones de alto nivel;
E. Igualdad de género - 49. Tomar medidas para promover y fortalecer la elaboración, implementación y rendición de cuentas de presupuestos sensibles al género, para lograr la igualdad de acceso a los gastos del sector público, la inclusión de principios de igualdad de género en las distintas etapas de planificación, la presupuestación y la satisfacción de necesidades sociales específicas de mujeres y hombres;
E. Igualdad de género - 50. Cumplir con el compromiso de promover y asegurar la aplicación de la perspectiva de género y su intersección con la raza, la etnia, la edad, la clase social y la condición de discapacidad en todas las políticas públicas, especialmente aquellas de orden económico y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales, organizaciones de mujeres afrodescendientes, indígenas y jóvenes para garantizar la igualdad de género;
E. Igualdad de género - 51. Promover la paridad y otros mecanismos que garanticen el acceso al poder en los sistemas electorales, como una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, que afecta sobre todo a aquellas en condición de vulnerabilidad, a través de la capacitación a mujeres líderes;
E. Igualdad de género - 52. Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos;
E. Igualdad de género - 53. Desarrollar y fortalecer las políticas y servicios universales de cuidado que estén basados en los estándares más altos de los derechos humanos, con perspectiva de igualdad de género y generacional, que promuevan la prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y que faciliten el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas;
E. Igualdad de género - 54. Impulsar leyes y desarrollar y fortalecer políticas públicas de igualdad laboral que eliminen la discriminación y las asimetrías de género en materia de acceso a empleos decentes y permanencia en ellos, remuneraciones y toma de decisiones en el ámbito laboral, y que reconozcan el valor productivo del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado;
E. Igualdad de género - 55. Fortalecer la participación de mujeres en los puestos de toma de decisión y alto nivel de las empresas y la capacitación para hombres y mujeres en horarios compatibles con su vida familiar, y fomentar los liderazgos de mujeres empresarias;
E. Igualdad de género - 56. Establecer mecanismos de prevención, presentación de quejas y sanción de las prácticas de hostigamiento y acoso sexual y laboral, así como otras formas de asedio y violencia contra las mujeres y los hombres, especialmente en el espacio laboral y educativo;
E. Igualdad de género - 57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;
E. Igualdad de género - 59. Incrementar el acceso de los hombres, incluidos niños, adolescentes y jóvenes, a la información, la consejería y los servicios de salud sexual y salud reproductiva y promover la participación igualitaria de los hombres en el trabajo de cuidados, a través de programas que sensibilicen a los hombres respecto a la igualdad de género, fomentando la construcción de nuevas masculinidades;
E. Igualdad de género - 60. Desarrollar y fortalecer planes y programas dirigidos a reducir las disparidades en la representación y el desempeño de niños y jóvenes en el sistema educativo, con especial referencia al Caribe de habla inglesa;
E. Igualdad de género - 61. Garantizar la corresponsabilidad del Estado, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres y los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, integrando el cuidado en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios y beneficios que maximicen la autonomía y garanticen los derechos, la dignidad, el bienestar y el disfrute del tiempo libre para las mujeres;
E. Igualdad de género - 62. Mejorar los sistemas de estadística y los indicadores oficiales y registros administrativos, incorporando la perspectiva de género y avanzando en el reconocimiento del aporte económico y social de las mujeres en el desarrollo de las sociedades;
E. Igualdad de género - 63. Fortalecer la capacidad de los países para elaborar y difundir estadísticas de género necesarias para la formulación de políticas públicas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres;
E. Igualdad de género - 65. Poner en marcha, con el apoyo de todas las tecnologías disponibles, servicios, programas y respuestas multisectoriales integrales e integrados, coordinados, interdisciplinarios, accesibles y sostenibles en todos los niveles, destinados a las mujeres, que incluyan la atención especializada y confidencial de los casos de violencia, que cuenten con recursos adecuados y que reúnan instancias tales como policía, sector justicia, atención en salud integral, incluida la salud sexual y la salud reproductiva, los servicios médicos y psicológicos y asesoramiento, así como opciones de formación y generación de ingresos, para promover la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones.
F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - Expresando inquietud por la evidente y sistemática violación de los derechos humanos que sufren las personas migrantes debido al racismo, la xenofobia y la homofobia, así como por la falta de garantías del debido proceso, y por las problemáticas específicas que afectan a distintos grupos, en cuanto a discriminación, abuso, trata de personas, explotación y violencia, particularmente las mujeres, las niñas, los niños y los y las adolescentes
F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - Considerando que el pleno ejercicio de las personas migrantes de sus derechos humanos y el acceso a los servicios públicos básicos, en particular de educación y salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva, no deben depender de su condición migratoria,
F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - Considerando que el papel relevante que el trabajo de las personas migrantes tiene en el crecimiento económico no ha sido suficientemente reconocido y no se ha refrendado con la expansión del reconocimiento de sus derechos humanos, incluidos sus derechos laborales y de sus familiares,
F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - 66. Garantizar la plena inclusión de todos los asuntos de la migración internacional, incluidas las políticas de regularización migratoria, en las agendas y estrategias mundiales, regionales y nacionales para el desarrollo post-2015;
F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - 67. Brindar asistencia y protección a las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria, especialmente a aquellos grupos en condición de vulnerabilidad, respetando cabalmente sus derechos y de acuerdo con la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, destacando la necesidad de brindarles una atención integral en aquellos países de tránsito y destino;
F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - 68. Elaborar estrategias integrales globales y regionales para erradicar la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes, así como aprovechar los beneficios y enfrentar los desafíos que plantea la migración, entre ellos, aquellos derivados de las remesas y de la migración calificada en sectores de alta demanda, así como la participación diferenciada de hombres y mujeres y la transnacionalización del cuidado;
F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - 69. Promover la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social que permitan acumular años de trabajo a los trabajadores migrantes;
F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - 72. Proteger decididamente los derechos humanos, evitando toda forma de criminalización de la migración, garantizando el acceso a servicios sociales básicos, de educación y de salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva cuando corresponda, para todas las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria, prestando particular atención a los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, entre ellos, los menores no acompañados, las personas que se desplazan en situación irregular, las mujeres víctimas de la violencia, las víctimas de trata, las repatriadas y las que se desplazan forzadamente buscando refugio;
F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - 73. Dar prioridad, en cada país, al fortalecimiento de los canales de coordinación intersectorial y, entre los países, al reforzamiento de los mecanismos de cooperación intergubernamental, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas migrantes, independiente de su condición migratoria, con una perspectiva basada de género;
F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes - 74. Fortalecer la cooperación entre países de origen, tránsito y destino para enfrentar las causas y los desafíos de la migración que acontece de manera irregular, de modo de generar una migración en condiciones humanas, ordenada y segura, mediante esquemas bilaterales de movilidad de la mano de obra, y salvaguardando la protección de los derechos humanos de los migrantes;
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - Teniendo en cuenta los desafíos particulares que encaran los países de la región por las condiciones de pobreza, los procesos estructurales como la globalización, la especialización en la producción extractiva y el cambio climático y las relaciones de tales procesos con la movilidad de la población, su distribución espacial, su asentamiento, la vulnerabilidad de la población pobre,
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - Tomando en consideración las características propias de la distribución espacial de la población en la región, como la alta urbanización, con sus oportunidades y riesgos, la persistencia del éxodo rural, la tendencia a la concentración de la población y a actividades en pocos centros dinámicos, la limitación de opciones para el desarrollo de áreas rurales y centros poblados pequeños y la segregación y vulnerabilidad que enfrenta la población pobre en virtud de su localización espacial,
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 76. Construir territorios más articulados, integrados y cohesionados, mediante el diseño y ejecución de planes, políticas e instrumentos de gestión territorial y urbana gestados de manera participativa, con una visión centrada en las personas, dentro del marco de los derechos humanos y con perspectiva de género y un enfoque de sostenibilidad y gestión del riesgo ambiental;
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 77. Promover el desarrollo y el bienestar de las personas de todos los territorios, sin ningún tipo de discriminación, incluido el pleno acceso a servicios sociales básicos, y la igualación de las oportunidades dentro de las ciudades, entre zonas urbanas y rurales, entre ciudades pequeñas, intermedias y grandes y entre población dispersa y la que habita en pequeños asentamientos rurales;
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 78. Ampliar y perfeccionar los procesos de descentralización, desconcentración y planificación participativa en los ámbitos subnacionales y locales, favoreciendo la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios básicos, educación y salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva y la prevención de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres;
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 79. Desarrollar programas que favorezcan la convivencia, la educación permanente, el ocio creativo, la salud mental y la seguridad ciudadana de la población en sus territorios para prevenir los actuales problemas sociales asociados entre otros, a la pobreza, la exclusión social, el consumo abusivo y el tráfico de drogas y la violencia de género
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 80. Formular estrategias de desarrollo del sistema de ciudades, que incluyan el ordenamiento territorial y la sostenibilidad ambiental, favoreciendo una transición energética y procesos de producción y consumo sostenibles, teniendo en consideración externalidades sociales y ambientales, en el marco de los derechos humanos, con el fin de promover un desarrollo urbano sostenible e inclusivo y fortalecer todos los segmentos de este sistema, incluidas las ciudades intermedias y pequeñas;
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 81. Planificar y ordenar el desarrollo territorial y urbano, con perspectiva de derechos humanos y de género, formulando políticas de movilidad, asentamiento de la población y localización de actividades que consideren entre sus objetivos evitar el uso de zonas vulnerables y protegidas, y prevenir y mitigar el impacto de los desastres socioambientales y combatir la vulnerabilidad ambiental de las personas y comunidades de grupos étnicos y raciales discriminados, así como la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático;
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 82. Formular e implementar estrategias y políticas que den respuestas integrales a situaciones de vulnerabilidad a desastres naturales, con un enfoque multidimensional de protección antes, durante y después de los eventos;
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 84. Promover la utilización del análisis sociodemográfico georreferenciado, desagregado por sexo, raza y etnia, para mejorar la planificación territorial y la gestión del riesgo ambiental.
H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos - Preocupados por la aguda desigualdad que afecta a los pueblos y personas indígenas, derivada de las injusticias históricas y la discriminación estructural, lo cual se expresa en mayores niveles de pobreza material, exclusión y marginalidad; así como en una menor participación en la toma de decisiones en las estructuras de poder y en los órganos de representación popular, lo que conlleva una vulneración de sus derechos humanos,
H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos - Conscientes de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos territoriales de los pueblos indígenas, como un requisito necesario para el desarrollo de su identidad y autonomía como pueblos, y de los desafíos que ello implica en un contexto de globalización, sobre todo frente al incremento de la explotación de los recursos naturales y la presión sobre los territorios de los pueblos indígenas, incluidos los pueblos en aislamiento voluntario,
H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos - Reconociendo la necesidad de proteger y respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como la necesidad de una mayor protección para su desarrollo, por las formas de violencia a las que se somete a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres indígenas y personas mayores indígenas,
H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos - 86. Considerar las dinámicas demográficas particulares de los pueblos indígenas en el diseño de las políticas públicas, poniendo especial atención a los pueblos indígenas amenazados de desaparición, los no contactados o en situación de aislamiento voluntario o de contacto inicial, respetando el derecho a la libre determinación;
H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos - 87. Garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como el derecho a sus propias medicinas tradicionales y sus prácticas de salud, sobre todo en lo que se refiere a la reducción de la mortalidad materna e infantil, considerando sus especificidades socioterritoriales y culturales, así como los factores estructurales que dificultan el ejercicio de este derecho;
H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos - 89. Adoptar las medidas necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, para garantizar que mujeres, niños, niñas y adolescentes y jóvenes indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación, y tomar medidas para asegurar la restitución de derechos;
H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos - 90. Garantizar el derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas, asegurando que las estadísticas nacionales respeten el principio de autoidentificación, así como la generación de conocimiento e información confiable y oportuna sobre los pueblos indígenas, a través de procesos participativos, atendiendo a sus requerimientos y a las recomendaciones internacionales relativas a estos asuntos;
H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos - 91. Participar activamente y al más alto nivel posible, previendo la participación de los pueblos indígenas en las delegaciones nacionales en la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, a realizarse en septiembre de 2014, así como en otras instancias internacionales pertinentes.
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - Convencidos de que el racismo y la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, y que las víctimas pueden sufrir formas múltiples o agravadas de discriminación por otros motivos conexos como la identidad de género, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra índole, el origen social, la situación económica, el nacimiento u otra condición,
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - Destacando el aporte que hacen las poblaciones afrodescendientes al desarrollo y al bienestar de la humanidad en general y que la diversidad cultural debe valorarse, disfrutarse, aceptarse auténticamente y adoptarse como característica permanente que enriquece las sociedades,
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - Profundamente preocupados por la situación de desventaja de las personas y comunidades afrodescendientes en las áreas de educación, empleo, salud, vivienda, mortalidad infantil y esperanza de vida, en particular cuando la desigualdad es resultado del racismo y la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia,
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 92. Respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración y el Programa de Acción de Durban aprobados por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, adaptando los marcos jurídicos y formulando las políticas necesarias para su implementación, con la plena participación de las personas afrodescendientes;
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 93. Abordar las desigualdades de género, raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones de estas dimensiones en las situaciones de discriminación que sufren las mujeres y especialmente, las jóvenes afrodescendientes;
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 94. Considerar las dinámicas demográficas y socioculturales particulares de las poblaciones afrodescendientes en el diseño y la aplicación de las políticas públicas, garantizando su plena participación, y el desarrollo de estadísticas desagregadas;
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 95. Garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las personas afrodescendientes, en particular la salud sexual y la salud reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes, tomando en cuenta sus especificidades socioterritoriales y culturales, así como los factores estructurales, como el racismo, que dificultan el ejercicio de sus derechos;
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 96. Promover el desarrollo de las poblaciones afrodescendientes, a través de la implementación de políticas públicas, la elaboración de normas y la creación de una institucionalidad rectora que lleve adelante sectorialmente políticas, planes y programas de acción afirmativa que integren los principios de igualdad y no discriminación en todos los niveles de gobierno, con la participación de la sociedad civil organizada en todo el proceso de diseño, implementación y evaluación de dichos instrumentos;
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 97. Garantizar las políticas y programas para la elevación de las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes asegurando plenamente sus derechos, en particular los derechos sexuales y los derechos reproductivos;
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 98. Generar conocimiento e información confiable y oportuna con perspectiva de género y desagregado por sexo, edad y condición socioeconómica, entre otras variables, sobre las poblaciones afrodescendientes, a través de procesos participativos, atendiendo los requerimientos y las recomendaciones internacionales relativas al asunto.
J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y desarrollo - 101. Generar mecanismos regionales y nacionales para el monitoreo y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de esta agenda regional en población y desarrollo para América Latina y el Caribe después de 2014;
J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y desarrollo - 102. Mejorar las fuentes de datos, en particular los censos de población, los registros administrativos, las estadísticas vitales y las encuestas especializadas, promoviendo la plena independencia de los sistemas nacionales de estadística y garantizando a través de marcos jurídicos e institucionales la aplicación de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales por parte de los usuarios y productores, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como la homologación metodológica que permita la comparabilidad entre países;
J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y desarrollo - 103. Asegurar los recursos financieros y humanos suficientes para desarrollar sistemas integrados de información confiables, oportunos y de calidad, con perspectiva de género y desagregados territorialmente y por sexo, edad, raza, pertenencia étnica y condición socioeconómica, para la toma de decisiones y la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y programas de desarrollo;
J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y desarrollo - 107. Garantizar la efectiva participación de la sociedad civil y los movimientos sociales en la implementación, el monitoreo y la evaluación del Programa de Acción de El Cairo después de 2014, incorporando las medidas aquí acordadas;
 Considerando  Tomando en cuenta además la importante contribución de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en la incorporación de las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, desde una perspectiva de derechos, con igualdad y sin discriminación,
 Considerando  Poniendo de relieve el enfoque integrado del desarrollo que ha caracterizado el pensamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe desde su creación y que, en sus últimos períodos de sesiones, ha promovido la igualdad como el principio ético normativo primordial y el objetivo último del desarrollo, y reconociendo el trabajo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en materia de adolescentes, jóvenes y equidad de género,
 Considerando  Observando que, pese a los progresos realizados en el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa de Acción de El Cairo, persisten deficiencias considerables en su ejecución y que muchas de ellas derivan de la desigualdad estructural que afecta a la región de América Latina y el Caribe,
 Considerando  Haciendo hincapié en que este acuerdo reafirma, amplía y complementa el Programa de Acción de El Cairo y los acuerdos anteriores adoptados por el Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo,
 Considerando  Reconociendo los importantes vínculos existentes entre el Programa de Acción de El Cairo, los derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la agenda para el desarrollo después de 2015
 Considerando  Destacando las importantes contribuciones de la sociedad civil, otros actores no gubernamentales, organizaciones de mujeres y jóvenes y movimientos sociales a la implementación y seguimiento del Programa de Acción de El Cairo,
 Considerando  Reconociendo que, a pesar de los significativos avances que ha hecho la región en la promoción, protección y garantía de los derechos humanos en los últimos 20 años, estos logros no han alcanzado a todas las personas y que, mientras las políticas de inclusión económica y social han ampliado las oportunidades y el bienestar, muchas personas continúan viviendo en condiciones de extrema pobreza, enfrentando desigualdades como consecuencia de arraigados patrones históricos y de nuevas formas de discriminación, y sin pleno ejercicio de sus derechos,
 Considerando  Subrayando que la inclusión de modelos de desarrollo y enfoques alternativos y participativos, como el vivir bien, puestos en práctica en la región combina el desarrollo económico con el desarrollo humano, los derechos humanos y el respeto del medio ambiente, y se enriquecen con la energía, el dinamismo y la creatividad de aquellas personas que tradicionalmente han sido discriminadas,
 Considerando  Reconociendo que la Tierra y sus ecosistemas son importantes para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras,
 Considerando  Afirmando que la libertad, las capacidades y el derecho a tomar decisiones informadas empoderan a las personas para desarrollar su potencial y participar plenamente en los ámbitos económico y social; que la realización del potencial humano y la innovación dependen de los derechos humanos garantizados, de la integridad física y de la protección frente a la violencia y que el derecho a la salud, educación, vivienda y medios de vida permite el pleno empoderamiento e inclusión de las personas,
 Considerando  Reafirmando que la promoción y la protección de los derechos sexuales y derechos reproductivos son esenciales para el logro de la justicia social y de los compromisos nacionales, regionales y mundiales para el desarrollo sostenible, en sus tres pilares: social, económico y ambiental,
 Considerando  Reconociendo que las dinámicas de población —crecimiento y decrecimiento, cambios en las estructuras de edades, urbanización, migración y cambio en los hogares y estructuras familiares— influyen en las oportunidades para el desarrollo humano, están a la vez moldeadas por las decisiones que las personas toman y son esenciales para la planificación del crecimiento económico y social, así como para el desarrollo sostenible, en sus tres pilares: social, económico y ambiental,
 Considerando  Reafirmando que la pobreza en todas sus manifestaciones representa en sí misma la negación de los derechos, y que su erradicación es un imperativo moral para la región que los gobiernos deben asumir,
 Considerando  Destacando que la elaboración de estadísticas públicas realizada por los distintos organismos del Estado debe seguir la lógica inclusiva y de ampliación de derechos planteada desde la política pública y que la generación de información sobre población afrodescendiente, población indígena, personas con discapacidad, personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), género, desigualdades y brechas sociales, envejecimiento, y otras temáticas, constituye un insumo básico para la elaboración de políticas públicas y tienen vital importancia en pos del monitoreo de los objetivos planteados en las agendas nacionales y regionales,
 Considerando  Reconociendo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y actores del desarrollo
 Considerando  Considerando que en la región actualmente habitan cerca de 160 millones de personas de 15 a 29 años de edad —es decir, una de cada cuatro personas es joven— y que el bono demográfico constituye una oportunidad única para la inversión social en adolescencia y juventud, basada en la solidaridad intergeneracional, inversión imprescindible para el desarrollo sostenible en sus tres pilares: social, económico y ambiental,
 Considerando  Reiterando el objetivo de atender las necesidades especiales de adolescentes y jóvenes, y preocupados por los altos y desiguales niveles de embarazo en la adolescencia que se registran en la región, que suelen estar asociados, en particular entre las menores de 15 años, a uniones forzadas, y abuso y violencia sexuales
 Considerando  Señalando preocupación por los altos niveles de violencia que experimentan niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la región, en particular aquella provocada por grupos organizados que cometen acciones delictivas,
 Considerando  Considerando que las personas mayores son sujetos de derechos, que han contribuido y continúan desempeñando un papel activo en las diversas áreas del desarrollo, y que los países deben reconocerlos como actores clave en la elaboración de las políticas públicas,
 Considerando  Considerando también que las personas mayores, en razón de su edad y su condición de vulnerabilidad, continúan siendo discriminadas y son víctimas de abusos y maltratos, lo que por ende afecta el goce y ejercicio de sus derechos,
 Considerando  Preocupados por que la violencia que sufren las personas mayores, tanto en la esfera pública como en la privada, afectan sus derechos humanos,
 Considerando  Profundamente convencidos de la importancia que tiene la planificación del desarrollo de mediano y largo plazo para anticipar las importantes transformaciones económicas y sociales que se generarán a partir de los cambios demográficos que experimenta la región, en particular con respecto a la estructura etaria de la población,
 Considerando  Considerando que la mayoría de los países transita actualmente por el período del bono demográfico, en que el incremento relativo de las personas en edad de trabajar constituye una oportunidad para incentivar el crecimiento y el desarrollo y para avanzar o consolidar reformas en materia de protección social,
 Considerando  Teniendo en cuenta que el cambio en la estructura por edad de la población impactará los estilos de vida, las relaciones humanas, las pautas de consumo, la inversión, el ahorro y las demandas sectoriales, en parte por efecto del aumento significativo de la proporción de personas mayores en las próximas décadas,
 Considerando  Considerando que el perfil epidemiológico de América Latina y el Caribe se caracteriza por la superposición de etapas, en que las enfermedades crónicas no transmisibles y degenerativas asumen cada vez más importancia a medida que disminuye la fecundidad y aumenta la población adulta mayor, pero que todavía persisten niveles sustanciales de enfermedades transmisibles, a las que se agregan las causas externas de discapacidad y muerte,
 Considerando  Considerando también que simultáneamente con el aumento de la población de personas mayores se prevé un incremento significativo de la demanda de cuidados por razones de salud y que se ha producido un desfase entre esta demanda y los marcos institucionales disponibles para atenderla, de manera que los Estados están transfiriendo esta responsabilidad a los hogares y provocando situaciones de mayor vulnerabilidad y sobrecarga en las labores asumidas tradicionalmente por las mujeres,
 Considerando  Considerando el aporte significativo que pueden hacer las personas mayores a la sociedad en términos de su sabiduría acumulada, de su saber vivir y de su capacidad afectiva,
29. Favorecer el desarrollo y acceso a cuidados paliativos, para asegurar una muerte digna y sin dolor;
 Considerando  Reafirmando que la mortalidad materna es una afrenta a los derechos humanos y reconociendo que las muertes maternas en su abrumadora mayoría son prevenibles,
 Considerando  Preocupados por las elevadas tasas de muertes maternas, en gran medida debidas a la dificultad para acceder a servicios adecuados de salud sexual y salud reproductiva y a la realización de abortos inseguros, y conociendo que algunas experiencias en la región muestran que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos, todo lo cual aleja a los Estados del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
 Considerando  Reconociendo que, a pesar de los avances en la cobertura del tratamiento antirretroviral y en la disminución de la transmisión vertical del VIH, continúan vigentes desafíos en materia de conocimiento y prevención del VIH/SIDA, detección voluntaria oportuna, atención de las personas con VIH/SIDA y eliminación del estigma y la discriminación, que siguen siendo generalizados, en especial respecto de personas LGBT, las trabajadoras del sexo, las mujeres que viven con VIH/SIDA, las personas que usan drogas y otros grupos clave,
41. Promover programas de prevención y de autocuidado en salud sexual y salud reproductiva de los hombres;
 Considerando  Ratificando el Consenso de Quito de 2007 y el de Brasilia de 2010 y la plena vigencia de sus compromisos, en particular aquellos vinculados con la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, la erradicación de la discriminación de género y la discriminación múltiple, la eliminación de la violencia y el fortalecimiento de las estructuras del Estado para promover el adelanto de las mujeres y la igualdad de género,
 Considerando  Reafirmando el compromiso de ratificación e implementación del Convenio 100, 102, 111, 156 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo,
 Considerando  Conscientes de la persistente desigualdad de género en la distribución del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, del escaso reconocimiento y valoración social del rol de las mujeres en estas tareas y de que la dinámica demográfica tendrá efectos sobre las necesidades de cuidado,
 Considerando  Teniendo en cuenta que la paridad tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales, y que se observa todavía en la región una subrepresentación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones,
58. Reafirmar el compromiso y la voluntad política de América Latina y el Caribe, al más alto nivel, de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el femicidio/feminicidio y promover activamente la sensibilización sobre la implementación de la perspectiva de género entre los aplicadores de justicia;
64. Considerar la medición de la economía del cuidado a través de encuestas especializadas y la formulación de cuentas satélites del trabajo no remunerado y su incorporación en el sistema de cuentas nacionales;
 Considerando  Teniendo en cuenta que los derechos humanos de las personas migrantes constituyen una prioridad en todas las iniciativas en torno a la cooperación sobre migración y que las preocupaciones acerca de la protección de los migrantes son compartidas por la comunidad internacional y exigen tener inclusión en todas las agendas de cooperación,
 Considerando  Teniendo en cuenta también que en la región la población migrante alcanza un significativo número de alrededor de 30 millones de personas en la actualidad y que las personas migrantes realizan importantes contribuciones a sus países y a los países de destino,
 Considerando  Preocupados por el impacto de la crisis económica en las condiciones de vida de las personas migrantes y la creciente complejidad de la migración, tanto en las travesías, el cruce de fronteras y la inserción de las personas migrantes, así como durante el tránsito y el retorno a sus países,
 Considerando  Habida cuenta de que el proceso de desarrollo económico a escala mundial genera desigualdades y asimetrías que producen, a la vez, la disponibilidad de mano de obra dispuesta a trabajar por salarios mínimos y en condiciones precarias, y la demanda de condiciones altamente flexibles para extraer su fuerza productiva sin respetar sus derechos humanos, en particular, cuando se trata de personas provenientes de economías menos desarrolladas o en situación de mayor pobreza,
 Considerando  Reconociendo los consensos alcanzados en la Conferencia Regional sobre Migración y en la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, así como en la primera reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en materia de gobernanza de las migraciones internacionales, y en otros foros y espacios subregionales, que asumen enfoques asociados a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, el tratamiento integral de los procesos migratorios y la especial atención de las víctimas de trata,
 Considerando  Reafirmando el compromiso de redoblar los esfuerzos para encarar los desafíos y oportunidades que plantea la migración para los países de origen, tránsito y destino, bajo un enfoque de derechos humanos, de promoción del desarrollo y de responsabilidad compartida,
70. Incorporar principios de coherencia y reciprocidad en la atención de las diversas situaciones que enfrentan los emigrantes de los países de la región, abarcando a todas las etapas del proceso migratorio, tanto los que acontecen en la escala intrarregional como fuera de la región;
71. Alcanzar resultados concretos a través del diálogo y la cooperación internacional sobre migración, derechos humanos y desarrollo, en los espacios existentes dentro de la región y en los que se vinculan con otras regiones del mundo, en particular Norteamérica y la Unión Europea, desde una perspectiva que reduzca las asimetrías existentes en este ámbito y que afirme los intereses de los países latinoamericanos y caribeños;
 Considerando  Habida cuenta de la importancia del acuerdo 2 del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo en materia de población, territorio y desarrollo sostenible, aprobado en Quito en 2012, en particular el llamado a los Estados a considerar el territorio como elemento clave en el desarrollo sostenible y la convivencia humana y a reducir las desigualdades territoriales, dado que estas agravan las inequidades económicas, sociales y ambientales, tanto a escala subnacional como entre los países,
 Considerando  Teniendo presente que en el mencionado acuerdo 2 del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo se instó a avanzar en la consolidación de sistemas de planificación que coadyuven a la construcción de sociedades equitativas y sin exclusión social mediante el desarrollo de políticas públicas dirigidas a reducir las brechas existentes en la calidad de vida y en el ejercicio de derechos de todas las personas, con énfasis en las condiciones de vida de los seres humanos y su relación con el territorio que ocupan,
 Considerando  Valorando los avances realizados y la experiencia lograda por la región en los procesos de descentralización, planificación del desarrollo y ordenamiento del territorio en los ámbitos nacionales y desagregados y, especialmente, las experiencias exitosas derivadas de la incorporación de las características y tendencias de la población en dichos ejercicios de planificación y ordenamiento,
 Considerando  Preocupados por el elevado costo en vidas humanas, infraestructura, personas afectadas y pérdidas económicas que ha sufrido la región en los últimos años producto de desastres naturales y socioambientales, que colocan a los asentamientos humanos de las poblaciones más pobres en situación de mayor vulnerabilidad,
 Considerando  Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas reconoce y reafirma que los indígenas tienen, sin discriminación, todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional y que poseen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos,
 Considerando  Reafirmando el aporte al desarrollo y a la conservación del planeta que hacen los pueblos indígenas en la región y que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio de la humanidad,
 Considerando  Preocupados por los altos niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil que aún prevalecen entre los pueblos indígenas, particularmente entre las mujeres, niñas y adolescentes que residen en zonas rurales,
 Considerando  Destacando la importancia de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, a celebrarse el 22 y 23 de septiembre de 2014, en cumplimiento de la resolución 65/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de diciembre de 2010,
85. Respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como las del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, exhortando a los países que aún no lo han hecho a firmarlo y ratificarlo, adaptando los marcos jurídicos y formulando las políticas necesarias para su implementación, con la plena participación de estos pueblos, incluidas las personas indígenas que viven en ciudades;
88. Respetar y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, incluidos a los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, prestando particular atención a los desafíos que plantean las industrias extractivas y otras grandes inversiones a escala global, la movilidad y los desplazamientos forzados, y desarrollar políticas que garanticen la consulta previa, libre e informada en los asuntos que les afecten, de conformidad con lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
 Considerando  Reafirmando que la Declaración y el Programa de Acción de Durban de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia constituyen el marco integral de derechos humanos para el bienestar y desarrollo de las personas afrodescendientes y una base sólida para combatir el racismo, la discriminación, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia,