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Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe
Resolución de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (2017) Ver PDF
4. Destaca la importancia de considerar el territorio como un vector orientador del diseño y la implementación de las políticas sociales para promover la igualdad y un desarrollo social inclusivo;
11. Se compromete a impulsar la definición de una agenda regional de desarrollo social inclusivo basada en políticas públicas que intervengan sobre las desigualdades estructurales de la región y los nuevos desafíos derivados del cambio tecnológico y de la necesaria transición a una economía ambientalmente sostenible, con una perspectiva de derechos, de igualdad de género y de ciclo de vida y desde un enfoque de universalismo sensible a las diferencias, en el marco de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
13. Exhorta a los Estados a incorporar activamente a la sociedad civil y los sectores académico y privado en la elaboración y discusión de esta agenda, de acuerdo con sus marcos normativos e institucionales, en consonancia con el enfoque de múltiples actores recogido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
 Considerando  Compartiendo plenamente el espíritu de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, confiando en la relevancia del multilateralismo y convencidos de que la implementación de la Agenda 2030 forja un consenso mundial en la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo que permitirá fortalecer la paz, erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, combatir las desigualdades y proteger los derechos humanos, sin que nadie se quede atrás,
 Considerando  Reconociendo la importancia del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo de seguimiento regional de la Agenda 2030 y en la generación de acuerdos sobre el desarrollo social inclusivo como pilar del desarrollo sostenible,
 Considerando  Reconociendo también el efecto negativo de las medidas económicas coercitivas unilaterales en el desarrollo económico y social en los países objeto de estas medidas,
 Considerando  Teniendo presente que en la resolución 1(I) aprobada en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en Lima en noviembre de 2015, se solicitó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe profundizar en el análisis integrado de las múltiples dimensiones de la desigualdad social, la pobreza y la vulnerabilidad, así como en la relación entre las políticas económicas, productivas y sociales y las políticas de protección del empleo y promoción del trabajo decente,
 Considerando  Recordando que la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, en su Primera Reunión celebrada en Santo Domingo en noviembre de 2016, acogió positivamente el avance analítico plasmado en el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina, instando a los países a profundizar en su investigación y conocimiento y a incorporar sus elementos en el diseño de políticas públicas de desarrollo social,
 Considerando  Recordando además el firme compromiso expresado por la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe con la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad en todas sus formas y la importancia de construir acuerdos, pactos y consensos que consoliden la cultura de la igualdad y superen la cultura del privilegio en la región,
2. Reconoce que la superación de la huella social del actual modelo de desarrollo y el logro del desarrollo social inclusivo son fundamentales para el desarrollo sostenible y para el cumplimiento de los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y requieren una articulación entre las políticas de inclusión productiva y de inclusión social, especialmente en el actual contexto de cambios acelerados por la innovación tecnológica a nivel global;
3. Reconoce también que la región exhibe desigualdades estructurales que se entrecruzan y se encadenan a lo largo del ciclo de vida y afectan con especial intensidad a niños, niñas y adolescentes; personas mayores; jóvenes; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; migrantes; personas que habitan en zonas rezagadas, y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales;
5. Reafirma que el desarrollo sostenible no se alcanzará sin la igualdad de derechos, capacidades, oportunidades, medios, resultados y el compromiso de los Gobiernos y la sociedad civil para consolidar el desarrollo social inclusivo, cerrando las brechas que existen entre los países y en el interior de estos para acceder a él;
6. Valora los avances logrados por la región durante los últimos 15 años en la reducción de la pobreza y la desigualdad y en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, y reitera su compromiso con la erradicación de la pobreza y la desigualdad en todas sus expresiones y dimensiones a través de políticas sociales inclusivas, sensibles a las diferencias y con un enfoque de género, etnia, raza, intersectorialidad, interculturalidad y de derechos humanos;
7. Observa con especial preocupación la tendencia hacia la reducción de los presupuestos destinados al desarrollo social en la región y el posible debilitamiento de los sistemas de protección social que esto puede provocar, así como la posibilidad de que ello obstaculice la expansión de los servicios sociales universales y el mantenimiento y perfeccionamiento de las políticas y programas de superación de la pobreza, protección del empleo y promoción de la igualdad;
8. Resalta, por lo tanto, la necesidad de cautelar, promover y velar por la eficiencia de la inversión social, así como de continuar trabajando por la progresividad de la carga tributaria para consolidar los avances y evitar retrocesos, que suponen altos costos para las personas y las economías nacionales;
9. Reafirma su convicción de que la creación sostenida de empleo productivo y trabajo decente, así como el acceso garantizado a una educación y salud de calidad y a sistemas universales de protección social, basados en un enfoque de derechos en el que se incluyan políticas de cuidado que aseguren la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad y entre mujeres y hombres, son indispensables para consolidar y profundizar los avances de la región en la reducción de la pobreza y la desigualdad con énfasis en los enfoques generacional, de género y de derechos humanos;
10. Exhorta a los países a generar consensos, pactos y acuerdos nacionales, conforme a sus capacidades y con atención a sus especificidades, para fortalecer la cultura de la igualdad y superar la cultura del privilegio, protegiendo la inversión social y resguardando el papel de las políticas sociales y de la institucionalidad en el desarrollo sostenible;
12. Llama a los Estados a atender dentro de esta agenda la situación de especial desigualdad, discriminación y exclusión social y económica que viven niños, niñas y adolescentes; personas mayores; jóvenes; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; personas que habitan en zonas rezagadas, y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, así como los migrantes, las poblaciones afectadas por los desastres y el cambio climático y los desplazados por conflictos dentro de su territorio;
14. Solicita a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe asistencia técnica en el proceso de elaboración de esta agenda en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma que siga profundizando el análisis de los ejes estructurantes de la desigualdad social en la región; que promueva la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de la población, con especial atención a las políticas de protección social contributiva y no contributiva, de salud y educación, de seguridad alimentaria y nutricional, de cuidado, de promoción del empleo productivo y de calidad y del trabajo decente, así como la institucionalidad social y el financiamiento de las políticas sociales, y que fomente la cooperación Sur-Sur para el intercambio de experiencias y aprendizajes entre los países;