Acordamos: Impulsar acciones para armonizar e incorporar medidad afirmativas que fomenten el empleo de calidad para personas con discapacidad con prioridad hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con el articulo 27 de la Convensión de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el ODS 8, tanto en el sector público como en el privado, incluyendo las necesarias para mejorar su empleabilidad.

Acordamos: Desarrollar medidas de protecciónsocial para personas con discapacidad, que garanticen la calidad de vida y el ejercicio de sus derechos, tales como pensiones, prestaciones y servicios sociales.

6. Impulsar y fortalecer acciones y políticas que promuevan y garanticen que jóvenes con características especiales o con alguna discapacidad tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a una formación integral, continua y permanente a puestos de trabajo dignos, seguros y saludables. En este contexto, respaldamos el programa de trabajo para personas con discapacidad que realiza la OISS.

ACORDAMOS: 14. Apostar firmemente por el diálogo social, herramienta útil para generar riqueza y empleos de calidad dentro del entendimiento mutuo entre trabajadores, empresarios y autoridades.

6. Promoveremos la igualdad de oportunidades laborales para las y los jóvenes, en consonancia con el principio de igual tarea, igual remuneración; así como, su protección contra cualquier tipo de discriminación, incluyendo salarios justos de conformidad con la legislación nacional en materia de empleo, sin importar orientación sexual, discapacidad, identidad, nacionalidad, opinión política, credo o religión, origen social, cultural y/o económico

2. Acoger con beneplácito el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina preparado por la Secretaría, y destacar la importancia de: iv) Actuar sobre las brechas definidas en La matriz de la desigualdad social en América Latina para romper las barreras de acceso a los servicios sociales y al bienestar que enfrentan las personas que están en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las personas que residen en zonas rezagadas, las personas con discapacidad y los migrantes, lo que requiere la incorporación de los elementos analizados en dicho documento al diseño de políticas públicas de desarrollo social para avanzar efectivamente en la universalización de los derechos y la construcción de sistemas integrales y universales de protección social,

3. Reconoce también que la región exhibe desigualdades estructurales que se entrecruzan y se encadenan a lo largo del ciclo de vida y afectan con especial intensidad a niños, niñas y adolescentes; personas mayores; jóvenes; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; migrantes; personas que habitan en zonas rezagadas, y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales;

12. Llama a los Estados a atender dentro de esta agenda la situación de especial desigualdad, discriminación y exclusión social y económica que viven niños, niñas y adolescentes; personas mayores; jóvenes; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; personas que habitan en zonas rezagadas, y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, así como los migrantes, las poblaciones afectadas por los desastres y el cambio climático y los desplazados por conflictos dentro de su territorio;

24. Destacar la importancia de que los debates sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones se articulen con los temas de las autonomías económica, física y política de las mujeres, incluyendo el análisis de sus riesgos y beneficios y tomando en cuenta las condiciones particulares de las mujeres rurales, las mujeres de grupos afrodescendientes y pueblos originarios y las mujeres con discapacidad; Destacar la importancia de que los debates sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones se articulen con los temas de las autonomías económica, física y política de las mujeres, incluyendo el análisis de sus riesgos y beneficios y tomando en cuenta las condiciones particulares de las mujeres rurales, las mujeres de grupos afrodescendientes y pueblos originarios y las mujeres con discapacidad;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral b) Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas y en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas;

 Considerando  Teniendo presente: 30. Que el enfoque de derechos humanos en las políticas y los programas requiere de un alto nivel de concreción en acciones específicas que induzcan cambios reales en todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres, en particular de las mujeres jóvenes, las rurales, las que tienen alguna discapacidad, las indígenas, las afrodescendientes, las desplazadas, las migrantes, otras mujeres que viven en condiciones de especial vulnerabilidad o marginalidad y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales (LGBTTI);

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 34. Potenciar la inclusión de la perspectiva de género como eje transversal de las políticas públicas en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, asegurando el pleno acceso a estas tecnologías y su uso por parte de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad, en condiciones de igualdad y equidad, considerando las regulaciones, los costos y la cobertura, para la apropiación social del conocimiento y teniendo en cuenta la diversidad cultural y lingüística;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 35. Adoptar políticas públicas que incluyan medidas afirmativas para promover la reducción de las barreras de acceso, la comprensión del manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la adaptación en la lengua local de las aplicaciones y los contenidos relacionados con estas tecnologías, así como para fomentar la inserción de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales y mujeres con discapacidad en la formación profesional en ciencias, incluidas las matemáticas, ingenierías, tecnologías ambientales y tecnologías de la información y las comunicaciones, y en la investigación y producción de conocimiento en todos los ámbitos científicos;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 38. Garantizar que desde el sistema educativo, en todos los niveles y formas de enseñanza, se ofrezca información oportuna a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTI y mujeres con discapacidad sobre los beneficios, las utilidades, la disponibilidad y las oportunidades de formación profesional en ciencias y tecnologías, que les permita una mayor autonomía personal, económica, social y política;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 42. Promover el conocimiento y el análisis de los riesgos que existen para las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad en relación con la ciberseguridad, la explotación sexual, la trata de personas, la pornografía infantil, el acoso en Internet y en otros medios tecnológicos, para tipificar esos delitos, definir las sanciones apropiadas, considerando su impacto en los derechos humanos de estos grupos, y promulgar la legislación correspondiente;

B. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 58. Lograr la consolidación de sistemas públicos de protección y seguridad social con acceso y cobertura universal, integral y eficiente, mediante financiamiento solidario, unitario y participativo, basados en el principio de solidaridad y articulados con un amplio espectro de políticas públicas que garanticen el bienestar, la calidad de vida y un retiro digno, fortaleciendo el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, incluidas las que han dedicado sus vidas tanto al trabajo reproductivo como productivo, remunerado como no remunerado, las trabajadoras domésticas, las mujeres rurales, las trabajadoras informales y por contrata, de manera especial, las mujeres a las que afectan directa o indirectamente la enfermedad, la discapacidad, el desempleo, el subempleo o la viudez, en todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres;

B. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 62. Desarrollar e implementar políticas activas referidas al mercado laboral y al empleo productivo que aseguren trabajo decente para todas las mujeres, combatiendo las condiciones de precariedad e informalidad que afectan principalmente a la fuerza laboral femenina y asegurando igual salario por trabajo de igual valor, una tasa de participación igualitaria, la presencia sin discriminación en puestos de poder y decisión y la superación de la segregación ocupacional, con particular atención a las mujeres rurales, las afrodescendientes, las indígenas, las mujeres con discapacidad y las jóvenes;

C. IGUALDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 73. Garantizar una atención integral a las personas afectadas por el VIH/SIDA, en particular a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, huérfanos y niños vulnerables, migrantes y personas en situación de emergencia humanitaria, privadas de libertad, indígenas, afrodescendientes y mujeres con discapacidad, acorde con el contexto local;

C. IGUALDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 74. Implementar medidas con perspectiva de género que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad, incluida la salud sexual y la salud reproductiva durante y después de situaciones de desastre y en casos de emergencia, para prevenir en esas circunstancias y en las de desplazamiento o refugio la mortalidad y la morbilidad, particularmente entre las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, rurales y mujeres con discapacidad ;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 80. Hacer efectivas las políticas nacionales y locales y adoptar medidas preventivas, penales, de protección y atención para lograr la erradicación de todas las formas de violencia y estigmatización contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad e incluir el uso efectivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones con un enfoque intercultural, con el fin de lograr una mayor inclusión e igualdad para todas las mujeres;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 86. Diseñar mecanismos, incluidos los legislativos, y sanciones destinados a combatir la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de las redes sociales para cometer actos violentos contra las mujeres y las niñas, en particular, el uso con fines delictivos para el acoso sexual, la explotación sexual, la pornografía infantil y la trata de mujeres y niñas, y las nuevas formas de violencia, como el acoso y la intimidación cibernéticos y las violaciones de la privacidad que ponen en peligro la seguridad de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 98. Propiciar, favoreciendo la creación de redes estratégicas, que los medios de comunicación y los gremios de comunicadores y comunicadoras sociales se comprometan a proyectar una imagen positiva de las mujeres, superando los estereotipos y los contenidos violentos que reproducen la discriminación y la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad;

3. PARTICIPACIÓN POPULAR Y CIUDADANA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LAS SOCIEDADES 3.a Apoyar el liderazgo de las mujeres en organizaciones sociales y políticas, impulsando la participación democrática paritaria, el fortalecimiento institucional y las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres y feministas, y en particular el liderazgo de las adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres que viven con VIH/SIDA, mujeres con discapacidad y personas LGBTI, respetando sus expresiones organizativas.

C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 20. Desarrollar políticas a todo nivel (nacional, federal y local) tendientes a garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las potencialidades y la participación plena de las personas mayores, atendiendo a las necesidades de estímulos (intelectuales, afectivos y físicos) y contemplando la diferente situación de hombres y mujeres, con especial énfasis a los grupos más susceptibles de discriminación (personas mayores con discapacidad, carentes de recursos económicos y/o cobertura previsional y personas mayores que viven solas y/o no cuentan con redes de contención);

D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - Considerando que las brechas en salud continúan sobresalientes en la región y que las estadísticas promedio suelen ocultar los altos niveles de mortalidad materna, de infecciones de transmisión sexual, de infección por VIH/SIDA y de demanda insatisfecha de anticoncepción entre la población que vive en la pobreza y en áreas rurales, entre los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes y grupos en condición de vulnerabilidad como mujeres, adolescentes y jóvenes y personas con discapacidad,

D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos;

D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 46. Garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todos y todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.

E. Igualdad de género - 57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;

 Considerando  Tomando en cuenta además la importante contribución de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en la incorporación de las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, desde una perspectiva de derechos, con igualdad y sin discriminación,

 Considerando  Destacando que la elaboración de estadísticas públicas realizada por los distintos organismos del Estado debe seguir la lógica inclusiva y de ampliación de derechos planteada desde la política pública y que la generación de información sobre población afrodescendiente, población indígena, personas con discapacidad, personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), género, desigualdades y brechas sociales, envejecimiento, y otras temáticas, constituye un insumo básico para la elaboración de políticas públicas y tienen vital importancia en pos del monitoreo de los objetivos planteados en las agendas nacionales y regionales,

 Considerando  Considerando que el perfil epidemiológico de América Latina y el Caribe se caracteriza por la superposición de etapas, en que las enfermedades crónicas no transmisibles y degenerativas asumen cada vez más importancia a medida que disminuye la fecundidad y aumenta la población adulta mayor, pero que todavía persisten niveles sustanciales de enfermedades transmisibles, a las que se agregan las causas externas de discapacidad y muerte,

 Considerando  Considerando también que simultáneamente con el aumento de la población de personas mayores se prevé un incremento significativo de la demanda de cuidados por razones de salud y que se ha producido un desfase entre esta demanda y los marcos institucionales disponibles para atenderla, de manera que los Estados están transfiriendo esta responsabilidad a los hogares y provocando situaciones de mayor vulnerabilidad y sobrecarga en las labores asumidas tradicionalmente por las mujeres,

Medida prioritaria 20 Desarrollar políticas a todo nivel (nacional, federal y local) tendientes a garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las potencialidades y la participación plena de las personas mayores, atendiendo a las necesidades de estímulos (intelectuales, afectivos y físicos) y contemplando la diferente situación de hombres y mujeres, con especial énfasis a los grupos más susceptibles de discriminación (personas mayores con discapacidad, carentes de recursos económicos y/o cobertura previsional y personas mayores que viven solas y/o no cuentan con redes de contención). - 1. Contar con políticas y programas públicos dirigidos a que todas las personas mayores incrementen su autonomía y calidad de vida, de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. 2. Contar con la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Medida prioritaria 37 Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos. - 1. Lograr que toda la población conozca los elementos básicos de la normatividad que garantizan el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. 2. Conseguir que todos los prestadores de servicios conozcan la legislación y las normas que garantizan el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. 3. Lograr que toda la población tenga acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva oportunos, de calidad y concordantes con sus condiciones, necesidades y requerimientos específicos. 4. Lograr que el aseguramiento en salud abarque el acceso gratuito a insumos y a la atención de la salud sexual y la salud reproductiva.

Medida prioritaria 46 Garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todos y todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.

Medida prioritaria 50 Cumplir con el compromiso de promover y asegurar la aplicación de la perspectiva de género y su intersección con la raza, la etnia, la edad, la clase social y la condición de discapacidad en todas las políticas públicas, especialmente aquellas de orden económico y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales, organizaciones de mujeres afrodescendientes, indígenas y jóvenes para garantizar la igualdad de género.

Medida prioritaria 57 Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y victimas de trata, entre otras.

24. Solicita a los países que, sobre la base de la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y de conformidad con las prioridades y necesidades nacionales, así como con las iniciativas ya existentes, incluyan en los informes nacionales información específica sobre las personas con discapacidad en relación con los distintos capítulos del Consenso de Montevideo;

2. ACCIONES SOCIALES PRIORITARIAS Acción 2: Promover la consolidación de sistemes de protección y promoción social para el desarrollo infantil temprano integral,niños, niñas y adolescentes y poblaciones en situación devulnerabilidad. El CSDS, desde su Plan cle Acción 2012-2014 y actas de las reuniones de sus instancias, está comprometido con la promoción de estrategias que fomenten ei desarrollo integral de la persona, priorizando la atención en los grupos vulnerables. En este sentido, las acciones sociaies a realizarse en el marco del Plan y la Agenda, están tambien orientadas a la protección y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad, pueblos, nacionalidades y comunidades según corresponda en el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro. El intercambio en la construcción de redes o sistemas de protección y promociön social que tienen, entre otras acciones, a los prograrnas de transferencias monetarias con corresponsabilidad como una experiencia destacada para la superación de la pobreza , así como programas vinculados con el fin de esta prioridad, debe ser el marco que guíe las acciones en este tema. Asimismo merecen ser resaltadas acciones de erradicación del trabajo infantil que permitan ei pleno desarrollo ele los niños y niñas.

7. Atender los retos de la juventud marginada por sus situaciones de dependencia y discapacidad. En este sentido, fomentar la ratificación e implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por todos los países, en orden a reducir las barreras a la participación, especialmente para jóvenes con discapacidades.

PROMOCÃO E PROTECÃO SOCIAL: trabalhar articuladamente com Reunião de Altas Autoridades de Dreitos Humanos do MERCOSUL e Estados Associados (RAADH), Reunião Especializada de Juventude (REJ), Reunião de Ministros de Saúde e Comisão de Coordenacão de Ministros de Assuntos Social do MERCOSUL (CCMASM), com vistas a gerar iniciativas de projectos regionais ao is em, Planos Nacionais de Acão dos Direitos das Criancas e Adolescentes, Políticas públicas para idosos, Políticas públicas para Pessoas com Deficiencia, Políticas públicas para Juventude.