Considerando  Considerando que: Las nuevas formas de trabajo pueden generar oportunidades para la creación de empleo, la movilidad laboral, el acceso al mercado de trabajo y la inclusión de mujeres, jóvenes y colectivos vulnerables.

 Considerando  Considerando que: La incorporación del enfoque de género en las materias relacionadas con el trabajo y la seguridad contribuye de manera fundamental a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como aumentar la productividad, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza de manera más eficaz.

Acordamos: Incrementar esfuerzos dedicados a alcanzar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, reconociendo la importancia de la Coalición Regional para la Igualdad Salarial : así como seguir trabajando para modificar los códigos o normas laborales, los sistemas de seguridad social que discriminana las mujeres, el reconocimiento de las tareas de cuidados y la equiparación de derechos en el ámbito de la protección social.

V. Que para avanzar y fomentar políticas públicas integrales, acciones y programas favorables a las juventudes iberoamericanas es fundamental implementar la igualdad de género para alcanzar la paridad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres jóvenes en todos los ámbitos. Reiteramos nuestro compromiso con la trasversalización de la perspectiva de género en las políticas laborales y de empleo, la eliminación de la discriminación, el acoso y la violencia en razón del género, orientación sexual, etnia, y el equilibrio entre las responsabilidades familiares y laborales.

VI. Que el trabajo decente en el campo, significa productividad, ingresos, seguridad y mejores perspectivas de desarrollo personal e integración en la sociedad, así como libertad de expresión, organización y participación en las decisiones que afectan a sus vidas, con igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres y que todos estos elementos contribuyen a la estabilidad, la integración, el crecimiento económico y una paz sostenible.

1. Fortalecer las acciones, políticas y programas nacionales en coordinación con el sector privado para que los jóvenes puedan acceder a puestos de trabajo decentes, dignos, seguros y saludables, que ofrezcan oportunidades equitativas para la promoción profesional, con especial atención a las mujeres y a los colectivos de especial vulnerabilidad buscando que todos puedan obtener las habilidades que se necesitan en el mercado laboral.

3. Trabajar de manera coordinada con las instituciones y sectores pertinentes para desarrollar políticas de empleo juvenil rural, que promuevan la permanencia de los y las jóvenes en el campo y el relevo generacional y que garanticen el trabajo decente, digno y permitan la inclusión productiva de hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades, en el sector rural.

 Considerando  Considerando: IV. Que para avanzar y fomentar políticas públicas integrales, acciones y programas favorables a las juventudes iberoamericanas es fundamental implementar la igualdad de género para alcanzar la paridad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres jóvenes en todos los ámbitos. Reiteramos nuestro compromiso con la trasversalización de la perspectiva de género en las políticas laborales y de empleo, la eliminación de la discriminación, el acoso y la violencia en razón del género, orientación sexual, etnia, y el equilibrio entre las responsabilidades familiares y laborales.

ACORDAMOS: 14. Apostar firmemente por el diálogo social, herramienta útil para generar riqueza y empleos de calidad dentro del entendimiento mutuo entre trabajadores, empresarios y autoridades.

ACORDAMOS: 17. Combatir la economía informal, también llamada sumergida, con un efecto regularizador de las condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social a través del pago de cotizaciones sociales.

ACUERDOS 4. Promoveremos acciones que fortalezcan el acceso y la calidad de la formación técnica y profesional, y su articulación con el mundo productivo y el mercado laboral, promoviendo desde las instancias de juventud, la incorporación en la currícula formativa, de herramientas innovadoras necesarias que permitan el desarrollo de competencias específicas de la cultura emprendedora y cooperativa de las y los jóvenes.

7. Apoyaremos políticas públicas orientadas a la inserción laboral de la mujer joven eliminando las barreras y brechas existentes que generan su discriminación.

 Considerando  3. Considerando que el trabajo digno y la educación de calidad para las y los jóvenes constituyen una prioridad global y regional, por ser estrategias permanentes y principales para reducir la pobreza y la desigualdad, a fin de alcanzar el bienestar social de nuestros países y el buen vivir de sus habitantes.

2. Acoger con beneplácito el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina preparado por la Secretaría, y destacar la importancia de: iv) Actuar sobre las brechas definidas en La matriz de la desigualdad social en América Latina para romper las barreras de acceso a los servicios sociales y al bienestar que enfrentan las personas que están en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las personas que residen en zonas rezagadas, las personas con discapacidad y los migrantes, lo que requiere la incorporación de los elementos analizados en dicho documento al diseño de políticas públicas de desarrollo social para avanzar efectivamente en la universalización de los derechos y la construcción de sistemas integrales y universales de protección social,

3. Reconoce también que la región exhibe desigualdades estructurales que se entrecruzan y se encadenan a lo largo del ciclo de vida y afectan con especial intensidad a niños, niñas y adolescentes; personas mayores; jóvenes; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; migrantes; personas que habitan en zonas rezagadas, y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales;

9. Reafirma su convicción de que la creación sostenida de empleo productivo y trabajo decente, así como el acceso garantizado a una educación y salud de calidad y a sistemas universales de protección social, basados en un enfoque de derechos en el que se incluyan políticas de cuidado que aseguren la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad y entre mujeres y hombres, son indispensables para consolidar y profundizar los avances de la región en la reducción de la pobreza y la desigualdad con énfasis en los enfoques generacional, de género y de derechos humanos;

12. Llama a los Estados a atender dentro de esta agenda la situación de especial desigualdad, discriminación y exclusión social y económica que viven niños, niñas y adolescentes; personas mayores; jóvenes; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; personas que habitan en zonas rezagadas, y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, así como los migrantes, las poblaciones afectadas por los desastres y el cambio climático y los desplazados por conflictos dentro de su territorio;

26 c) Reiterar, ante las situaciones de debilitamiento de algunos mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, la importancia del inciso xix) del acuerdo 6 del Consenso de México, D.F., “Garantizar a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer los recursos financieros y humanos, y reforzar su capacidad política y la consolidación de su rango institucional al más alto nivel, a fin de que puedan cumplir sus mandatos con eficacia y eficiencia”, del inciso i) del acuerdo 1 del Consenso de Quito y del inciso f) del acuerdo 3 del Consenso de Brasilia

c) Reiterar, ante las situaciones de debilitamiento de algunos mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, la importancia del inciso xix) del acuerdo 6 del Consenso de México, D.F., “Garantizar a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer los recursos financieros y humanos, y reforzar su capacidad política y la consolidación de su rango institucional al más alto nivel, a fin de que puedan cumplir sus mandatos con eficacia y eficiencia”, del inciso i) del acuerdo 1 del Consenso de Quito y del inciso f) del acuerdo 3 del Consenso de Brasilia

35. 22. Tomar todas las medidas necesarias para la recopilación de información económica desagregada por sexo y etnia y el fortalecimiento de las capacidades de análisis con perspectiva de género, particularmente en fuentes tales como censos económicos, encuestas industriales, directorios y catastros empresariales, y reforzar los vínculos con los institutos nacionales de estadística de los países de la región. En esa línea, solicitar que el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe trabaje en esta dirección junto con los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL;

24. Destacar la importancia de que los debates sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones se articulen con los temas de las autonomías económica, física y política de las mujeres, incluyendo el análisis de sus riesgos y beneficios y tomando en cuenta las condiciones particulares de las mujeres rurales, las mujeres de grupos afrodescendientes y pueblos originarios y las mujeres con discapacidad; Destacar la importancia de que los debates sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones se articulen con los temas de las autonomías económica, física y política de las mujeres, incluyendo el análisis de sus riesgos y beneficios y tomando en cuenta las condiciones particulares de las mujeres rurales, las mujeres de grupos afrodescendientes y pueblos originarios y las mujeres con discapacidad;

26. Alentar el fortalecimiento de la capacidad de incidencia de los mecanismos para el adelanto de la mujer en los marcos institucionales para las políticas públicas;

7. Reforzar las medidas, políticas y programas para prevenir y enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres, los efectos perversos de la delincuencia organizada en la vida de mujeres y niñas, las desapariciones forzadas, la trata de personas y la explotación sexual, el feminicidio, la violencia de los grupos armados y la violencia contra las defensoras de los derechos humanos y las periodistas;

Nos comprometemos a impulsar la agenda para el desarrollo después de 2015, en las instancias que corresponda, para asegurar que se incluya la igualdad de género como objetivo específico y se logre transversalizar la perspectiva de género y de derechos humanos en todos los objetivos, metas e indicadores;

Reconocemos los desafíos identificados tanto por nuestros gobiernos como por las organizaciones de la sociedad civil en las distintas instancias y nos comprometemos a tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de los compromisos, especialmente las orientadas a acelerar la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y de los consensos regionales, incrementando la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos, la presupuestación en materia de género y la ejecución y rendición de cuentas, con miras a reforzar la aplicación de políticas de igualdad en el marco de la agenda para el desarrollo después de 2015 y de la tercera Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo que se llevará a cabo en 2015;

Reconocemos los logros y avances realizados durante estos 20 años que, si bien constituyen una contribución esencial a la democracia, el desarrollo y la paz, resultan insuficientes y muestran que, como ya hemos afirmado en múltiples ocasiones, la igualdad de género y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas son fundamentales para erradicar la pobreza, lograr mayor igualdad, paz y seguridad, y promover el desarrollo sostenible en sus tres pilares: económico, social y ambiental, en un contexto que presenta nuevos desafíos y oportunidades;

12. Dar seguimiento a los asuntos relativos a la autonomía de las mujeres específicos de la región que no estén reflejados a nivel mundial en el debate sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 y deban abordarse de cara a la XIII Conferencia Regional;

13. Identificar los ejes cualitativos estructurales que permitan ampliar el impacto de las políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las mujeres y de las políticas macroeconómicas que favorecen la igualdad efectiva;

2. Consolidar, a través de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, una posición común regional en asuntos de defensa de los derechos de las mujeres y comprometerse a sostenerla en otros foros regionales e internacionales no permitiendo retrocesos respecto de los avances ya alcanzados;

5. Fortalecer las alianzas y los pactos entre los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las instituciones de gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales para avanzar en la implementación de la agenda regional de igualdad de género;

15. Profundizar el trabajo interinstitucional y las prácticas de cogestión en la implementación de políticas públicas de igualdad de género, fortaleciendo los mecanismos para el adelanto de las mujeres y los procesos de transversalización de la perspectiva de género en la gestión pública, desde la planificación hasta la evaluación, y contemplando presupuestos suficientes para todo el ciclo de las políticas públicas;

16. Trabajar en el diseño de políticas públicas que aborden las bases estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres, en particular aquellos aspectos culturales que perpetúan los tradicionales roles de género;

2. Reconocer asimismo los vínculos existentes entre la igualdad de género y el cambio climático, destacando particularmente la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres de los pequeños Estados insulares en desarrollo, las mujeres rurales, las afrodescendientes y las indígenas;

1. Asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y su autonomía frente al contexto actual marcado por la desaceleración de las economías, los efectos del cambio climático, la fragilidad de algunas democracias y el resurgimiento de posiciones conservadoras y fundamentalistas que representan una amenaza de posibles retrocesos;

2. Fortalecer las estrategias de transversalización de la perspectiva de género por medio de la construcción de alianzas, la articulación y la negociación para garantizar que las políticas de igualdad de género sean políticas de Estado;

3. Intensificar los esfuerzos orientados a fortalecer las capacidades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres para la interlocución y coordinación con distintas instancias gubernamentales de cara al diseño de las políticas de igualdad y la incorporación de la perspectiva de género en la planificación y presupuestos nacionales, subnacionales y locales;

5. Intensificar la difusión de las medidas de la Estrategia de Montevideo entre los diferentes organismos del Estado para asegurar su pleno involucramiento y compromiso con la puesta en marcha de los ejes de implementación;

6. Dar seguimiento a la aplicación de la Estrategia de Montevideo en todos los niveles y todos los sectores de la política pública de acuerdo a las prioridades nacionales, en particular en los planes de igualdad de género y de desarrollo sostenible, y asegurar su financiamiento;

15. Reafirmar la importancia de tomar medidas activas para eliminar los sesgos de género en la oferta educativa, el currículo y la organización de los sistemas de educación técnico-profesional y promover diálogos intersectoriales público-privados (entre el Estado, los sindicatos, las organizaciones sociales y las empresas) para la incorporación laboral de las mujeres jóvenes en empleos de calidad en áreas en las que actualmente se encuentran excluidas;

19.Reconocer las múltiples manifestaciones de la violencia de género y sus graves consecuencias sobre las mujeres y la sociedad, y redoblar los esfuerzos para ajustar los mecanismos de intervención de la política pública para su prevención, atención y combate de forma efectiva;

5. Reiterar el compromiso de formular planes y políticas de Estado para la igualdad de género articuladas con las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, de conformidad con los acuerdos asumidos en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, con el fin de asegurar la transversalización de la perspectiva de género, las autonomías y los derechos de las mujeres en las políticas públicas;

9. Reiterar el compromiso de fortalecer las capacidades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres para la interlocución y coordinación con distintas instancias gubernamentales, en particular con los ministerios del área económica, con miras a incorporar la perspectiva de género en las políticas económicas y los presupuestos, y con los ministerios de relaciones exteriores en el contexto de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

7. Reafirmar el compromiso de transversalizar la perspectiva de género, la autonomía y los derechos de las mujeres, de conformidad con la Agenda Regional de Género y la Estrategia de Montevideo, en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas, indicadores y medios de implementación, como una ventana de oportunidad para el fortalecimiento institucional de los mecanismos para el adelanto de las mujeres;

12. Reiterar el compromiso de diseñar y ejecutar planes y políticas de género articuladas con las estrategias nacionales de desarrollo sostenible y que cuenten con metas, indicadores y presupuesto suficiente;

D. ACUERDOS ADOPTADOS 34. La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en su 46ª reunión, adoptó los siguientes acuerdos: 8. Continuar los esfuerzos para el cumplimiento del Consenso de Brasilia con relación a la formulación de políticas que tengan en cuenta los impactos de las políticas macroeconómicas y promuevan políticas de cuidado que favorezcan el empleo, especialmente de las mujeres pobres, afrodescendientes y de los pueblos indígenas,

D. ACUERDOS ADOPTADOS 34. La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en su 46ª reunión, adoptó los siguientes acuerdos: 11. Fortalecer la colaboración regional para generar las condiciones de sustentabilidad y fortalecimiento institucional de los mecanismos para el adelanto de la mujer, sobre todo en las etapas de transición de los gobiernos, permitiendo la continuidad del trabajo de transversalización de género como política de Estado,

D. ACUERDOS ADOPTADOS 34. La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en su 46ª reunión, adoptó los siguientes acuerdos: 13. Promover el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur entre los mecanismos para el adelanto de la mujer de los países de América Latina y el Caribe, para la formulación de políticas de cuidado, la investigación comparada y la producción, uso y análisis de estadísticas,

D. ACUERDOS ADOPTADOS 34. La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en su 46ª reunión, adoptó los siguientes acuerdos: 19. Destacar los avances en la coordinación intersectorial e interinstitucional y promover la integración de los mecanismos para el adelanto de la mujer en todos los debates de relevancia nacional, como los derechos humanos, ruralidad, ciencia y tecnología, los asuntos fiscales y otros,

Reafirmar la necesidad de establecer estándares internacionales compartidos para la atención, la prevención, la protección, el acceso a la justicia y la reparación a las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género y destacar la importancia del trabajo integral, la coordinación interinstitucional y la territorialización de las iniciativas;

Reiterar su rechazo por el resurgimiento de prácticas, discursos y patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos basados en la cultura del privilegio, que limitan el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres;

Hacer esfuerzos específicos para que el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 se complementen con el fin de que ambos instrumentos se fortalezcan mutuamente;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral a) Adoptar todas las medidas de política social y económica necesarias para avanzar en la valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral b) Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas y en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. C)Adoptar políticas que permitan establecer o ampliar las licencias parentales, así como otros permisos de cuidado de los hijos e hijas, a fin de contribuir a la distribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres, incluidos permisos de paternidad irrenunciables e intransferibles, que permitan avanzar en la corresponsabilidad;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. D)Impulsar el establecimiento, en las cuentas nacionales, de una cuenta satélite sobre el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado que llevan a cabo las mujeres;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. D)Impulsar el establecimiento, en las cuentas nacionales, de una cuenta satélite sobre el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado que llevan a cabo las mujeres;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. f) Desarrollar políticas activas referidas al mercado laboral y el empleo productivo a fin de estimular la tasa de participación laboral de las mujeres, de la formalización del empleo y de la ocupación de puestos de poder y decisión por parte de las mujeres, así como la reducción de las tasas de desempleo, con particular atención a las mujeres afrodescendientes, de los pueblos indígenas y jóvenes afectadas por la discriminación racial, de sexo y orientación sexual, a fin de asegurar el trabajo digno para todas y garantizar igual salario por trabajo de igual valor;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. j) Garantizar igual remuneración por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres y entre las propias mujeres, de conformidad con los convenios internacionales ratificados, en particular los convenios 100, 111 y 112 de la Organización Internacional del Trabajo, y las normas internacionales en materia de derechos de las mujeres;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. k) Promover la adopción de políticas y programas de formación profesional para las mujeres, urbanas y rurales, en áreas competitivas y dinámicas de la economía, para lograr el acceso a las tecnologías y el reconocimiento a las tecnologías tradicionales y una participación femenina más amplia, diversa y calificada en el mercado de trabajo, considerando además las limitaciones impuestas por la doble jornada de trabajo;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. l) Garantizar el acceso de las mujeres a activos productivos, incluidos la tierra y los recursos naturales, y el acceso al crédito productivo, tanto urbano como rural;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. m) Promover la valorización y el reconocimiento de la contribución económica de las mujeres en el medio rural y en las comunidades tradicionales y pueblos indígenas, así como en los pueblos afrodescendientes o grupos minoritarios y de las mujeres migrantes a través de las remesas;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. n) Promover asimismo la autonomía económica y financiera de las mujeres por medio de la asistencia técnica, del fomento a la capacidad empresarial, el asociativismo y el cooperativismo, mediante la integración de las redes de mujeres a procesos económicos, productivos y de mercados locales y regionales;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. o) Impulsar y profundizar, en el sector público y privado, en la adopción de sistemas de gestión de igualdad de género que promuevan la no discriminación de las mujeres en el empleo, la conciliación de la vida profesional, privada y familiar, y la prevención y erradicación de todas las formas de violencia de género en el ámbito laboral, principalmente el acoso sexual y otras formas de asedio en el espacio laboral;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. p) Establecer legislación orientada a la acreditación de estudios y programas de educación no formal que habiliten a las mujeres adultas para la productividad y el empleo;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. q) Adoptar medidas para poner fin a todas las formas de violencia económica ejercida contra las mujeres, particularmente aquellas que atentan contra su dignidad humana o que las excluyen del derecho a recibir recursos financieros con miras a impulsar su autonomía y el respeto a sus derechos en la esfera laboral.

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. a) Promover y fortalecer políticas de Estado que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos de las mujeres, de todas las edades y condiciones, como base sustantiva de los procesos democráticos;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres b) Garantizar la libertad religiosa y de culto, siempre que se respeten los derechos humanos de las mujeres;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. c) Propiciar que las políticas fiscales combinen criterios de eficacia con criterios de equidad, resaltando su función redistributiva y progresiva, que aseguren la ejecución de políticas que garanticen el desarrollo de las mujeres;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. d) Promover y asegurar la transversalización del enfoque de género, raza y etnia, en todas las políticas, especialmente en la política económica y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales para garantizar la igualdad de género;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. e) Aumentar la inversión pública en la seguridad social , de manera que aborde en forma integral las demandas específicas de cuidado y protección social que requieren las mujeres en situaciones relacionadas con la enfermedad, la discapacidad, el desempleo y los ciclos vitales, especialmente la infancia y la vejez;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. f) Fortalecer la producción de información estadística necesaria desagregada para visibilizar los problemas de desigualdad de género en el ámbito de la autonomía física y económica y de la toma de decisiones;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. g) Adoptar el enfoque y medidas de igualdad de género, raza y etnia, en relación con la política económica, fiscal y tributaria, la reforma agraria, el acceso a la propiedad de la tierra, la vivienda y otros recursos productivos, para asegurar la redistribución equitativa de la riqueza;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. h) Realizar estudios sobre los efectos de la crisis económica, financiera, alimentaria, energética y ambiental en las mujeres, en especial en los flujos migratorios internos e internacionales y en la reconfiguración de todas las esferas;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. i) Avanzar en la adopción de medidas que mejoren la situación de las mujeres migrantes y sus familias, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan, a fin de mejorar su situación laboral y su inclusión social, tanto en su país de origen como de destino;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. j) Desarrollar políticas que favorezcan el arraigo de las mujeres campesinas y el empleo rural en las áreas afectadas por procesos de reconversión productiva y asegurar los mecanismos necesarios para su efectiva implementación;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. k) Implementar medidas que tiendan a eliminar las limitaciones específicas que afrontan las mujeres en el acceso a los servicios financieros formales como el ahorro, el crédito, los seguros y las transferencias;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. l) Garantizar el derecho y acceso de las mujeres a la propiedad de las tierras y las viviendas concedidas mediante los programas habitacionales de los gobiernos, con título de propiedad, respetando el derecho de las mujeres de los pueblos indígenas a su territorio, ya que es la base para el desarrollo económico y cultural;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. m) Promover la reformulación de los sistemas previsionales nacionales, a fin de incluir en su cobertura a las trabajadoras insertas en el mercado informal, las productoras familiares campesinas, las trabajadoras autónomas y las trabajadoras domésticas, las distintas formas de familia, incluyendo las parejas del mismo sexo, y las mujeres que se dediquen a actividades relacionadas con el cuidado;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. n) Impulsar la revisión de los sistemas previsionales nacionales existentes, para que se garanticen los derechos de las mujeres como beneficiarias, contemplando la situación de su incorporación al mercado laboral;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. o) Implementar sistemas de gestión de riesgos naturales y antrópicos con enfoque de género, étnico y racial, que permitan atender las causas y consecuencias de los desastres naturales y los impactos diferenciales de estos y del cambio climático en las mujeres, con particular énfasis en la recuperación de medios de vida sustentables, la administración de refugios y albergues, la salud sexual y reproductiva, la prevención de la violencia de género y la superación de las barreras que impiden a las mujeres una rápida inserción o reinserción en el empleo formal, debido a su papel en el proceso de reconstrucción económica y social;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. q) Fomentar la ruptura de estereotipos de género a través de medidas dirigidas a los sistemas educativos, los medios de comunicación y las empresas;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. r) Incorporar las variables sexo, etnia y raza, considerando la autoidentificación como criterio básico para el registro de la información en los censos de población y vivienda, encuestas de hogares, encuestas rurales y registros vitales, entre otros;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. s) Elaborar y aplicar políticas y planes de educación a lo largo de toda la vida con recursos suficientes, con metas medibles, especialmente dirigidos a mujeres jóvenes y adultas, a fin de reforzar el ejercicio pleno de su ciudadanía.

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. a) Incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. b) Adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado, en los regímenes especiales y autónomos, en los ámbitos nacional y local y en las instituciones privadas, a fin de fortalecer las democracias de América Latina y el Caribe, con una perspectiva étnico-racial;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. c) Contribuir al empoderamiento de los liderazgos de mujeres indígenas para eliminar las brechas existentes y garantizar su participación en espacios de decisión, respetando el consentimiento libre, previo e informado para el diseño e implementación de políticas públicas nacionales y regionales;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. d) Promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma forma, crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. e) Estimular acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de decisión, y fortalecer, entre otros, la sindicalización femenina, tanto en el medio urbano como en el rural, a efectos de avanzar en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el ámbito laboral;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. f) Impulsar la creación y el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales de políticas para las mujeres a nivel nacional y subnacional, dotándolos de los recursos necesarios y de la más alta jerarquía gubernamental de acuerdo con los contextos nacionales;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. g) Promover la representación paritaria en los parlamentos regionales, como por ejemplo el Parlamento del MERCOSUR, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. h) Impulsar la creación y fortalecimiento de la observación ciudadana sobre los procesos electorales y el establecimiento de mecanismos institucionales para el cumplimiento de las legislaciones que garantizan la participación política de las mujeres;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. i) Crear mecanismos de apoyo a la participación pública y política de las mujeres jóvenes, sin discriminación de raza, etnia y orientación sexual, en espacios de toma de decisiones y el respeto a sus expresiones organizativas propias, propiciando condiciones para la prevención de la estigmatización generacional de sus formas propias de organización y expresión;

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. j) Promover medidas para incrementar la participación de las mujeres en los directorios de las empresas.

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. a) Adoptar medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en los espacios públicos y privados, prestando especial atención a las mujeres afrodescendientes, indígenas, lesbianas, transgénero, del campo, de la selva, migrantes y de las zonas de frontera;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. b) Ampliar y garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la asistencia jurídica gratuita de las mujeres en situación de violencia y capacitar y sensibilizar, desde un enfoque de género, al personal y funcionarios encargados de impartir justicia;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. c) Adoptar todas las medidas necesarias y efectivas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de trata y tráfico de mujeres, jóvenes y niñas, para la explotación sexual y cualquier otro fin;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. d) Formular y aplicar medidas para combatir la violencia contra las mujeres que ejercen la prostitución;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. e) Garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. f) Incorporar en las políticas de seguridad pública medidas específicas para prevenir, investigar, sancionar, penalizar y erradicar el femicidio y el feminicidio, entendidos como la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. g) Promover políticas y programas para prevenir la violencia contra las mujeres dirigidos a los agresores y sus familias para evitar la reincidencia;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. h) Promover políticas dirigidas al cambio de los patrones socioculturales que reproducen la violencia y la discriminación hacia las mujeres;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. i) Crear sistemas nacionales de vigilancia de la violencia de género para recopilar, compilar y analizar datos sobre la violencia de género con miras a influir en las políticas y programas nacionales y locales;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. j) Asegurar que en situaciones de desastres naturales o climáticos las mujeres no sean víctimas ni corran ningún riesgo de cualquier tipo de violencia y la ayuda humanitaria contemple las necesidades de las mujeres, evitando una doble victimización;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. k) Promover y fortalecer programas de sensibilización y capacitación con perspectiva de género dirigidos a operadores de justicia que aseguren una atención de calidad y eliminen la violencia institucional contra las mujeres;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. l) Adoptar medidas de seguridad ciudadana dentro de las estrategias regionales y nacionales que incluyan criterios de género y diversidad de las ciudades y/o comunidades como espacios de encuentro de todas las personas, que aseguren un ambiente exento de violencia contra las mujeres;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. m) Garantizar la atención integral, multiprofesional gratuito para las mujeres víctimas de violencia;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. n) Promover y adoptar medidas para la asignación presupuestaria para los programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

5. Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios. a) Promover acciones que faciliten el acceso de las mujeres de todas las edades a las comunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información, como la educación y la capacitación sobre el uso de tales tecnologías para la creación de redes, la promoción y el intercambio de información, las actividades educativas, y el empleo especializado en las actividades económicas;

5. Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios. c) Construir mecanismos de monitoreo del contenido transmitido en los medios de comunicación social, así como en los espacios de regulación de Internet, asegurando la participación activa y constante de la sociedad con el fin de eliminar contenidos sexistas y discriminatorios;

5. Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios. d) Promover y garantizar el acceso de las mujeres, sobre todo las de pueblos indígenas y afrodescendientes, a los medios masivos de comunicación a través de programas que incorporen las lenguas propias y las identidades culturales en espacios comunitarios radiales y audiovisuales;

5. Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios. e) Promover el acceso de las mujeres a la ciencia, la tecnología y la innovación, estimulando el interés de las niñas y las jóvenes en estos campos científicos y tecnológicos.

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. a) Garantizar las condiciones y los recursos para la protección y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todas las etapas de su ciclo de vida y en los diversos grupos poblacionales, sin ningún tipo de discriminación, basándose en el enfoque integral promovido en el Programa de Acción de la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo;

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. b) Incluir, en los presupuestos nacionales y subnacionales, recursos suficientes para la ampliación de la oferta pública de servicios de calidad para la atención integral de la salud de las mujeres, en toda su diversidad, en particular las enfermedades crónicas y no transmisibles;

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. c) Fomentar la reglamentación e implementación de las leyes aprobadas en materia de igualdad de género, incluidas las relativas a la autonomía física, y favorecer el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral;

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. d) Garantizar el acceso a la educación sexual implementando programas de educación sexual integral con perspectiva de género y pertinencia cultural;

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. e) Garantizar el acceso universal de las mujeres, en toda su diversidad, a servicios integrales y de calidad en salud sexual y reproductiva, incluyendo la atención al VIH y al SIDA, su prevención, diagnóstico y tratamiento gratuito y en especial promover campañas para el uso de los preservativos masculinos y femeninos;

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. f) Revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos, conforme a lo recomendado en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, incluidas las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y en las observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y garantizar la realización del aborto en condiciones seguras en los casos autorizados por la ley;

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. g) Fortalecer y ampliar los planes y programas que promuevan la maternidad saludable y prevengan la mortalidad materna, asegurando el acceso universal a los servicios de salud, especialmente para las adolescentes y las mujeres de pueblos indígenas y afrodescendientes;

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. h) Promover la reducción de los embarazos en la adolescencia mediante la educación, información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a todos los métodos anticonceptivos;

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. i) Promover el acceso de las mujeres de pueblos indígenas y afrodescendientes a servicios de salud, con pertinencia cultural y lingüística, incorporando y valorando los saberes y prácticas de la medicina ancestral y tradicional ejercidos especialmente por las mujeres;

8. Promover la cooperación internacional y regional para la equidad de género. b) Fortalecer la cooperación Sur-Sur para el logro de la igualdad de género y el avance de las mujeres;

 Considerando  Consideran: 8. Que la autonomía de las mujeres es un factor esencial para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en un contexto de plena igualdad y, en particular, que el control sobre su cuerpo, su salud integral y el derecho a una vida libre de violencia (autonomía física), el acceso a la tierra y la capacidad de generar recursos propios (autonomía económica) y la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su colectividad (autonomía en la toma de decisiones) constituyen tres pilares que se apoyan mutuamente y son fundamentales para lograr una mayor igualdad de género y favorecer el acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y las comunicaciones;

 Considerando  Consideran 9. Que la libertad, la capacidad y el derecho a tomar decisiones informadas empoderan a las mujeres para desarrollar su potencial y participar plenamente en los ámbitos económico y social;

 Considerando  Consideran 10. Que tanto la laicidad del Estado como la implementación de formas participativas de gobierno son garantías para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y la consolidación de la democracia, la transparencia y la gobernanza;

 Considerando  Teniendo presente: 21. Que la igualdad de género debe convertirse en un eje central y transversal de toda la acción del Estado, ya que es un factor clave para consolidar la democracia y avanzar hacia un modelo de desarrollo más participativo e inclusivo;

 Considerando  Teniendo presente: 30. Que el enfoque de derechos humanos en las políticas y los programas requiere de un alto nivel de concreción en acciones específicas que induzcan cambios reales en todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres, en particular de las mujeres jóvenes, las rurales, las que tienen alguna discapacidad, las indígenas, las afrodescendientes, las desplazadas, las migrantes, otras mujeres que viven en condiciones de especial vulnerabilidad o marginalidad y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales (LGBTTI);

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 31. Adoptar políticas públicas orientadas a la resolución de los problemas que afectan a nuestros pueblos, en particular a las mujeres, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones como un medio;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 32. Aunar voluntades entre todos los actores para garantizar que la sociedad de la información y del conocimiento fomente el empoderamiento de las mujeres y su plena participación, en condiciones de igualdad, en todas las esferas de la sociedad y en todos los procesos de toma de decisiones;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 33. Diseñar acciones para la construcción de una nueva cultura tecnológica, científica y digital orientada a las niñas y las mujeres, que las acerque a las nuevas tecnologías y las familiarice con ellas, les permita integrarlas como parte de su vida cotidiana y facilite su uso de manera estratégica en las distintas áreas en las que se desarrollan y participan, e impulsar la ejecución de proyectos y programas nacionales de orientación que promueven y refuercen las vocaciones científicas y tecnológicas de las mujeres;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 37. Promover la mejora del acceso de las mujeres al empleo decente, redistribuyendo las tareas de cuidado entre Estado, mercado y sociedad y entre hombres y mujeres, y facilitando la capacitación y uso de la tecnología, el autoempleo y la creación de empresas en el sector científico-tecnológico, así como aumentar la proporción de mujeres que ocupan puestos en áreas en que se encuentran infrarrepresentadas, como los ámbitos académico, científico, tecnológico y de las tecnologías de la información y las comunicaciones;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 38. Garantizar que desde el sistema educativo, en todos los niveles y formas de enseñanza, se ofrezca información oportuna a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTI y mujeres con discapacidad sobre los beneficios, las utilidades, la disponibilidad y las oportunidades de formación profesional en ciencias y tecnologías, que les permita una mayor autonomía personal, económica, social y política;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 39. Promover, realizar y difundir estudios e investigaciones sobre las mujeres en los campos de las ciencias, incluidas las matemáticas, de las tecnologías y de las ingenierías, así como ferias y congresos científicos que permitan visibilizar las competencias, la innovación y los aportes de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las jóvenes en esos ámbitos;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 40. Asegurar a mujeres empresarias y emprendedoras, incluidas las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, mecanismos de comercialización de la producción y acceso al crédito para adquirir equipos e instrumentos tecnológicos que les permitan innovar y ampliar sus oportunidades de negocio y su participación en los procesos productivos para el desarrollo y en los emprendimientos autogestionados;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 41. Promover la equidad y la igualdad de género en los puestos de responsabilidad y toma de decisiones estratégicas y de alto nivel de las empresas e instituciones públicas y privadas, incluidas las del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 42. Promover el conocimiento y el análisis de los riesgos que existen para las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad en relación con la ciberseguridad, la explotación sexual, la trata de personas, la pornografía infantil, el acoso en Internet y en otros medios tecnológicos, para tipificar esos delitos, definir las sanciones apropiadas, considerando su impacto en los derechos humanos de estos grupos, y promulgar la legislación correspondiente;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 43. Promover políticas que incentiven la participación proactiva de los y las educadoras de niños, niñas y adolescentes, tanto en la familia como en la escuela, para el uso seguro de las tecnologías de la información y las comunicaciones;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 44. Promover la generación, creación y difusión de contenidos y conocimientos definidos, elaborados y estructurados por mujeres;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 45. Fortalecer las políticas de gobierno electrónico con un enfoque de igualdad de género, lo que incluye la producción y difusión de la información, los registros administrativos y las estadísticas de la gestión gubernamental y de los servicios públicos, desagregadas por sexo, para promover una cultura de rendición de cuentas mediante herramientas tecnológicas y contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 46. Fomentar desde el Estado y el sector privado medidas legislativas y educativas para erradicar y penalizar contenidos sexistas, estereotipados, discriminatorios y racistas en los medios de comunicación, software y juegos electrónicos, así como promover el uso de imágenes positivas y los aportes de las mujeres a la sociedad, e impulsar desde las mismas instancias relaciones y responsabilidades igualitarias entre mujeres y hombres en el ámbito de las ciencias y la tecnología;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 47. Fomentar desde el Estado y el sector privado medidas legislativas y políticas que garanticen condiciones adecuadas de trabajo y salud y protejan a las mujeres contra la explotación en estas áreas, en especial en telemárketing y en trabajos informales;

 Considerando  7. Que para el logro de las autonomías económica, física y política de las mujeres, resulta un escenario de oportunidades y desafíos el que componen la economía digital, los proyectos de innovación y el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que hace imprescindible el uso de estas herramientas para impulsar los procesos de construcción de la igualdad y evitar que estas originen una brecha que profundice las desigualdades en la sociedad de la información y el conocimiento, especialmente para las mujeres rurales, las indígenas, las afrodescendientes, las desplazadas y las migrantes, las mujeres jóvenes, las adultas mayores, las mujeres que viven con VIH/SIDA y las que tienen alguna discapacidad;

 Considerando  11. El efecto negativo de las medidas económicas coercitivas unilaterales en el acceso de los países objeto de estas medidas a las nuevas tecnologías;

 Considerando  12. El impacto que las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen sobre la sociedad y la economía;

 Considerando  13. La creciente brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las nuevas dimensiones de la brecha digital, que vulneran la autonomía de las mujeres y limitan su pleno desarrollo;

 Considerando  19. La centralidad de la igualdad de género en el debate sobre el desarrollo, lo que implica considerar tanto la dimensión productiva como la reproductiva y transformar la división del trabajo, que en razón de inequidades en materia reproductiva ha generado una carga desproporcionada para las mujeres y desigualdades estructurales de género que perpetúan el círculo de la pobreza, la marginación y la desigualdad;

 Considerando  22. La responsabilidad de los Estados de centrar esfuerzos y realizar las inversiones necesarias para que las tecnologías de la información y las comunicaciones sean accesibles e influyan en las iniciativas de las mujeres y las potencien, así como en su empoderamiento económico, político y físico, evitando que se produzcan nuevas brechas en razón de sus condiciones de vida y de la diversidad cultural en la región;

 Considerando  23. Que, para aprovechar las oportunidades y asumir los desafíos que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones para el adelanto de las mujeres, es necesario superar las limitaciones y brechas de género existentes en educación, salud, ejercicio del poder, economía y manifestaciones socioculturales;

 Considerando  24. La necesidad de facilitar el acceso de las mujeres de todas las edades a las tecnologías de la información y las comunicaciones para ejercer ampliamente su derecho a la libertad de expresión para la creación de redes, la promoción y el intercambio de información, las actividades educativas y los usos especializados en las actividades económicas;

 Considerando  25. Que las tecnologías de la información y las comunicaciones han transformado la información en uno de los recursos más valorados y codiciados del mercado;

 Considerando  26. Que la existencia del racismo y el etnocentrismo y sus consecuencias dañinas hace necesaria la adopción e implementación de políticas públicas para enfrentarlo;

 Considerando  27. Las mujeres rurales aún enfrentan diferentes limitaciones para el acceso a la tierra, a los recursos naturales y a los recursos públicos de apoyo a la producción, tales como asistencia técnica y tecnológica, educación y crédito;

 Considerando  28. La necesidad de apoyar la sostenibilidad de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, puesto que son agentes imprescindibles de los procesos informativos, educativos, de comunicación, transformación y movilización de la sociedad en pro de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales fundados en los principios democráticos de la autonomía, igualdad de derechos y empoderamiento de las mujeres;

 Considerando  29. Que el sistema de justicia es importante para la promoción de los derechos humanos y que el retraso en la justicia puede suponer una negación de la misma;

53. Instar a los Estados a ratificar o adherirse a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de igualdad de género, como los referidos al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos;

122. Fortalecer la inclusión del enfoque de género en los procesos de integración para el desarrollo socioeconómico que tienen lugar en América Latina y el Caribe, en especial aquellos en que se despliega un esfuerzo significativo por integrar las acciones que promueven la igualdad de género con la participación de las organizaciones de mujeres y feministas;

a) Los cinco enfoques o perspectivas que guían las políticas públicas y los objetivos vinculados a la autonomía y los derechos de las mujeres son: i) igualdad de género, ii) derechos humanos de las mujeres, iii) interseccionalidad e interculturalidad, iv) democracia paritaria, representativa y participativa, y laicidad, y v) desarrollo sostenible e inclusivo. Estos enfoques, que actúan de forma interrelacionada, también orientan las medidas de la Estrategia de Montevideo.

b) En la Agenda Regional de Género se identifican los acuerdos para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en relación con múltiples problemáticas que es posible agrupar en dimensiones críticas vinculadas con los derechos humanos, y que, por lo tanto, reconocen a las mujeres como sujetos de derecho y a los Estados como garantes de dichos derechos, a la vez que ratifican su carácter universal, indivisible, inalienable e interdependiente: i) Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación: violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones (privada, pública, simbólica, institucional, cibernética, económica, obstétrica, política, en situaciones de conflicto, desastres naturales, privación de libertad, acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual, abuso y explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes, trata de mujeres, prostitución forzada, violaciones, feminicidio); matrimonio y convivencia forzada de niñas y adolescentes; seguridad pública y ciudades; legislaciones y acceso a la justicia; contenidos educativos y medios de comunicación; estereotipos, sexismo, racismo, etnocentrismo, homofobia, lesbofobia, transfobia y discriminación. ii) Derechos sexuales y reproductivos con relación a: información y educación sexual integral; servicios de aborto seguros y de calidad, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional; anticoncepción; servicios sociales de salud integrados; mortalidad materna; orientación sexual e identidad de género; servicios universales y accesibles; discapacidad y vejez; erradicación del embarazo de niñas, prevención del embarazo y la maternidad adolescente; infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA; emergencias sanitarias; maternidad saludable; desarrollo tecnológico; distintos tipos de familia. iii) Derechos económicos, sociales y culturales con relación a: ingresos, empleo e inserción productiva; trabajo y control de los recursos; derecho a la tierra; división sexual del trabajo; trabajo no remunerado y cuidados; protección y seguridad social; educación; ciencia y tecnologías de las comunicaciones; transformación de pautas culturales; transmisión intergeneracional de la pobreza; jefatura de hogar y bienestar; uso y distribución del tiempo; políticas fiscales y macroeconómicas; políticas sociales; inversión pública; ruralidad, trabajo doméstico remunerado e informalidad; empresas y emprendimientos, crédito, tecnologías e innovación; territorio y modelos productivos. iv) Derechos civiles y políticos con relación a: participación política y liderazgo; partidos políticos y sistemas electorales; representación y paridad; organizaciones y movimientos de mujeres y feministas; migración; conflictos y procesos de paz; gobierno electrónico. v) Derechos colectivos y medioambientales con relación a: tierra y territorio; agua y bosques; conocimientos ancestrales; desastres naturales y eventos extremos; cambio climático; ámbitos rural y urbano; gestión de riesgos y mitigación; derecho al desarrollo; cooperación internacional.

c) La Agenda Regional de Género incluye acuerdos sobre los instrumentos y medios para avanzar hacia la garantía efectiva de los derechos y la autonomía de las mujeres bajo los principios de igualdad y no discriminación, que son la base para la construcción de los siguientes ejes para la implementación y las medidas de la Estrategia de Montevideo: 1. Marco normativo, 2. Institucionalidad, 3. Participación, 4. Construcción y fortalecimiento de capacidades, 5. Financiamiento, 6. Comunicación, 7. Tecnología, 8. Cooperación, 9. Sistemas de información y 10. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Estos diez ejes tienen un valor prioritario y se interconectan para crear las condiciones y los medios para la aplicación plena y efectiva de políticas públicas orientadas a eliminar la desigualdad y asegurar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.a Incorporar los compromisos asumidos por los Gobiernos en la Agenda Regional de Género producto de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, en políticas, planes y programas nacionales, subnacionales y locales de igualdad, derechos de las mujeres y desarrollo sostenible.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.b Ratificar o aplicar los instrumentos de derechos humanos, revisar periódicamente y modificar, en caso de ser necesario, las leyes, políticas, planes, programas y protocolos a fin de armonizarlos con los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, igualdad de género y no discriminación, y asegurar que se respeten, protejan y garanticen los derechos de las mujeres en su diversidad e impedir retrocesos.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.c Modificar o armonizar el marco jurídico nacional incorporando el principio de igualdad y la prohibición de discriminación basada en el sexo establecida en los artículos 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.d Promulgar leyes y normativas integrales y específicas para la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, implementándolas en forma efectiva y plena, incluidas las que garanticen el derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.e Diseñar y ejecutar planes de igualdad de género, de despatriarcalización y de derechos de las mujeres con presupuesto intransferible, progresivo y suficiente y metas comprometidas en los distintos sectores y niveles de gobierno.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.f Incorporar la igualdad de género y los derechos de las mujeres transversalmente en los planes nacionales de desarrollo e instrumentos de planificación.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.g Establecer evaluaciones periódicas de manera preceptiva sobre la ejecución de los planes de igualdad de género existentes y modificar las políticas y programas incorporando las recomendaciones para superar los obstáculos para la implementación.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.h Diseñar e implementar protocolos de intervención integrales e intersectoriales, con enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad, que establezcan estándares de calidad para asegurar la no discriminación por razón de género y la adaptabilidad de los programas y servicios, que cuenten con una asignación de recursos nancieros intransferibles y su cientes, y que se utilicen en los diferentes niveles del Estado.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.i Eliminar todas las barreras legales e institucionales para el acceso efectivo e igualitario de las mujeres a la justicia, sin discriminación, garantizando la participación, la transparencia, la independencia y la atención oportuna y de calidad, con personal especializado y reparación integral del daño en caso de violación de sus derechos a efectos de poner fin a la impunidad.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.j Asegurar que las leyes, los reglamentos y los protocolos incorporen mecanismos y procedimientos para garantizar la exigibilidad de los derechos de las mujeres.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.k Adoptar leyes y normativas para garantizar el acceso igualitario de las mujeres al poder político, impulsando su participación paritaria en todos los espacios públicos.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.l Promover que la posición de los países de América Latina y el Caribe en los debates internacionales sobre políticas macroeconómicas, acuerdos comerciales, de inversión y financieros incorporen los compromisos de la Agenda Regional de Género y su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que, en particular, la posición sobre cuestiones de desarrollo sostenible se comuniquen al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible por conducto del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

1. MARCO NORMATIVO: IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO 1.m Promover medidas, políticas y programas para la plena participación de los niños, los jóvenes y los hombres como aliados estratégicos para el logro de la igualdad de género, la promoción y la garantía de los derechos de las mujeres y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.

2. INSTITUCIONALIDAD: POLÍTICAS MULTIDIMENSIONALES E INTEGRALES DE IGUALDAD DE GÉNERO 2.a Otorgar a los mecanismos para el adelanto de las mujeres jerarquía al más alto nivel, refrendada por el marco normativo, para cumplir, en uso de sus competencias, con su función de entes rectores y gestores de las políticas de igualdad de género, derechos y autonomía de las mujeres, y asegurar que los procesos de transversalización de la igualdad de género permeen toda la estructura del Estado.

2. INSTITUCIONALIDAD: POLÍTICAS MULTIDIMENSIONALES E INTEGRALES DE IGUALDAD DE GÉNERO 2.b Fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres con recursos humanos, técnicos, políticos, administrativos y financieros suficientes y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, prestando especial atención a los niveles subnacional y local.

2. INSTITUCIONALIDAD: POLÍTICAS MULTIDIMENSIONALES E INTEGRALES DE IGUALDAD DE GÉNERO 2.c Impulsar la creación y consolidación de las instancias para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en los ministerios sectoriales (incluidos los ministerios de administración pública, cuando existen), organismos descentralizados, gobiernos subnacionales, municipales y locales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, dotándolas de recursos humanos, técnicos y políticos, así como de un presupuesto específico.

2. INSTITUCIONALIDAD: POLÍTICAS MULTIDIMENSIONALES E INTEGRALES DE IGUALDAD DE GÉNERO 2.d Establecer instancias gubernamentales permanentes de coordinación intersectorial e interinstitucional, con mandato, división de tareas, asignación de recursos y planes de trabajo específicos, especialmente entre los mecanismos para el adelanto de las mujeres y las unidades centrales de planificación y presupuestación, para participar en el diseño y la ejecución de los planes de desarrollo y presupuestos públicos, incorporando la perspectiva de género en la planificación y presupuestación nacional, subnacional y local.

2. INSTITUCIONALIDAD: POLÍTICAS MULTIDIMENSIONALES E INTEGRALES DE IGUALDAD DE GÉNERO 2.e Asegurar la coordinación permanente, a través de la Secretaría Técnica de la Conferencia, entre la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los órganos subsidiarios de la CEPAL y el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible para el seguimiento articulado de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en concordancia con sus respectivos mandatos.

3. PARTICIPACIÓN POPULAR Y CIUDADANA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LAS SOCIEDADES 3.a Apoyar el liderazgo de las mujeres en organizaciones sociales y políticas, impulsando la participación democrática paritaria, el fortalecimiento institucional y las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres y feministas, y en particular el liderazgo de las adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres que viven con VIH/SIDA, mujeres con discapacidad y personas LGBTI, respetando sus expresiones organizativas.

3. PARTICIPACIÓN POPULAR Y CIUDADANA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LAS SOCIEDADES 3.b Establecer mecanismos que garanticen la inclusión paritaria de la diversidad de mujeres en los espacios de poder público de elección popular y designación en todas las funciones y niveles del Estado.

3. PARTICIPACIÓN POPULAR Y CIUDADANA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LAS SOCIEDADES 3.d Establecer o fortalecer los mecanismos de participación ciudadana efectivos, institucionalizados, permanentes y representativos de la diversidad de organizaciones de la sociedad civil para garantizar su contribución en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres, especialmente las políticas macroeconómicas, productivas y de desarrollo sostenible, y las políticas de mitigación y respuesta ante el efecto de fenómenos climáticos adversos, de gestión del riesgo de desastres y de fortalecimiento de la resiliencia a nivel regional, nacional, subnacional y local.

3. PARTICIPACIÓN POPULAR Y CIUDADANA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LAS SOCIEDADES 3.e Fomentar el desarrollo de plataformas de participación y consulta en línea para la participación ciudadana de todas las personas y grupos en la toma de decisiones, especialmente de las y los jóvenes y de las mujeres de todas las edades, afrodescendientes, y las que viven en comunidades rurales, indígenas ,étnicas, o alejadas de las estructuras de toma de decisión, garantizando un acceso igualitario a la información y las consultas de base amplia.

3. PARTICIPACIÓN POPULAR Y CIUDADANA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LAS SOCIEDADES 3.f Asignar presupuesto suficiente para el funcionamiento de mecanismos de control social y rendición de cuentas, observatorios y otros instrumentos, y para la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en particular de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas de todas las edades.

3. PARTICIPACIÓN POPULAR Y CIUDADANA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LAS SOCIEDADES 3.g Promover espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de los movimientos de mujeres y feministas, en el marco de los organismos de integración regional y los órganos intergubernamentales regionales y mundiales, como la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe y otros órganos subsidiarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Población y Desarrollo, el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y el Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo.

3. PARTICIPACIÓN POPULAR Y CIUDADANA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LAS SOCIEDADES 3.h Trabajar para la creación de un fondo regional de apoyo a las organizaciones de mujeres y feministas, tomando en consideración los aportes de la sociedad civil.

4. CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESTATALES: GESTIÓN PÚBLICA BASADA EN LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 4.a Diseñar e implementar planes de formación y capacitación continua en materia de igualdad de género, derechos de las mujeres, interseccionalidad e interculturalidad en todas las instituciones públicas, en especial el sistema de justicia, las fuerzas de seguridad y los sectores de salud y educación, y en alianza con centros académicos, organizaciones feministas y organizaciones internacionales con el fin de garantizar recursos humanos idóneos en el diseño e implementación de políticas sectoriales y transversales de género en todo el territorio nacional.

4. CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESTATALES: GESTIÓN PÚBLICA BASADA EN LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 4.b Incorporar en los programas de formación continua del funcionariado público capacitación en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, interseccionalidad e interculturalidad, y valorar dicha formación en el desarrollo y promoción de la carrera funcional.

4. CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESTATALES: GESTIÓN PÚBLICA BASADA EN LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 4.c Diseñar e implementar estrategias de capacitación continua, gestión y evaluación para construir una cultura organizacional abierta a las políticas de género, interseccionales e interculturales.

4. CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESTATALES: GESTIÓN PÚBLICA BASADA EN LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 4.d Diseñar procesos de formación específicos para fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres de todas las edades a fin de lograr su participación paritaria en los espacios de toma de decisión y, en particular, en cargos de alta jerarquía, directivos y técnicos.

4. CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESTATALES: GESTIÓN PÚBLICA BASADA EN LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 4.e Implementar programas regionales (presenciales y virtuales) de intercambio de experiencias y de formación y creación de capacidades sobre la Agenda Regional de Género, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los indicadores de los ODS y la planificación para el desarrollo, con el apoyo de la CEPAL.

5. FINANCIAMIENTO: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES Y SOSTENIBLES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 5.a Diseñar, implementar y evaluar las políticas macroeconómicas, y especialmente las políticas fiscales (ingresos, gastos e inversión), desde un enfoque de igualdad de género y derechos humanos, salvaguardando los avances alcanzados y movilizando los máximos recursos disponibles.

5. FINANCIAMIENTO: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES Y SOSTENIBLES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 5.b Estimar las necesidades presupuestarias de las diferentes dependencias del Estado vinculadas con el cumplimiento de la Agenda Regional de Género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible utilizando ejercicios de estimación de gastos con perspectiva de género, e identificar las fuentes de financiamiento público disponibles y potenciales que respondan a las necesidades económicas y sociales de cada país.

5. FINANCIAMIENTO: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES Y SOSTENIBLES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 5.c Impulsar y adoptar políticas fiscales progresivas y destinar presupuestos con enfoque de género para garantizar recursos suficientes, intransferibles, sostenibles y que cubran todos los niveles y ámbitos de política pública orientada a revertir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres.

5. FINANCIAMIENTO: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES Y SOSTENIBLES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 5.d Asegurar que las medidas de ajuste fiscal o de recortes presupuestarios dirigidas a enfrentar las situaciones de desaceleración económica se adecuen a los principios de derechos humanos y de no discriminación, considerando que dichas medidas cubran excepcionalmente el período de crisis y sean de carácter temporal, y evitando especialmente la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados que enfrentan las mujeres y la reducción del financiamiento y los presupuestos para las políticas de igualdad y los mecanismos para el adelanto de las mujeres.

5. FINANCIAMIENTO: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES Y SOSTENIBLES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 5.e Dar seguimiento a la evolución del monto, nivel, composición y desembolso de las asignaciones presupuestarias para las políticas orientadas a reducir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres, y difundir información sobre dichas asignaciones.

5. FINANCIAMIENTO: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES Y SOSTENIBLES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 5.f Asegurar que el sector privado, en particular el empresarial, contribuya de manera eficaz al financiamiento de emprendimientos de mujeres, al financiamiento de los servicios públicos y la protección social a través del pago de impuestos progresivos, y que el Estado evite la existencia de privilegios fiscales.

5. FINANCIAMIENTO: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES Y SOSTENIBLES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 5.g Implementar estudios de impacto de género de las políticas fiscales antes y después de su aplicación, asegurando que estas no tengan un efecto negativo explícito o implícito sobre la igualdad de género, los derechos y la autonomía de las mujeres, por ejemplo, en la sobrecarga del trabajo no remunerado y de cuidados o en los niveles de pobreza de las mujeres.

5. FINANCIAMIENTO: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES Y SOSTENIBLES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 5.h Fortalecer la cooperación regional para combatir la evasión y la elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos, y mejorar la recaudación fiscal de los grupos que concentran los niveles más altos de ingreso y riqueza a través del impuesto a la renta corporativa, los impuestos a la riqueza y a las propiedades, entre otros, y así disponer de mayores recursos para las políticas de igualdad de género.

5. FINANCIAMIENTO: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES Y SOSTENIBLES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 5.i Instar a los organismos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano a garantizar los recursos suficientes a sus mecanismos de género para la plena implementación de las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres.

5. FINANCIAMIENTO: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS SUFICIENTES Y SOSTENIBLES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 5.j Destinar recursos financieros suficientes para la construcción y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los recursos humanos, en particular de los países pequeños altamente endeudados del Caribe, con miras a la plena y efectiva implementación de las políticas de derechos de las mujeres e igualdad de género.

6. COMUNICACIÓN: ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CAMBIO CULTURAL 6.a Diseñar e implementar planes de comunicación para la difusión sistemática de los acuerdos, compromisos y obligaciones de los Estados de América Latina y el Caribe con los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la igualdad de género, y su articulación con prioridades mundiales, nacionales, subnacionales y locales, dirigidos al funcionariado público, la sociedad civil, el sector académico, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, que cuenten con recursos asignados y mediciones de impacto.

6. COMUNICACIÓN: ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CAMBIO CULTURAL 6.b Establecer planes de comunicación, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), dirigidos a diferentes públicos específicos, para la difusión continua de la legislación y reglamentación de las políticas orientadas a eliminar las desigualdades de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

6. COMUNICACIÓN: ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CAMBIO CULTURAL 6.c Realizar campañas de comunicación continuas, orientadas al cambio cultural para la igualdad de género en todos los ámbitos y basadas en estudios cuantitativos y cualitativos.

7. TECNOLOGÍA: HACIA EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y ECONOMÍAS INNOVADORAS E INCLUSIVAS 7.a Diseñar y hacer evaluaciones ex ante y ex post en forma periódica de los efectos de la aplicación de las tecnologías en relación con la igualdad de género en áreas como el empleo femenino, la salud, la protección de los saberes ancestrales de las mujeres indígenas y de distintos grupos étnico-raciales, el acoso y la violencia por medios tecnológicos, los recursos naturales y los modos de producción.

7. TECNOLOGÍA: HACIA EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y ECONOMÍAS INNOVADORAS E INCLUSIVAS 7.b Formular e implementar las políticas de gobierno electrónico con un enfoque de género, interseccionalidad e interculturalidad aumentando la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, el acceso a la información, la transparencia, la utilización de datos abiertos, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y asegurando la confidencialidad y la protección de los datos de usuarios y usuarias.

7. TECNOLOGÍA: HACIA EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y ECONOMÍAS INNOVADORAS E INCLUSIVAS 7.c Incorporar el enfoque de igualdad de género, interseccionalidad, interculturalidad e intergeneracionalidad en el diseño y la aplicación de las agendas digitales y las estrategias nacionales para la innovación y las TIC.

7. TECNOLOGÍA: HACIA EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y ECONOMÍAS INNOVADORAS E INCLUSIVAS 7.d Diseñar y llevar a la práctica programas específicos para cerrar las brechas de género en el acceso, el uso y las habilidades en materia de ciencia, tecnología e innovación, y fomentar la participación paritaria de las mujeres en este ámbito.

7. TECNOLOGÍA: HACIA EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y ECONOMÍAS INNOVADORAS E INCLUSIVAS 7.e Impulsar, en el marco del Mecanismo de Facilitación de la Tecnología de las Naciones Unidas, compromisos para el acceso, el intercambio, la transferencia y la difusión de tecnología en condiciones favorables, concesionales y preferenciales, y fomentar evaluaciones multidimensionales para asegurar la transferencia de tecnologías seguras, socialmente apropiadas, sostenibles desde el punto de vista ambiental y en consonancia con los compromisos sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género.

8. COOPERACIÓN: HACIA UNA GOBERNANZA MULTILATERAL DEMOCRÁTICA 8.a Armonizar la normativa a nivel regional teniendo en cuenta los derechos humanos de las mujeres, y evaluar los efectos extraterritoriales de la legislación y las políticas que se adoptan, a fin de responder a fenómenos de carácter transnacional como la migración, la trata de mujeres y niñas, el tráfico ilícito de migrantes, la delincuencia organizada internacional, el tráfico de drogas, los desplazamientos forzados y las situaciones de refugio, las cadenas globales de valor y las cadenas globales de cuidados, la volatilidad financiera, la concentración de la riqueza, el cambio climático, la portabilidad de las pensiones y los derechos de las mujeres indígenas, afrodescendientes, de etnias diversas y originarias.

8. COOPERACIÓN: HACIA UNA GOBERNANZA MULTILATERAL DEMOCRÁTICA 8.b Implementar acuerdos de cooperación para el desarrollo entre países y subregiones, en especial frente a eventos naturales extremos u otras situaciones críticas, en materia técnica, científica, financiera y de estándares laborales y de derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales de las mujeres.

8. COOPERACIÓN: HACIA UNA GOBERNANZA MULTILATERAL DEMOCRÁTICA 8.d Fortalecer la articulación de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe con los mecanismos de género del sistema interamericano y los bloques de integración regional y subregional para asegurar la sinergia en la implementación y el seguimiento de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

8. COOPERACIÓN: HACIA UNA GOBERNANZA MULTILATERAL DEMOCRÁTICA 8.f Promover la cooperación y el apoyo destinados a los países de renta media, en particular los países altamente endeudados y vulnerables del Caribe, a través de la definición de metodologías integrales para la clasificación de los países según el enfoque de brechas estructurales de desarrollo a fin de evaluar con mayor precisión e integralidad los niveles de desarrollo y las desigualdades de género.

8. COOPERACIÓN: HACIA UNA GOBERNANZA MULTILATERAL DEMOCRÁTICA 8.g Instar a los países desarrollados a fomentar el incremento de la asistencia oficial para el desarrollo no condicionada y planificada, de manera concertada, con recursos suficientes para el financiamiento de políticas de igualdad de género y el cumplimiento de la transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

8. COOPERACIÓN: HACIA UNA GOBERNANZA MULTILATERAL DEMOCRÁTICA 8.h Promover la representación de los países de América Latina y el Caribe, con una conformación paritaria de sus delegaciones, en las instituciones de gobernanza económica mundial que diseñan e implementan las normas internacionales en materia financiera, comercial y de deuda, y velar por que estas normas estén alineadas con los derechos humanos de las mujeres.

8. COOPERACIÓN: HACIA UNA GOBERNANZA MULTILATERAL DEMOCRÁTICA 8.i Explorar opciones para el alivio de la deuda de los países altamente endeudados y vulnerables del Caribe y promover soluciones para afrontar el sobreendeudamiento, garantizando recursos necesarios para implementar la Agenda Regional de Género y lograr el desarrollo sostenible.

9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: TRANSFORMAR DATOS EN INFORMACIÓN, INFORMACIÓN EN CONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO EN DECISIÓN POLÍTICA 9.a Establecer y fortalecer los sistemas estadísticos nacionales con enfoque de género. Para ello se debe mejorar la cobertura, calidad y periodicidad de las estadísticas sociodemográficas y económicas por medio de encuestas, censos y registros administrativos, utilizando clasificadores comunes que aseguren la comparabilidad.

9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: TRANSFORMAR DATOS EN INFORMACIÓN, INFORMACIÓN EN CONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO EN DECISIÓN POLÍTICA 9.c Desarrollar y fortalecer los instrumentos de medición sobre las desigualdades de género, como las encuestas de uso del tiempo, sobre violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, y uso de los espacios públicos, y asegurar su presupuestación y periodicidad.

9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: TRANSFORMAR DATOS EN INFORMACIÓN, INFORMACIÓN EN CONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO EN DECISIÓN POLÍTICA 9.d Diseñar e incorporar en los sistemas de información de la gestión pública indicadores que permitan medir el grado de compromiso con los derechos humanos de las mujeres y su garantía, distinguiendo indicadores estructurales, de proceso y de resultado y señales de progreso cualitativas.

9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: TRANSFORMAR DATOS EN INFORMACIÓN, INFORMACIÓN EN CONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO EN DECISIÓN POLÍTICA 9.e Establecer o fortalecer alianzas interinstitucionales entre organismos productores y usuarios de la información, en especial entre los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las oficinas nacionales de estadística, los centros académicos y las instituciones nacionales de derechos humanos.

9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: TRANSFORMAR DATOS EN INFORMACIÓN, INFORMACIÓN EN CONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO EN DECISIÓN POLÍTICA 9.g Fortalecer las capacidades estadísticas de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en América Latina y el Caribe con miras a incluir la perspectiva de género en todos los proyectos de generación o integración estadística.

9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: TRANSFORMAR DATOS EN INFORMACIÓN, INFORMACIÓN EN CONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO EN DECISIÓN POLÍTICA 9.i Profundizar el trabajo articulado entre la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y promover la cooperación entre países y la participación en los períodos de sesiones de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas.

10. MONITOREO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: GARANTÍA DE DERECHOS Y TRANSPARENCIA 10.a Crear sistemas de monitoreo o fortalecerlos, según criterios acordados, que, de forma integral y periódica, permitan evaluar el grado de implementación de las leyes y las normas, las políticas, los planes y programas sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres a escala regional, nacional y subnacional.

10. MONITOREO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: GARANTÍA DE DERECHOS Y TRANSPARENCIA 10.b Tomar en consideración la información disponible del monitoreo y la evaluación para establecer o fortalecer mecanismos de rendición de cuentas sobre los avances y el cumplimiento de la Agenda Regional de Género, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en particular sobre los presupuestos públicos en todos los niveles de la administración del gobierno.

10. MONITOREO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: GARANTÍA DE DERECHOS Y TRANSPARENCIA 10.c Promover la coordinación interinstitucional de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las instituciones nacionales de derechos humanos y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y del Protocolo de San Salvador para asegurar la complementariedad y no duplicación en el monitoreo y la evaluación de las políticas de igualdad de género y derechos de las mujeres.

10. MONITOREO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: GARANTÍA DE DERECHOS Y TRANSPARENCIA 10.d Asegurar que los informes que los países presentan ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sean más amplios y detallados y que respondan al cronograma establecido por las Naciones Unidas, y que se convoque a la sociedad civil para realizar el seguimiento y la evaluación de las políticas de que se informa, y las modificaciones legislativas acordes a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

10. MONITOREO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: GARANTÍA DE DERECHOS Y TRANSPARENCIA 10.e Informar a la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible del cumplimiento de los acuerdos y compromisos de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

10. MONITOREO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: GARANTÍA DE DERECHOS Y TRANSPARENCIA 10.f Dar cuenta de los avances y obstáculos regionales para la plena y efectiva implementación de la Agenda Regional de Género y sus sinergias con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los períodos de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

10. MONITOREO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: GARANTÍA DE DERECHOS Y TRANSPARENCIA 10.g Garantizar el acceso efectivo de las organizaciones de la sociedad civil a la información pública de modo que puedan cumplir con su papel de monitoreo de las políticas de igualdad y derechos humanos de las mujeres.

3. Reafirman el compromiso de transversalizar la perspectiva de género, la autonomía plena y los derechos de las mujeres plasmados en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas, indicadores y medios de implementación, y de asegurar que la agenda regional de género contribuya al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región;

9. Reconocen los mecanismos de participación y organización de los movimientos de mujeres y feministas y exhortan a los países a establecer o fortalecer mecanismos de participación ciudadana efectivos, institucionalizados, permanentes y representativos de la diversidad de organizaciones de la sociedad para garantizar su contribución en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de igualdad de género y derechos de las mujeres, especialmente las políticas macroeconómicas, productivas y de desarrollo sostenible, a nivel regional, nacional, subnacional y local;

10. Reafirman la voluntad de trabajar entre los países para la creación de un fondo regional de apoyo a organizaciones y movimientos de mujeres y feministas en el marco de la Estrategia de Montevideo en articulación con los mecanismos para el adelanto de las mujeres;

13. Exhortan también a los países a fortalecer la perspectiva de género en la planificación y los presupuestos nacionales y a reforzar sus habilidades y competencias técnicas para la implementación, el seguimiento y la rendición de cuentas de la agenda regional de género, con especial atención en el diseño y la puesta en marcha de estrategias de formación y capacitación de recursos humanos sobre la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas, que cubran los diferentes temas, niveles territoriales y modalidades de cursos;

14. Reafirman el compromiso de otorgar a los mecanismos para el adelanto de las mujeres jerarquía al más alto nivel y de fortalecerlos con recursos humanos, técnicos, políticos, administrativos y financieros suficientes y etiquetados, para cumplir con su función de entes rectores y gestores de las políticas de igualdad de género, los derechos y la autonomía de las mujeres, transversalizando la perspectiva de género en toda la estructura del Estado;

15. Reiteran el llamado a fortalecer el vínculo entre los mecanismos para el adelanto de las mujeres y las oficinas nacionales de estadística en el marco del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Género de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para producir, sistematizar y utilizar datos oficiales nacionales desagregados en los indicadores para el seguimiento de los compromisos internacionales, especialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a favorecer y apoyar la creación y el fortalecimiento de los observatorios de igualdad de género a nivel nacional;

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual;

C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos - 20. Desarrollar políticas a todo nivel (nacional, federal y local) tendientes a garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las potencialidades y la participación plena de las personas mayores, atendiendo a las necesidades de estímulos (intelectuales, afectivos y físicos) y contemplando la diferente situación de hombres y mujeres, con especial énfasis a los grupos más susceptibles de discriminación (personas mayores con discapacidad, carentes de recursos económicos y/o cobertura previsional y personas mayores que viven solas y/o no cuentan con redes de contención);

E. Igualdad de género - 55. Fortalecer la participación de mujeres en los puestos de toma de decisión y alto nivel de las empresas y la capacitación para hombres y mujeres en horarios compatibles con su vida familiar, y fomentar los liderazgos de mujeres empresarias;

E. Igualdad de género - 57. Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras;

E. Igualdad de género - 61. Garantizar la corresponsabilidad del Estado, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres y los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, integrando el cuidado en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios y beneficios que maximicen la autonomía y garanticen los derechos, la dignidad, el bienestar y el disfrute del tiempo libre para las mujeres;

G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 76. Construir territorios más articulados, integrados y cohesionados, mediante el diseño y ejecución de planes, políticas e instrumentos de gestión territorial y urbana gestados de manera participativa, con una visión centrada en las personas, dentro del marco de los derechos humanos y con perspectiva de género y un enfoque de sostenibilidad y gestión del riesgo ambiental;

G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 77. Promover el desarrollo y el bienestar de las personas de todos los territorios, sin ningún tipo de discriminación, incluido el pleno acceso a servicios sociales básicos, y la igualación de las oportunidades dentro de las ciudades, entre zonas urbanas y rurales, entre ciudades pequeñas, intermedias y grandes y entre población dispersa y la que habita en pequeños asentamientos rurales;

G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 78. Ampliar y perfeccionar los procesos de descentralización, desconcentración y planificación participativa en los ámbitos subnacionales y locales, favoreciendo la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios básicos, educación y salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva y la prevención de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres;

G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad - 79. Desarrollar programas que favorezcan la convivencia, la educación permanente, el ocio creativo, la salud mental y la seguridad ciudadana de la población en sus territorios para prevenir los actuales problemas sociales asociados entre otros, a la pobreza, la exclusión social, el consumo abusivo y el tráfico de drogas y la violencia de género

H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos - Reconociendo la necesidad de proteger y respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como la necesidad de una mayor protección para su desarrollo, por las formas de violencia a las que se somete a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres indígenas y personas mayores indígenas,

I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 94. Considerar las dinámicas demográficas y socioculturales particulares de las poblaciones afrodescendientes en el diseño y la aplicación de las políticas públicas, garantizando su plena participación, y el desarrollo de estadísticas desagregadas;

I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 97. Garantizar las políticas y programas para la elevación de las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes asegurando plenamente sus derechos, en particular los derechos sexuales y los derechos reproductivos;

J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y desarrollo - 103. Asegurar los recursos financieros y humanos suficientes para desarrollar sistemas integrados de información confiables, oportunos y de calidad, con perspectiva de género y desagregados territorialmente y por sexo, edad, raza, pertenencia étnica y condición socioeconómica, para la toma de decisiones y la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y programas de desarrollo;

J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y desarrollo - 107. Garantizar la efectiva participación de la sociedad civil y los movimientos sociales en la implementación, el monitoreo y la evaluación del Programa de Acción de El Cairo después de 2014, incorporando las medidas aquí acordadas;

 Considerando  Destacando las importantes contribuciones de la sociedad civil, otros actores no gubernamentales, organizaciones de mujeres y jóvenes y movimientos sociales a la implementación y seguimiento del Programa de Acción de El Cairo,

 Considerando  Considerando también que simultáneamente con el aumento de la población de personas mayores se prevé un incremento significativo de la demanda de cuidados por razones de salud y que se ha producido un desfase entre esta demanda y los marcos institucionales disponibles para atenderla, de manera que los Estados están transfiriendo esta responsabilidad a los hogares y provocando situaciones de mayor vulnerabilidad y sobrecarga en las labores asumidas tradicionalmente por las mujeres,

 Considerando  Reafirmando que la mortalidad materna es una afrenta a los derechos humanos y reconociendo que las muertes maternas en su abrumadora mayoría son prevenibles,

 Considerando  Preocupados por las elevadas tasas de muertes maternas, en gran medida debidas a la dificultad para acceder a servicios adecuados de salud sexual y salud reproductiva y a la realización de abortos inseguros, y conociendo que algunas experiencias en la región muestran que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos, todo lo cual aleja a los Estados del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

 Considerando  Reconociendo que, a pesar de los avances en la cobertura del tratamiento antirretroviral y en la disminución de la transmisión vertical del VIH, continúan vigentes desafíos en materia de conocimiento y prevención del VIH/SIDA, detección voluntaria oportuna, atención de las personas con VIH/SIDA y eliminación del estigma y la discriminación, que siguen siendo generalizados, en especial respecto de personas LGBT, las trabajadoras del sexo, las mujeres que viven con VIH/SIDA, las personas que usan drogas y otros grupos clave,

 Considerando  Ratificando el Consenso de Quito de 2007 y el de Brasilia de 2010 y la plena vigencia de sus compromisos, en particular aquellos vinculados con la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, la erradicación de la discriminación de género y la discriminación múltiple, la eliminación de la violencia y el fortalecimiento de las estructuras del Estado para promover el adelanto de las mujeres y la igualdad de género,

 Considerando  Conscientes de la persistente desigualdad de género en la distribución del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, del escaso reconocimiento y valoración social del rol de las mujeres en estas tareas y de que la dinámica demográfica tendrá efectos sobre las necesidades de cuidado,

 Considerando  Teniendo en cuenta que la paridad tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales, y que se observa todavía en la región una subrepresentación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones,

58. Reafirmar el compromiso y la voluntad política de América Latina y el Caribe, al más alto nivel, de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el femicidio/feminicidio y promover activamente la sensibilización sobre la implementación de la perspectiva de género entre los aplicadores de justicia;

 Considerando  Preocupados por los altos niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil que aún prevalecen entre los pueblos indígenas, particularmente entre las mujeres, niñas y adolescentes que residen en zonas rurales,

15. Profundizar el trabajo interinstitucional y las prácticas de cogestión en la implementación de políticas públicas de igualdad de género, fortaleciendo los mecanismos para el adelanto de las mujeres y los procesos de transversalización de la perspectiva de género en la gestión pública, desde la planificación hasta la evaluación, y contemplando presupuestos suficientes para todo el ciclo de las políticas públicas;

Medida prioritaria 11 Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos. 1. Lograr que todas las instituciones de educación pública y privada cuenten con programas de educación integral para la sexualidad acordes con el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y los estándares internacionales. 2. Aumentar el número y la proporción de niños y niñas, adolescentes y jóvenes que tienen información y conocimiento sobre los temas sexuales y reproductivos adecuados para sus respectivas edades. 3. Aumentar el número y la proporción de niños y niñas, adolescentes y jóvenes que toman decisiones informadas con autonomía acorde a su edad en materia sexual.

Medida prioritaria 13 Poner en práctica o fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes. - 1. Contar con un esquema institucional que favorezca la retención escolar de madres y embarazadas adolescentes y jóvenes. 2. Erradicar las barreras legales e institucionales que incentivan o causan la deserción escolar de madres y embarazadas adolescentes y jóvenes. 3. Incrementar el número de escuelas que cuentan con un esquema institucional que promueve y facilita la retención escolar de madres y embarazadas adolescentes y jóvenes. 4. Aumentar la proporción de adolescentes y jóvenes embarazadas o madres que permanecen en el sistema educativo.

Medida prioritaria 14 Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos. - 1. Satisfacer la demanda de anticoncepción de emergencia de adolescentes, incluidas las menores de 15 años, y jóvenes. 2. Reducir el embarazo durante la adolescencia. 3. Prevenir el embarazo antes de los 15 años. 4. Prevenir los abortos inseguros entre las adolescentes, incluidas las menores de 15 años.

Medida prioritaria 15 Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia. - 1. Desplegar efectiva y coordinadamente estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia. 2. Incrementar el acceso de madres adolescentes a servicios integrales de atención, apoyo, consejería y provisión de anticonceptivos para prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia. 3. Reducir el embarazo subsiguiente en la adolescencia.

Medida prioritaria 16 Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño. - 1. Contar con leyes, estrategias, políticas y programas intersectoriales dirigidos a prevenir la violencia y a fomentar la sana convivencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 2. Disponer de servicios de salud capacitados para detectar y atender de manera integral las situaciones de violencia sexual. 3. Contar con un sistema integral de educación contra la violencia, incluida la violencia basada en género y el abuso sexual. 4. Prevenir e interrumpir la violencia hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 5. Prevenir la violencia cometida por niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Medida prioritaria 17 Garantizar también datos estadísticos confiables, desagregados por sexo, edad, condición migratoria, raza, etnia, variables culturales y ubicación geográfica en materia de educación, salud, en particular salud sexual y salud reproductiva, empleo y participación de adolescentes y jóvenes. - 1. Contar con registros vitales cabales, oportunos y de calidad. 2. Disponer de estadísticas regulares sobre educación, sexualidad, empleo, participación y otros temas atinentes al grupo de referencia. 3. Contar con encuestas regulares de niñez, adolescencia y juventud, y de demografía y salud. 4. Contar con sistemas nacionales de información, en que se integren las diferentes fuentes y se usen códigos comunes, por ejemplo los de georreferenciación, y que permitan desagregaciones según criterios sociales y territoriales. 5. Contar con instrumentos de consulta y procesamiento en línea de las bases de datos oficiales, incluidas las censales.

Medida prioritaria 18 Formular políticas con perspectiva de género que aseguren un envejecimiento de calidad, tanto para las personas que viven en las ciudades como en el campo y la selva.

Medida prioritaria 22 Erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, incluyendo todas las formas de violencia contra mujeres y hombres mayores, teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados con respecto a un envejecimiento con dignidad y derechos. - 1. Lograr que la sociedad tome conciencia acerca de la discriminación por edad y múltiple que afecta a las personas mayores. 2. Contar con procedimientos y protocolos para brindar un trato preferente y preferencial a las personas mayores. 3. Lograr que todos los funcionarios públicos conozcan y hayan adquirido el compromiso de cumplir con sus obligaciones de no discriminación de las personas mayores.

Medida prioritaria 32 Ampliar los sistemas de protección y seguridad social, con perspectiva de género, incorporando a las mujeres que han dedicado sus vidas al trabajo productivo, trabajadoras domésticas, mujeres rurales y trabajadoras informales. - 1. Contar con sistemas de protección y seguridad social con una perspectiva de género, que incorporan a las mujeres que han dedicado sus vidas al trabajo productivo, trabajadoras domésticas, mujeres rurales y trabajadoras informales.

Medida prioritaria 37 Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos. - 1. Lograr que toda la población conozca los elementos básicos de la normatividad que garantizan el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. 2. Conseguir que todos los prestadores de servicios conozcan la legislación y las normas que garantizan el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. 3. Lograr que toda la población tenga acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva oportunos, de calidad y concordantes con sus condiciones, necesidades y requerimientos específicos. 4. Lograr que el aseguramiento en salud abarque el acceso gratuito a insumos y a la atención de la salud sexual y la salud reproductiva.

Medida prioritaria 39 Fortalecer las medidas de detección del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas, y de prevención de la transmisión vertical del virus. - 1. Lograr que todas las mujeres embarazadas o que planean un embarazo, puérperas y que están dando lactancia tengan acceso al examen de diagnóstico y conozcan su estado serológico en relación con el VIH/SIDA, en el caso de las embarazadas en el primer trimestre de gestación. 2. Lograr que todas las mujeres embarazadas, en período de puerperio o que están dando lactancia y que viven con el VIH reciban tratamiento. 3. Reducir a cero la incidencia del VIH en recién nacidos. 4. Reducir a cero las muertes maternas por el VIH. 5. Lograr que todas las mujeres que viven con el VIH tengan acceso a información sobre su salud sexual y reproductiva, y sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Medida prioritaria 40 Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños. - 1. Tener programas y servicios de salud materna a escala local (en todos los municipios). 2. Reducir a cero las muertes maternas por causas evitables y reducir a una cifra cercana a cero las muertes maternas por otras causas. 3. Reducir la razón de mortalidad materna por lo menos en dos terceras partes de la línea de base de 2010 para 2030 (tasa de reducción anual de un 5,5%).

Medida prioritaria 42 Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos. - 1. Reducir a cero la morbilidad y la mortalidad materna debida al aborto. 2. Contar con normas y protocolos que permiten el uso de medicamentos de aborto médico para todas las indicaciones de aborto en el marco de la ley. 3. Contar en todos los centros de salud (incluidos los de la atención primaria) con protocolos actualizados de servicios para la interrupción voluntaria del embarazo (en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional o local). 4. Contar en todos los centros de salud (incluidos los de la atención primaria) con protocolos para la atención de las complicaciones del aborto inseguro, y con materiales, insumos y proveedores debidamente entrenados para la prestación del servicio.

Medida prioritaria 43 Asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida. - 1. Haber implementado en todos los centros de atención primaria protocolos actualizados de cuidados obstétricos y neonatales esenciales con adecuación cultural. 2. Alcanzar la cobertura universal de servicios institucionales de salud materna. 3. Alcanzar la cobertura universal de atención de la infertilidad y la subfertilidad en la población que así lo requiera.

Medida prioritaria 44 Garantizar el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia. - 1. Lograr que todos los centros de atención primaria hayan implementado protocolos de información y consejería con enfoque intercultural sobre métodos de planificación familiar. 2. Reducir a cero la demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar. 3. Asegurar el acceso universal a la anticoncepción oral de emergencia.

Medida prioritaria 46 Garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todos y todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.

Medida prioritaria 47 Cumplir con el compromiso de fortalecer los mecanismos institucionales para la construcción de políticas de desarrollo con igualdad que garanticen la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, dotándolos de autonomía y recursos humanos y financieros que les permitan incidir en forma transversal en la estructura del Estado, reconociendo el papel estratégico que desempeñan y elevándolos al más alto nivel. - 1. Garantizar que las instituciones que impulsan las políticas públicas para la igualdad de género cuenten con presupuesto y medios para asegurar la implementación, en los distintos sectores, de las medidas contenidas en esas políticas. 2. Otorgar a los mecanismos para el desarrollo de la mujer el más alto nivel jerárquico dentro de la estructura del Estado. 3. Instaurar oficinas o unidades de igualdad de género para el desarrollo de las mujeres en los gobiernos municipales y locales. 4. Transversalizar el enfoque de género en los distintos sectores y políticas.

Medida prioritaria 48 Cumplir con el compromiso de incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público y en las tomas de decisiones de alto nivel. - 1. Alcanzar la participación igualitaria de hombres y mujeres en los tres poderes del Estado.

Medida prioritaria 49 Tomar medidas para promover y fortalecer la elaboración, implementación y rendición de cuentas de presupuestos sensibles al género, para lograr la igualdad de acceso a los gastos del sector público, la inclusión de principios de igualdad de género en las distintas etapas de planificación, la presupuestación y la satisfacción de necesidades sociales específicas de hombres y mujeres. - 1. Incorporar el enfoque de igualdad de género en los presupuestos gubernamentales de los distintos sectores. 2. Asignar recursos específicos para la igualdad de género en los presupuestos gubernamentales. 3. Asegurar que los mecanismos para el empoderamiento de la mujer cuenten con los recursos necesarios para su autonomía financiera.

Medida prioritaria 50 Cumplir con el compromiso de promover y asegurar la aplicación de la perspectiva de género y su intersección con la raza, la etnia, la edad, la clase social y la condición de discapacidad en todas las políticas públicas, especialmente aquellas de orden económico y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales, organizaciones de mujeres afrodescendientes, indígenas y jóvenes para garantizar la igualdad de género.

Medida prioritaria 51 Promover la paridad y otros mecanismos que garanticen el acceso al poder en los sistemas electorales, como una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, que afecta sobre todo a aquellas en condición de vulnerabilidad, a través de la capacitación a mujeres líderes. - 1. Contar con las instancias de capacitación a mujeres líderes necesarias para avanzar en la implementación de la agenda de igualdad de género. 2. Contar con normas que garanticen la paridad y el acceso al poder de las mujeres.

Medida prioritaria 52 Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos. - 1. Reconocer el acoso político y administrativo como un delito. 2. Erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión.

Medida prioritaria 53 Desarrollar y fortalecer las políticas y servicios universales de cuidado que estén basados en los estándares más altos de los derechos humanos, con perspectiva de igualdad de género y generacional, que promuevan la prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y que faciliten el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas. - 1. Lograr la cobertura universal de los servicios de cuidado para las personas que lo requieran. 2. Integrar las actividades de cuidado en los sistemas de protección social. 3. Lograr la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en la prestación de servicios de cuidado no remunerados. 4. Contar con servicios profesionales de cuidado reglamentados.

Medida prioritaria 54 1. Lograr la cobertura universal de los servicios de cuidado para las personas que lo requieran. 2. Integrar las actividades de cuidado en los sistemas de protección social. 3. Lograr la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en la prestación de servicios de cuidado no remunerados. 4. Contar con servicios profesionales de cuidado reglamentados. - 1. Eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. 2. Alcanzar la participación igualitaria de hombres y mujeres en actividades productivas y reproductivas.

Medida prioritaria 55 Fortalecer la participación de mujeres en los puestos de toma de decisión y alto nivel de las empresas y la capacitación para hombres y mujeres en horarios compatibles con su vida familiar, y fomentar los liderazgos de mujeres empresarias. - 1. Elevar la participación de mujeres en puestos de alto nivel de las empresas.

Medida prioritaria 56 Establecer mecanismos de prevención, presentación de quejas y sanción de las prácticas de hostigamiento y acoso sexual y laboral, así como otras formas de asedio y violencia contra las mujeres y los hombres, especialmente en el espacio laboral y educativo.

Medida prioritaria 57 Hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven con VIH/SIDA, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en las zonas de frontera, solicitantes de refugio y victimas de trata, entre otras.

Medida prioritaria 58 Reafirmar el compromiso y la voluntad política de América Latina y el Caribe, al más alto nivel, de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el femicidio/feminicidio y promover activamente la sensibilización sobre la implementación de la perspectiva de género entre los aplicadores de justicia.

Medida prioritaria 61 Garantizar la corresponsabilidad del Estado, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres y los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, integrando el cuidado en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios y beneficios que maximicen la autonomía y garanticen los derechos, la dignidad, el bienestar y el disfrute del tiempo libre para las mujeres.

Medida prioritaria 62 Mejorar los sistemas de estadística y los indicadores oficiales y registros administrativos, incorporando la perspectiva de género y avanzando en el reconocimiento del aporte económico y social de las mujeres en el desarrollo de las sociedades. - 1. Lograr que todos los sistemas de estadísticas y registros administrativos pertinentes cuenten con informaciones desagregadas por sexo según otras variables en temas prioritarios para la política pública de igualdad de género. 2. Contar con indicadores oficiales para monitorear el avance hacia la igualdad de género. 3. Difundir y utilizar ampliamente la información estadística producida por las oficinas de gobierno para impulsar e implementar políticas públicas de igualdad de género.

Medida prioritaria 63 Fortalecer la capacidad de los países para elaborar y difundir estadísticas de género necesarias para la formulación de políticas públicas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.

Medida prioritaria 65 Poner en marcha, con el apoyo de todas las tecnologías disponibles, servicios, programas y respuestas multisectoriales integrales e integrados, coordinados, interdisciplinarios, accesibles y sostenibles en todos los niveles, destinados a las mujeres, que incluyan la atención especializada y confidencial de los casos de violencia, que cuenten con recursos adecuados y que reúnan instancias tales como policía, sector justicia, atención en salud integral, incluida la salud sexual y la salud reproductiva, los servicios médicos y psicológicos y asesoramiento, así como opciones de formación y generación de ingresos, para promover la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones.

Medida prioritaria 72 Proteger decididamente los derechos humanos, evitando toda forma de criminalización de la migración, garantizando el acceso a servicios sociales básicos, de educación y de salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva cuando corresponda, para todas las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria, prestando particular atención a los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, entre ellos, los menores no acompañados, las personas que se desplazan en situación irregular, las mujeres víctimas de la violencia, las víctimas de trata, las repatriadas y las que se desplazan forzadamente buscando refugio.

Medida prioritaria 73 Dar prioridad, en cada país, al fortalecimiento de los canales de coordinación intersectorial y, entre los países, al reforzamiento de los mecanismos de cooperación intergubernamental, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas migrantes, independiente de su condición migratoria, con una perspectiva basada de género.

Medida prioritaria 76 Construir territorios más articulados, integrados y cohesionados, mediante el diseño y ejecución de planes, políticas e instrumentos de gestión territorial y urbana gestados de manera participativa, con una visión centrada en las personas, dentro del marco de los derechos humanos y con perspectiva de género y un enfoque de sostenibilidad y gestión del riesgo ambiental.

Medida prioritaria 78 Ampliar y perfeccionar los procesos de descentralización, desconcentración y planificación participativa en los ámbitos subnacionales y locales, favoreciendo la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios básicos, educación y salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva y la prevención de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.

Medida prioritaria 79 Desarrollar programas que favorezcan la convivencia, la educación permanente, el ocio creativo, la salud mental y la seguridad ciudadana de la población en sus territorios para prevenir los actuales problemas sociales asociados entre otros, a la pobreza, la exclusión social, el consumo abusivo y el tráfico de drogas y la violencia de género.

Medida prioritaria 81 Planificar y ordenar el desarrollo territorial y urbano, con perspectiva de derechos humanos y de género, formulando políticas de movilidad, asentamiento de la población y localización de actividades que consideren entre sus objetivos evitar el uso de zonas vulnerables y protegidas, y prevenir y mitigar el impacto de los desastres socioambientales y combatir la vulnerabilidad ambiental de las personas y comunidades de grupos étnicos y raciales discriminados, así como la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

Medida prioritaria 84 Promover la utilización del análisis sociodemográfico georreferenciado, desagregado por sexo, raza y etnia, para mejorar la planificación territorial y la gestión del riesgo ambiental.

Medida prioritaria 87 Garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como el derecho a sus propias medicinas tradicionales y sus prácticas de salud, sobre todo en lo que se refiere a la reducción de la mortalidad materna e infantil, considerando sus especificidades socioterritoriales y culturales, así como los factores estructurales que dificultan el ejercicio de este derecho.

Medida prioritaria 89 Adoptar las medidas necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, para garantizar que mujeres, niños, niñas y adolescentes y jóvenes indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación, y tomar medidas para asegurar la restitución de derechos.

Medida prioritaria 93 Abordar las desigualdades de género, raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones de estas dimensiones en las situaciones de discriminación que sufren las mujeres y especialmente, las jóvenes afrodescendientes.

Medida prioritaria 95 Garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las personas afrodescendientes, en particular la salud sexual y la salud reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes, tomando en cuenta sus especificidades socioterritoriales y culturales, así como los factores estructurales, como el racismo, que dificultan el ejercicio de sus derechos.

Medida prioritaria 97 Garantizar las políticas y programas para la elevación de las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes asegurando plenamente sus derechos, en particular los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Medida prioritaria 98 Generar conocimiento e información confiable y oportuna con perspectiva de género y desagregado por sexo, edad y condición socioeconómica, entre otras variables, sobre las poblaciones afrodescendientes, a través de procesos participativos, atendiendo los requerimientos y las recomendaciones internacionales relativas al asunto.

11. Reconoce el papel fundamental que las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas han tenido en el seguimiento histórico del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y en la concreción y el seguimiento del Consenso de Montevideo;

23. Insta a los países a continuar con las acciones orientadas a romper con las barreras que perpetúan la desigualdad y las brechas de género, especialmente en el trabajo no remunerado, incluido el doméstico y de cuidado, dedicando los máximos esfuerzos a erradicar la violencia de género, en particular el feminicidio, y la violencia contra las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y las personas mayores;

 Considerando  CONSTATAMOS en todos los países importantes avances en la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad económica y social, aunque persisten desafíos comunes para forjar una auténtica integración regional y el desarrollo de nuestros países.

Erradicar la pobreza y reducir las desigualdades económicas y sociales.

Reducir en un tercio la pobreza extrema monetaria.

Reducir en al menos un 40% la pobreza total monetaria.

Reducir en al menos 10% el coeficiente de Gini del ingreso per cápita de los hogares.

Reducir a la mitad la incidencia de la pobreza monetaria de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Garantizar la protección y promoción de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Erradicar las formas delictivas y peligrosas del trabajo infantil.

Reducir en un 50% los casos de violencia de género y generacional.

Incrementar en 80% la tasa de atención de las personas con discapacidad y adultos mayores y en 80% la ocupación de las personas con discapacidad.

Alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria.

Reducir en 10 puntos porcentuales el porcentaje de población con sobrepeso y obesidad.

Incrementar en 50% la participación de la producción de la subregión andina en la disponibilidad de alimentos básicos.

Garantizar la salud de la población con acceso universal a servicios de salud de calidad.

Incrementar a 100% la cobertura de los servicios de salud.

Reducir la transmisión del VIH de madres a hijo a menos del 2% y la incidencia de sífilis congénita a menos de 0.5 casos por 1,000 nacidos vivos.

Mantener la letalidad por dengue grave a menos del 2%.

Disminuir en al menos un tercio la mortalidad prematura por Enfermedades no Transmisibles (ENT) en el grupo etáreo entre 30 y 70 años.

Reducir en un tercio el porcentaje de embarazo adolescente.

Garantizar la educación universal de la población con calidad, equidad y el uso de tecnologías de información.

Erradicar el analfabetismo.

Lograr la cobertura universal de educación primaria y secundaria e incrementar en 50% la cobertura de educación inicial.

Mejorar en 50% el desempeño en matemáticas y comprensión lectora.

Incrementar en 80% el número de escuelas con conectividad a Internet.

Promover el pleno empleo, la inclusión económica y productiva y el trabajo digno y decente.

Reducir en 10 puntos porcentuales la población subempleada.

Reducir en un tercio la tasa de desempleo.

Incrementar en 50% la cobertura de la seguridad social de la PEA Ocupada.

Reducir las inequidades sociales que afectan a los indígenas y afrodescendientes promoviendo su participación.

Mejorar en un 50% el acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad) de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Alcanzar que el cien por ciento de la población indígena y afrodescendiente cuente con documento de identidad.

Afianzar la interculturalidad, la identidad andina y latinoamericana.

Mantener el uso del 100% de las lenguas vivas autóctonas.

Aumentar al 30% el acceso de la ciudadanía a los bienes patrimoniales y culturales.

Promover el desarrollo social en las áreas deprimidas predominantemente rurales y de frontera.

Reducir la tasa de pobreza y pobreza extrema monetaria en un 40% en el área rural.

Mejorar en un 50% el acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad) de las poblaciones de frontera.

Incrementar la inversión social.

Promover la prevención, gestión y reducción de los impactos del cambio climático y los desastres naturales sobre las poblaciones en situación de pobreza y alta vulnerabilidad.

Al menos del 70% de las poblaciones en situación de pobreza y alta vulnerabilidad están organizadas y capacitadas en prevención de los impactos sociales del cambio climático y los desastres naturales.

ESTRATEGIA ANDINA DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS Sumar esfuerzos y capacidades públicas, privadas y sociales, para posibilitar resultados consistentes y sostenibles en el objetivo de superar la pobreza y las desigualdades.

ESTRATEGIA ANDINA DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS Desarrollo de Programas y Proyectos Sociales comunitarios que contribuyena los objetivos.

ESTRATEGIA ANDINA DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación Horizontal entre los Países Andinos en el Área Social.

ESTRATEGIA ANDINA DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS Institucionalización del Sistema de Gestión Social Andina.

ESTRATEGIA ANDINA DE COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS Convergencia de Objetivos, Metas y Políticas Sociales que permitan avanzar en la Dimensión Social de la Integración Andina, Suramericana y Latinoamericana.

SALUDAMOS que en el marco de la celebración del Año Andino de la Integración Social se dé impulso a políticas para la igualdad, cohesión e integración social a nivel andino, suramericano y latinoamericano.

RESUELVEN 19. Reiterar nuestro compromiso de promover en las políticas del área social la consideración de los derechos sociales de las poblaciones móviles y en este marco, instruir a la SISCA que apoye la realización del proyecto regional UNFPA-LACRO "Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y prevención de la violencia de género en mujeres y jóvenes migrantes", ejecutándose en los países de: Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La reducción multicausal del embarazo adolescente.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La expansión de la cobertura y calidad de los servicios integrales de cuido.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La generación de estrategias y acciones que contribuyan a la disminución de las de brechas de género en la realización de tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: El fortalecimiento de la cobertura de la protección social, especialmente en territorios rezagados.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 2: Capacidad productiva para la generación de empleo docente, emprendimiento y empleabilidad, con enfoque sostenible. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La autonomía económica de las mujeres y el cierre de la brecha de inequidad de género en el mundo de trabajo.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 4: Gestión integral de la migración, bajo un enfoque de derechos y una óptica sistémica. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La atención humanitaria y la promoción de inclusión social de las personas emigrantes, con especial atención en mujeres, niñas, niños y adolescentes de la Región SICA en sus respectivos países de tránsito y destino, por medio de alianzas público-privadas y otros mecanismos.

2. ACCIONES SOCIALES PRIORITARIAS Acción 1: Erradicación de la desnutrición crónica infantil. La erradicación de la desnutrición crónica infantil en la región está directamente relacionada con lo expuesto en los ejes y lo trabajado por los grupos de trabajo del CSDS relacionados con esta temática. Los compromisos asumidos, asi como las acciones planificadas por los paises, están basados, con especial énfasis, en el desarrollo de la primera infancia, con el objetivo de promover condiciones favorables para su desarrollo pleno. Se deben recalcar tambien la atención de la primera infancia que, de no darse de manera adecuada, puede restringir las oportunidades del individuo y su familia, al no actuar sobre factores estructurales que generan la transmisión intergeneracional de la pobreza, la desigualdad y de las deficiencias en ei desarrollo fisico y mental.

2. ACCIONES SOCIALES PRIORITARIAS Acción 3: Lograr mayor inclusión económica, social y productiva considerardo, entre otros, el acceso a servicios públicos y la generación de oportunidades económicas y productivas. A los fines de promover y fortalecer este marco de acción, será necesario abordar como región suramericana los siguientes desafios: el fortalecimiento de las iniciativas de inclusión financiera; el impulso al desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura en zonas de frontera; la evaluación de iniciativas exitosas de la región en materia productiva; la promoción de programas de formación para equipos técnicos y actores de las iniciativas de la economía social, y/o solidaria y/o comunal; el fortalecimiento de la calidad y la escala en la producciön de los sectores de la economía social y/o solidaria y/o comunal; la generación de espacios para la comercialización.

Eje I: Pobreza y desigualdad social. La República del Ecuador solicitó modificar el plazo del 30 de diciembre de 2012 al primer trimestre de 2013, de las iniciativas a su cargo (1. Diseñar acciones concretas de seguridad social a nivel regionai y 2. Sistematizar buenas practicas en la erradicación de todo tipo de explotación de niñas, niños y adolescentes).

Eje IV: Participación ciudadana en el ambito del desarrolio social de la UNASUR. Se acordó trabajar las actividades de dicho eje a través de un equipo coordinador conformado por la República de Chile,la República de Colombia la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se acordó que la República Bolivariana de Venezuela presentara un proyecto de "intercambio de experiencias en materia de participación ciudadana'en febrero de 2013, a fin de considerar su financiamiento en el marco del Fondo de iniciativas Comunes de UNASUR.

Eje V: Cooperación regional para la implementación y financiarniento de las políticas sociales. La República Federativa del Brasil presentó la herramienta informática de la Matriz de Cooperachin de la UNASUR y propuso realizar una capacitación para el uso de la herramienta en febrero de 2013, destacando la importancia de designar los coordinadores nacionales hasta enero de 2013 así como mantener actualizados los datos de la matriz.

2.- Mesa de debate: En referencia al primer objetivo, las delegaciones reaiizaron una puesta a punto de los avances en materia de políticas de seguridad alimentaria y nutricional, y lucha contra el hambre de cada país parlicipante. Las mencionadas presentaciones dan continuidad y profundizan a las realizadas en la primera reunión del Grupo en el año 2011, demostrando nuevamente el rol central que tienen para los miembros de la UNASUR las poilticas se seguridad alirnentaria y nutricional, siendo parte central de las diferentes matrices de protección social y de la estrategia de desarrollo.

2.- Mesa de debate: En relación a los aportes del Grupo para la Agenda do Acciones Sociales Prioritarias del Consejo Suramericano de Desarrollo Social, se acordó elevar a consideración de la lnstancia Ejecutiva la siguiente propuesta: Promover acciones que faciliten el acceso suficiente y oportuno de alimentos sanos y de calidad que permitan garantizar el desarrollo bio-psico-social para el goce de una vida plena.

El Grupo Temático propone considerar siguientes aspectos para ser incluidos en la agenda de acciones sociales prioritarias: 3) Propiciar el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación que contribuyan a la consolidación de los sistemas agroalimentarios en concordancia con las políticas de seguridad alimentaria en cada Estado.

El Grupo Temático propone considerar siguientes aspectos para ser incluidos en la agenda de acciones sociales prioritarias: 4) Priorizar la acción del Estado en el combate al hambre y la malnutrición dirigida a la primera infancia, su contexto familiar y comunitario y los grupos en situación de vulnerabilidad.

El Grupo Temático propone considerar siguientes aspectos para ser incluidos en la agenda de acciones sociales prioritarias: 5) Impulsar estrategias de comunicación y educación alimentaria y nutricional.

En referencia al Plan de Acción para el Consejo Suramericano de Desarrollo Social se definieron cuatro líneas de acción: - Recopilación de las experiencias en torno a Seguridad Alimentaria y Nutricional de los países de la UNASUR, incluyendo las diferencias entre plataformas de integración regionales (MERCOSUR, CELAC, ALADI Y CAN). Coordinado por Colombia.

En referencia al Plan de Acción para el Consejo Suramericano de Desarrollo Social se definieron cuatro líneas de acción: - Recopilación de las experiencias en torno a la innovación tecnológica en sistemas productivos locales. Coordinado por Perú.

En referencia al Plan de Acción para el Consejo Suramericano de Desarrollo Social se definieron cuatro líneas de acción: - Recopilación de las experiencias en torno a Difusión y a promoción de prácticas saludables en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Coordinado por Argentina.

En referencia al Plan de Acción para el Consejo Suramericano de Desarrollo Social se definieron cuatro líneas de acción: - Proponer un Plan de Cooperación Técnica en tres temáticas: combate integral a la desnutrición, sistema nacional de seguridad alimentaria y programa Prohuertas. Coordinado por Ecuador, Brasil y Argentina respectivamente.

8. Fortalecer políticas sociales para la inclusión de grupos de población vulnerada urbana y rural, en particular jóvenes y mujeres migrantes e indígenas.

 Considerando  Reconociendo el imperativo de potenciar el rol protagónico de la juventud en el desarrollo de nuestras naciones y el compromiso de nuestros gobiernos en fomentar la igualdad de género, bajo el principio de la no discriminación, tanto como la cooperación, la justicia, la paz, la solidaridad y la equidad social

 Considerando  Comprometidos con las luchas por la búsqueda de reconocimiento de la diversidad sexual y el respeto de los derechos en cuestiones de orientación sexual, identidad de género y familia

 Considerando  Convencidos de que la erradicación de la pobreza, que afecta fundamentalmente a jóvenes y mujeres, es un imperativo actual de América Latina y el Caribe para dejar de ser la región más inequitativa del planeta

Construir y acompañar las políticas de inclusión de género y juventud a partir de sus protagonistas mediante la coordinación de los distintos niveles de gobierno y el fortalecimiento de las instancias públicas locales así como de la participación de las organizaciones y movimientos sociales

Incrementar y fomentar los espacios de participación de las mujeres en la planificación, ejecución y control social de las políticas públicas dirigidas a la población en general y particularmente las dirigidas a la garantía de los derechos de las mujeres, adoptando las medidas que sean necesarias, incluidos los cambios legislativos en todos los niveles del Poder Público

7. Enfrentar la problemática de la pobreza, la vulnerabilidad y la situación de grupos y poblaciones excluidas, incorporando la perspectiva de prevención de caída en situaciones de privación así como una perspectiva de universalidad en la provisión de bienestar. Reconocer la situación de las mujeres que cargan con la mayor parte de las responsabilidades del hogar y de cuidado, lo que las expone a mayores riesgos de caer en pobreza o vulnerabilidad, e implementar acciones para revertir esta situación. Asumimos éste como uno de los mayores retos que la reforma de nuestros sistemas de protección social debe abordar. Del mismo modo, las poblaciones indígenas y afrodescendientes han sido históricamente dejados atrás con menores niveles de la protección social.

ACORDAMOS 8. Dedicar especial atención al fortalecimiento de las capacidades y competencias de las mujeres y las niñas a través de su empoderamiento como titulares de derechos, y a eliminar las condiciones que generan desigualdades y se expresan en situaciones de discriminación, violencia de género y exclusión social.

ACORDAMOS 11. Promover los derechos, el empoderamiento y las políticas antidiscriminación de la poblaciones afrodescendientes e indígenas de América Latina y el Caribe para hacer frente a la pobreza y la desigualdad, afrontar las causas más profundas de la exclusión social como el racismo, incorporar la perspectiva interseccional que permita visibilizar y empoderar a las niñas, jóvenes y mujeres, y promover mejoras en la educación y reducción de la violencia hacia ellos.

ACORDAMOS 14. Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales, políticas públicas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a que se enfrentan las poblaciones indígenas y afrodescendientes, poniendo especial atención en la situación particular en la que viven las mujeres, las niñas y los varones jóvenes.

ASUMIMOS el compromiso de mejorar la efectividad y eficiencia de los programas de protección social, inclusión y erradicación de la pobreza y promoveremos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia ante la ciudadanía, para lo cual compartiremos nuestros avances en materia de gestión incluyendo, cuando corresponda, la implementación de sistemas únicos de registro de beneficiarios, el refuerzo de los sistemas de evaluación y monitoreo, y procedimientos presupuestales que aseguren la sostenibilidad fiscal de dichos programas, incluso frente a contextos adversos o de crisis.

REITERAMOS que la pobreza y la inequidad son fenómenos multidimensionales que requieren intervenciones intersectoriales y coordinadas en el marco de una estrategia nacional de desarrollo social. Por ello, seguiremos promoviendo la implementación y el fortalecimiento de estrategias gubernamentales que integren la labor de diferentes ministerios y organismos públicos para asegurar un mayor impacto en los esfuerzos por enfrentar dichos desafíos. La articulación intersectorial resulta indispensable para potenciar el impacto de las diversas intervenciones en política social, incluyendo la promoción del empleo y generación de ingresos, el fortalecimiento de las políticas de seguridad alimentaria, y la gestión de la prevención y la protección de las comunidades ante los riesgos y vulnerabilidades resultantes de los desastres.

CONVOCAMOS a todos los sectores de la sociedad, incluyendo la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicas, del sector privado y comunitarias, a aportar insumos y colaborar en el diseño e implementación de sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas públicas de desarrollo social; las alianzas estratégicas entre el Estado y los diversos grupos sociales fortalecen la democracia y potencian las acciones necesarias, en un marco de corresponsabilidad, para enfrentar los desafíos de la pobreza, en particular la pobreza extrema, la desigualdad y la vulnerabilidad.

DECLARAN: 12. Fortalecer los esfuerzos regionales para el logro del Objetivo 10 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular, el 10.2 de potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Presentar los avances en la IV Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social.

 Considerando  Aporte al PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN SOCIAL (PEAS) Los Ministros y autoridades presentes luego de evaluar el documento remitido por la Decisión CMC Nº 67/10, consideran que el contenido del mismo se adecua a los lineamientos trabajados en la RMADS y destacan la importancia de enfatizar en el Marco Conceptual del PEAS, los temas transversales tales como: familia, perspectiva de género, generacional y derechos humanos.

PLAN BIENAL 2009-2011 Los/Las Ministros y autoridades tomaron conocimiento de la revisión del plan bienal realizada por el GT-RMADS y priorizaron actividades para el próximo semestre, enfatizando la necesidad de poner en funcionamiento los Grupos Temáticos de Seguridad Alimentaria y Protección Social, en el entendido que el Grupo temático de Economía Social y Solidaria ya inició sus actividades con el proyecto de diagnóstico.

 Considerando  PLAN BIENAL 2009-2011 En este sentido, la RMADS destaca la importancia de enfocar los trabajos de los grupos temáticos en las problemáticas priorizadas por los Países, en especial a la superación de la extrema pobreza y la promoción de la inclusión socioeconómica.

6. Implementación del spot televisivo relativo a la prevención, concientización y lucha contra la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual y/o laboral.

 Considerando  PLENARIA INICIAL Destacó que en la actualidad todos nuestros países se encuentran implementando una nueva perspectiva del desarrollo social que incorpora una visión estructural de las políticas públicas apuntando a un desarrollo social integrado.

PLAN BIENAL 2012-2013 Y SECRETARÍA De acuerdo con la propuesta, las actividades de la RMADS se basarán en tres ejes principales; Seguridad Alimentaria y Nutricional; Economía Social y Solidaria; y Protección y Promoción Social. Los ejes mencionados fueron acordados en diciembre del 2010 en la XIX RMADS realizada en la ciudad de Brasilia.

PLAN BIENAL 2012-2013 Y SECRETARÍA Finalmente con el objetivo de promover una mayor difusión y el intercambio de experiencias exitosas en la región, las delegaciones acuerdan la elaboración de un proyecto de premio MERCOSUR. Dicho proyecto tendrá como propósito el reconocimiento de las prácticas relevantes y estudios en las políticas sociales a nivel nacional, sub nacional y local. Con esta iniciativa se espera promover un mayor conocimiento de experiencias en los países, así como construir un instrumento para la comunicación con diferentes niveles de acción a nivel regional (gobiernos nacionales, estaduales/provinciales/departamentales y locales, organizaciones sociales, grupos de investigación académica, entre otras).

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN SOCIAL DEL MERCOSUR En este sentido, como primera acción la RMADS eleva la CCMASM el proyecto "Fortalecimiento de las capacidades públicas de los estados del MERCOSUR para el desarrollo de estrategias integrales de erradicación de la pobreza extrema y el hambre".

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN SOCIAL DEL MERCOSUR El mismo se basa en el hecho que los objetivos de erradicación de la pobreza extrema y el hambre en todos los territorios de la región siguen hoy plenamente vigentes, al tiempo que los distintos países han venido desarrollando y perfeccionando sus estrategias de trabajo en este sentido. Complementariamente, se ha venido fortaleciendo un espacio de trabajo en conjunto a nivel regional, entre los estados del MERCOSUR, en torno a objetivos sociales y de desarrollo. Muestra de ello son las múltiples actividades llevadas adelante por el área social del MERCOSUR y, más concretamente, el Plan Estratégico de Acción social .

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN SOCIAL DEL MERCOSUR Asimismo se enmarca en el hecho que los cuatros Estados Parte del MERCOSUR han asumido para sí los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Esto implica que todos los países de la región, con diferentes metas concretas según el caso, se han comprometido a luchar por la erradicación de los fenómenos de la pobreza extrema y el hambre (ODM1).