Considerando  Considerando que: Las nuevas formas de trabajo pueden generar oportunidades para la creación de empleo, la movilidad laboral, el acceso al mercado de trabajo y la inclusión de mujeres, jóvenes y colectivos vulnerables.

Acordamos: Favorecer el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través del fortalecimiento del enfoque transversal de juventud en las políticas públicas de empleo y seguridad social, tomando en consideración la Ïniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes".

Acordamos: Reconocer la movilidad de talentos como instrumento para generar desarrollo, facilitar la transferencia de conocimiento, la creación científica e intelectual y la innovación, al tiempo que velamos por evitar la fuga de talentos. Por ello valoramos la propuesta de Convenio Marco para el Impulso de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en cumplimiento del mandato recibido, favoreciendo así el desarrollo sostenible de nuestros países e impulsando, especialmente, la movilidad y capacitación de nuestra juventud.

CON BASE EN LO ANTERIOR, ACORDAMOS: 4. Privilegiar el intercambio de información entre nuestras naciones sobre el diseño de políticas públicas innovadoras para el mercado laboral, que contribuyan al desarrollo de mecanismos para fortalecer el crecimiento económico, identificando los factores internos y externos que impulsen la competitividad y la productividad.

V. Que para avanzar y fomentar políticas públicas integrales, acciones y programas favorables a las juventudes iberoamericanas es fundamental implementar la igualdad de género para alcanzar la paridad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres jóvenes en todos los ámbitos. Reiteramos nuestro compromiso con la trasversalización de la perspectiva de género en las políticas laborales y de empleo, la eliminación de la discriminación, el acoso y la violencia en razón del género, orientación sexual, etnia, y el equilibrio entre las responsabilidades familiares y laborales.

V. Que nuestros Gobiernos están comprometidos en procurar a las y a los jóvenes con mejores oportunidades para acceder a un empleo decente y digno. En este sentido trabajaremos para implementar políticas en educación y formación para el trabajo que permitan fortalecer sus capacidades, acordes a las exigencias del mercado laboral y en el acceso a la seguridad social y servicios básicos.

2. Impulsar políticas integrales y estrategias a través de incentivos y políticas activas de empleo que permitan eliminar barreras de acceso al mercado laboral formal con enfoques diferenciales de género, etnia y distribución del ingreso; garantizando que estas iniciativas no vayan en detrimento de las condiciones laborales y los derechos del trabajador y la trabajadora joven y que permitan una adecuada cobertura de seguridad social.

3. Trabajar de manera coordinada con las instituciones y sectores pertinentes para desarrollar políticas de empleo juvenil rural, que promuevan la permanencia de los y las jóvenes en el campo y el relevo generacional y que garanticen el trabajo decente, digno y permitan la inclusión productiva de hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades, en el sector rural.

4. Impulsar políticas y estrategias de emprendimiento y generación de ingresos para los y las jóvenes de la región, a través de la destinación de recursos para fomentar, financiar y dar asistencia técnica empresarial al desarrollo de emprendimientos; así como, la promoción y financiación de programas de empleo y emprendimiento en las zonas rurales.

6. Impulsar y fortalecer acciones y políticas que promuevan y garanticen que jóvenes con características especiales o con alguna discapacidad tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a una formación integral, continua y permanente a puestos de trabajo dignos, seguros y saludables. En este contexto, respaldamos el programa de trabajo para personas con discapacidad que realiza la OISS.

7. Encargar a la OISS y la OIJ, con el apoyo de la SEGIB y del Secretariado Ejecutivo Virtual, la creación de un Observatorio para el empleo, el emprendimiento y la seguridad social de los jóvenes en Iberoamérica, como mecanismo para hacer un seguimiento permanente a la condición de los jóvenes frente al mercado de trabajo en la región y cuyos aportes sirvan para la orientación de las políticas públicas y el desarrollo de los servicios de empleo en la región. En este contexto encomendar al OIJ que, en colaboración con OIT, y en el ámbito del “Pacto por las Juventudes Iberoamericanas” que será elevado formalmente a los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno en la XXV Cumbre Iberoamericana, elabore un Estudio sobre las nuevas tendencias del empleo juvenil y su relación con la revolución digital con el fin de establecer un marco orientativo para los gobiernos iberoamericanos y, que ponga en marcha un programa de formación en capacidades digitales.

8. Crear un Banco de buenas prácticas, con el apoyo de la OIJ, el Secretariado Ejecutivo Virtual y la SEGIB, para el intercambio de información sobre políticas, estrategias y programas que hayan tenido impactos positivos en la generación y promoción de empleo para los y las jóvenes. En este contexto encomendamos al OIJ, que en el ámbito del “Pacto por las Juventudes Iberoamericanas”, promueva y habilite una plataforma virtual que fomente el desarrollo colaborativo de emprendimientos juveniles de impacto social y tecnológico.

11. Fomentar la creación de mecanismos de reconocimiento de estudios y formación en la región para facilitar la movilidad laboral de los jóvenes, reconocer sus cualificaciones, competencias y experiencias laborales.

13. Procurar el desarrollo de esquemas de formación integrales, flexibles y acordes a las necesidades de cada país, enfocados a la población joven y que permitan el fomento de la cultura de la Seguridad Social.

19. Elevar a la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno la elaboración e implementación de políticas públicas integradas y coordinadas en educación, empleo, emprendimiento y formación para el trabajo, que permitan fortalecer las capacidades de los jóvenes acorde a las exigencias del mercado laboral de cada país con el propósito de acceder a empleos decentes, dignos, seguros y saludables, y favorecer iniciativas de emprendimiento.

 Considerando  CONSIDERANDO QUE: 2. Una de nuestras mayores preocupaciones es la creación y el mantenimiento de empleos sostenibles y de calidad que deberían ser la base de un crecimiento más fuerte y estable de las economías.

 Considerando  CONSIDERANDO QUE: 4. A pesar de las constricciones económicas de una crisis que aún está afectando muy gravemente a la economía de la eurozona, con incidencia en los países de la misma que forman parte de la Comunidad Iberoamericana, se considera que la mayor austeridad que se proponen puede combinarse con políticas de protección para los grupos más vulnerables, de manera que el impacto negativo de una situación adversa quede mitigado con la prestación de servicios públicos básicos, a los cuales, de otra forma, no podría acceder gran parte de la sociedad. A este respecto, los sistemas de protección social y dentro de ellos, los pisos de protección social, desempeñan un papel importante como estabilizadores económicos de la crisis.

 Considerando  CONSIDERANDO QUE: 5. Un gran número de jóvenes tiene trabajos de mala calidad y con baja remuneración, a menudo, vinculados a la economía informal y sin condiciones adecuadas de protección a su seguridad y salud.

 Considerando  CONSIDERANDO QUE: 6. Un futuro de mayor progreso pasa por luchar activamente contra el desempleo, el empleo informal y los trabajos precarios para que nuestros jóvenes puedan acceder a trabajos sostenibles y de calidad. Se trata de un reto colectivo en el que deben seguir trabajando las administraciones conjuntamente con todos los actores, en un marco de diálogo social basado también en la capacidad de los jóvenes para emprender.

ACORDAMOS: 10. Facilitar a las empresas mecanismos que les permitan adaptarse a su entorno en un contexto global para ser más competitivas, garantizando un empleo estable y de calidad.

ACORDAMOS: 17. Combatir la economía informal, también llamada sumergida, con un efecto regularizador de las condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social a través del pago de cotizaciones sociales.

 Considerando  DECLARA Priorizar los compromisos establecidos en el marco del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016) con prioridad en a) la accesibilidad universal como elemento habilitador para el disfrute de los derechos que amparan a las personas con discapacidad; b) la generación de registros estadísticos sobre discapacidad como mecanismos indispensables para la creación y evaluación de políticas públicas inclusivas; c) el enfoque de desarrollo con base comunitaria como modelo que promueve la plena participación de las personas con discapacidad desde su comunidad, y d) la protección social como parte de los esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos y la gestión de la calidad de vida.

 Considerando  CONSIDERANDO El Imperativo de potenciar el rol protagónico de la juventud en el desarrollo de nuestras naciones y el compromiso de nuestros gobierno de fomentar la cooperación, la justicia, la paz, la solidaridad, la igualdad y la equidad de géneros y los principios de no discriminación

 Considerando  CONSIDERANDO El reconocimiento de la democracia como el sistema de ordenación política y social de nuestros pueblos, y el ejercicio pleno de la ciudadanía como elemento de garantía y protección de los derechos de las y los jóvenes.

 Considerando  CONSIDERANDO La Declaración del Año Internacional de la Juventud por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, como contexto para el desarrollo de planes y programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes en el mundo.

 Considerando  CONSIDERANDO La aplicación de acciones tendientes al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en virtud de que las y los jóvenes tienen un papel activo, fundamental y protagónico en las acciones dirigidas a la eliminación de la pobreza y a la promoción y fomento de la inclusión social.

 Considerando  CONSIDERANDO La recién efectuada Conferencia Mundial de Juventud y la Declaración de Guanajuato representan un aporte invaluable a la agenda pública de juventud de todos nuestros países.

 Considerando  CONSIDERANDO Los alcances de los Derechos Humanos de la persona joven contenidos en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, único instrumento internacional en la temática.

ACORDAMOS Solicitar a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, en virtud de la Declaración de Guanajuato, que proponga a la próxima Asamblea General la creación de una Agencia especializada para la Juventud, que asuma la coordinación multilateral de la cooperación internacional dirigida a la protección de los derechos de los y las jóvenes y al desarrollo de políticas públicas integrales, en el marco de los principios y acuerdos recogidos en la Declaración de París y la Agenda de Accra.

ACORDAMOS 2. Reiterar nuestro compromiso con los resultados emanados de la Declaración de Bahía y la Declaración de Guanajuato de la Conferencia Mundial de Juventud de 2010, en el contexto de la celebración del Año Internacional de la Juventud y, por lo tanto, solicitar a la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de Juventud la consideración de acciones regionales para su desarrollo y cumplimiento en la geografía iberoamericana.

ACORDAMOS 3. Reiterar el cumplimiento de los principios democráticos como componente central del funcionamiento de nuestros gobiernos y de los mecanismos de articulación con la sociedad. En este sentido condenamos todo acto que atente contra los Gobiernos legítimamente constituidos y que ponga en riesgo la aplicación de la democracia como sistema político y de protección de libertades y derechos. En consecuencia, felicitamos la aprobación de la Cláusula Democrática por la vigésima Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno reunida en Mar del Plata. Solicitamos a la Secretaría General llevar adelante todas las acciones y esfuerzos posibles para colaborar con el fortalecimiento de la democracia participativa en los países miembros.

ACORDAMOS 5. Reconocer que la política local y municipal de juventud debe ser fortalecida mediante la dotación de instrumentos institucionales y presupuestarios para lograr un acercamiento efectivo de las políticas públicas de juventud a las y los jóvenes. En consecuencia, solicitamos a la OIJ que promueva las experiencias municipales exitosas de nuestros países, considere el desarrollo de la territorialidad en sus planes de asistencia técnica y fomente la articulación entre los distintos niveles de gobierno.

ACORDAMOS 6. Coordinar y fortalecer las instancias públicas locales de juventud para mejorar y aumentar su capacidad política e institucional en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en el territorio, así como fomentar su creación donde no existan, teniendo en cuenta las particularidades de cada país.

ACORDAMOS 7. Impulsar acciones dirigidas a promover y fomentar la perspectiva de juventud en el diseño e implementación de la política local.

ACORDAMOS 10. Ratificar nuestra voluntad de aplicar la Estrategia de Implementación del Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud, de acuerdo con su aprobación en la pasada Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Juventud del Plan de Acción de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de 2008, para fortalecer la capacidad política y técnica de nuestras instituciones, mejorar la calidad de las políticas públicas y aumentar los presupuestos dirigidos a conseguir la inclusión social de las y los jóvenes en la Región.

ACORDAMOS 12. Comprometer acciones tendientes a fortalecer el Sistema Iberoamericano de Conocimiento de juventud www.iberostat.org mediante el desarrollo de protocolos de ingreso de información local coordinados por la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Juventud que aumenten y mejoren el conocimiento acerca de la situación sociodemográfica de las y los jóvenes, identifiquen indicadores de desarrollo y registren productos elaborados por centros de estudio regionales y de nuestros países.

ACORDAMOS 13. Fomentar la generación de políticas públicas que fortalezcan el acceso a una educación de calidad y a la inserción laboral, en el entendido de que esto contribuirá sustantivamente a la superación de las situaciones de exclusión de las y los jóvenes.

ACORDAMOS 14. Considerar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un derecho básico para el desarrollo personal y social de las y los jóvenes. Por ello comprometemos esfuerzos para la eliminación de brechas, implementar criterios de aplicación de las TICs en los sistemas educativos y aumentar el desarrollo de plataformas de acceso seguro, libre y gratuito.

ACORDAMOS 15. Relevar la importancia de desarrollar políticas inclusivas para la población juvenil indígena y afrodescendiente, considerando que ello aportará criterios sustantivos para la equidad en el acceso a los servicios y al ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Convención y otros instrumentos internacionales relacionados con estos colectivos, reconociendo y difundiendo el trabajo realizado ene este sentido por la Red de Jóvenes Indígenas y Afrodescendientes (REJINA).

ACORDAMOS 11. Propender a la incorporación de un especialista en temáticas de juventud con especial énfasis en inclusión social y superación de pobreza, que asesore a la Secretaría General en sus propuestas y programas, como parte del compromiso de la Secretaría General con la plena inclusión de la juventud de la Región.

ACORDAMOS 16. Reiterar nuestra voluntad firme y permanente de promover y apoyar la participación juvenil como vector del desarrollo de las democracias de nuestros países, mediante el despliegue de acciones e fortalecimiento de las organizaciones y plataformas juveniles. En este contexto, ratificamos nuestro reconocimiento al Espacio Iberoamericano de Juventud como interlocutor de la sociedad civil joven de la Región.

ACORDAMOS 18. Fomentar actividades que promuevan el mejoramiento de las relaciones eurolatinoamericanas en materia de juventud, sobre las base del intercambio de aprendizajes institucionales, aplicación y desarrollo de políticas, desarrollo de la cooperación y consideración de instrumentos regionales. En este sentido, pedimos a la Secretaría General que promueva mecanismos de acercamiento entre ambas regiones.

9. Considerando los actuales logros registrados en materia de políticas públicas de juventud, equidad y desarrollo en la región; así como los avances en términos institucionales y programáticos que fomentan una nueva visión sobre los jóvenes, basada en los enfoques de género, étnicos, de participación y transversalidad, atendiendo a la heterogeneidad de las juventudes.

ACUERDOS 2. Asumiendo que la crisis del empleo juvenil representa un reto mundial, nos comprometemos a impulsar proyectos de transición entre la escuela y el empleo, para mejorar las condiciones de las juventudes. Por ejemplo, impulsar que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declare el período 2019-2028 como la “Década del empleo juvenil”.

ACUERDOS 3. Valoramos la importancia de la articulación de las políticas educativas y de innovación tecnológica como factores clave para el desarrollo de las y los jóvenes, lo cual puede incidir sustancialmente a mejorar sus oportunidades de acceso a trabajos dignos y decentes.

ACUERDOS 4. Promoveremos acciones que fortalezcan el acceso y la calidad de la formación técnica y profesional, y su articulación con el mundo productivo y el mercado laboral, promoviendo desde las instancias de juventud, la incorporación en la currícula formativa, de herramientas innovadoras necesarias que permitan el desarrollo de competencias específicas de la cultura emprendedora y cooperativa de las y los jóvenes.

ACUERDOS 5. Apoyaremos políticas públicas orientadas a la inserción laboral de la mujer joven eliminando las barreras y brechas existentes que generan su discriminación.

9. Apoyaremos iniciativas orientadas a fomentar el trabajo formal desde las primeras experiencias laborales, mejorando el acceso de los jóvenes a mecanismos de protección social, acelerando la convergencia entre modalidades de contratos temporales y permanentes, y promoviendo su participación en organizaciones representativas del trabajo.

12. Continuaremos con el proceso de diseño y elaboración de informes y diagnósticos sistemáticos sobre la situación de las políticas públicas de juventud en nuestros países, en un marco que garantice los enfoques de transversalidad, derechos, participación y rendición de cuentas.

ACUERDOS 15. Comprendemos que la generación de conocimiento y datos desagregados de juventud es determinante para el diseño, implementación y evaluación de programas y políticas públicas; y, en tal sentido, en el marco de la Agenda de Desarrollo e Inversión Social en Juventud, solicitamos a la Secretaría General la conformación de una batería de indicadores que contribuyan al monitoreo y evaluación de la oferta institucional de juventud y permitan conocer las dinámicas de la población joven; compatibles –en lo posible- con las áreas de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Considerando  1. Considerando la importancia de las personas jóvenes y de sus trayectorias, en el contexto del desarrollo integral de nuestras naciones, particularmente tomando en consideración su peso cuantitativo, tomando en cuenta la relación que representan respecto de otros grupos poblacionales y cualitativo, tomando en cuenta su trascendente rol en los procesos de transformación social e histórica, como sujetos estratégicos del desarrollo.

 Considerando  4. Considerando, la importancia del papel de los Estados en la distribución de la riqueza, la equidad social y, en su contexto, de la promoción y el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes, en tanto garante de estos y articulador fundamental de las estrategias de inclusión y desarrollo. Considerando por tanto que las políticas de juventud forman parte de las políticas sociales y, en general, de una perspectiva integral de las políticas públicas, aspecto que se sintetiza en la noción de una perspectiva de juventud que debe estar integrada a los proyectos nacionales de desarrollo.

 Considerando  5. Considerando los debates que se vienen suscitando en la comunidad internacional para evaluar los avances en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) gestados en el año 2000 y vigentes hasta 2015, donde las personas jóvenes han tenido una atención insuficiente, sin contar con metas e indicadores claramente establecidos.

6. Promoveremos la igualdad de oportunidades laborales para las y los jóvenes, en consonancia con el principio de igual tarea, igual remuneración; así como, su protección contra cualquier tipo de discriminación, incluyendo salarios justos de conformidad con la legislación nacional en materia de empleo, sin importar orientación sexual, discapacidad, identidad, nacionalidad, opinión política, credo o religión, origen social, cultural y/o económico

 Considerando  3. Considerando que el trabajo digno y la educación de calidad para las y los jóvenes constituyen una prioridad global y regional, por ser estrategias permanentes y principales para reducir la pobreza y la desigualdad, a fin de alcanzar el bienestar social de nuestros países y el buen vivir de sus habitantes.

 Considerando  Considerar que el trabajo decente, la educación y la formación profesional a lo largo de la vida son derechos primordiales. Es relevante invertir en el desarrollo y actualización de conocimientos y competencias, lo que requiere, entre otras acciones articular las políticas de formación con el desarrollo del mundo productivo; asegurar a todos los trabajadores y trabajadoras -ocupados y desocupados- el derecho a una formación profesional de calidad, articular políticas de formación profesional con las de educación básica, fomentar entre los jóvenes los principios y derechos en el trabajo y el concepto de trabajo decente desde el sistema educativo en todos sus niveles, diseñar políticas formativas diferenciadas para los grupos más vulnerables y con mayor dificultad de inserción laboral.

CONSIDERANDO: Que la nueva realidad juvenil implica admitir a las personas jóvenes como sujetos de derechos y actores estratégicos del desarrollo en Iberoamérica, dada su peculiar capacidad innovadora, su creatividad y su potencial de transformación del entorno político, económico, social y cultural de una manera interconectada.

Acordamos: 1. El Pacto iberoamericano de Juventud, como un acuerdo político-institucional que permitirá conformar una alianza entre diversos sectores y actores con el fin de mejorar la articulación intersectorial e intergubernamental, orientar la inversión y garantizar el desarrollo integral y la protección de los derechos de las personas jóvenes

Acordamos: 5. Ratificar el trabajo de diseñó e implementación del Plan de Acción de la OIJ (2016-2021) y su articulación directa con las acciones que realizan los Organismos Oficiales de Juventud. En este sentido, encomendamos a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), para que se considere en la declaración final de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

2. Acoger con beneplácito el documento La matriz de la desigualdad social en América Latina preparado por la Secretaría, y destacar la importancia de: iv) Actuar sobre las brechas definidas en La matriz de la desigualdad social en América Latina para romper las barreras de acceso a los servicios sociales y al bienestar que enfrentan las personas que están en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las personas que residen en zonas rezagadas, las personas con discapacidad y los migrantes, lo que requiere la incorporación de los elementos analizados en dicho documento al diseño de políticas públicas de desarrollo social para avanzar efectivamente en la universalización de los derechos y la construcción de sistemas integrales y universales de protección social,

3. Reconoce también que la región exhibe desigualdades estructurales que se entrecruzan y se encadenan a lo largo del ciclo de vida y afectan con especial intensidad a niños, niñas y adolescentes; personas mayores; jóvenes; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; migrantes; personas que habitan en zonas rezagadas, y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales;

12. Llama a los Estados a atender dentro de esta agenda la situación de especial desigualdad, discriminación y exclusión social y económica que viven niños, niñas y adolescentes; personas mayores; jóvenes; mujeres; pueblos indígenas; población afrodescendiente; personas con discapacidad; personas que habitan en zonas rezagadas, y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, así como los migrantes, las poblaciones afectadas por los desastres y el cambio climático y los desplazados por conflictos dentro de su territorio;

15. Reafirmar la importancia de tomar medidas activas para eliminar los sesgos de género en la oferta educativa, el currículo y la organización de los sistemas de educación técnico-profesional y promover diálogos intersectoriales público-privados (entre el Estado, los sindicatos, las organizaciones sociales y las empresas) para la incorporación laboral de las mujeres jóvenes en empleos de calidad en áreas en las que actualmente se encuentran excluidas;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral b) Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas y en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares, así como entre hombres y mujeres, y fortalecer el diálogo y la coordinación entre todas las partes involucradas;

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. f) Desarrollar políticas activas referidas al mercado laboral y el empleo productivo a fin de estimular la tasa de participación laboral de las mujeres, de la formalización del empleo y de la ocupación de puestos de poder y decisión por parte de las mujeres, así como la reducción de las tasas de desempleo, con particular atención a las mujeres afrodescendientes, de los pueblos indígenas y jóvenes afectadas por la discriminación racial, de sexo y orientación sexual, a fin de asegurar el trabajo digno para todas y garantizar igual salario por trabajo de igual valor;

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres. s) Elaborar y aplicar políticas y planes de educación a lo largo de toda la vida con recursos suficientes, con metas medibles, especialmente dirigidos a mujeres jóvenes y adultas, a fin de reforzar el ejercicio pleno de su ciudadanía.

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder. i) Crear mecanismos de apoyo a la participación pública y política de las mujeres jóvenes, sin discriminación de raza, etnia y orientación sexual, en espacios de toma de decisiones y el respeto a sus expresiones organizativas propias, propiciando condiciones para la prevención de la estigmatización generacional de sus formas propias de organización y expresión;

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. c) Adoptar todas las medidas necesarias y efectivas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de trata y tráfico de mujeres, jóvenes y niñas, para la explotación sexual y cualquier otro fin;

5. Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de comunicación igualitarios, democráticos y no discriminatorios. e) Promover el acceso de las mujeres a la ciencia, la tecnología y la innovación, estimulando el interés de las niñas y las jóvenes en estos campos científicos y tecnológicos.

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. a) Garantizar las condiciones y los recursos para la protección y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todas las etapas de su ciclo de vida y en los diversos grupos poblacionales, sin ningún tipo de discriminación, basándose en el enfoque integral promovido en el Programa de Acción de la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo;

 Considerando  Teniendo presente: 30. Que el enfoque de derechos humanos en las políticas y los programas requiere de un alto nivel de concreción en acciones específicas que induzcan cambios reales en todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres, en particular de las mujeres jóvenes, las rurales, las que tienen alguna discapacidad, las indígenas, las afrodescendientes, las desplazadas, las migrantes, otras mujeres que viven en condiciones de especial vulnerabilidad o marginalidad y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales (LGBTTI);

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 34. Potenciar la inclusión de la perspectiva de género como eje transversal de las políticas públicas en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, asegurando el pleno acceso a estas tecnologías y su uso por parte de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad, en condiciones de igualdad y equidad, considerando las regulaciones, los costos y la cobertura, para la apropiación social del conocimiento y teniendo en cuenta la diversidad cultural y lingüística;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 35. Adoptar políticas públicas que incluyan medidas afirmativas para promover la reducción de las barreras de acceso, la comprensión del manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la adaptación en la lengua local de las aplicaciones y los contenidos relacionados con estas tecnologías, así como para fomentar la inserción de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales y mujeres con discapacidad en la formación profesional en ciencias, incluidas las matemáticas, ingenierías, tecnologías ambientales y tecnologías de la información y las comunicaciones, y en la investigación y producción de conocimiento en todos los ámbitos científicos;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 38. Garantizar que desde el sistema educativo, en todos los niveles y formas de enseñanza, se ofrezca información oportuna a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTI y mujeres con discapacidad sobre los beneficios, las utilidades, la disponibilidad y las oportunidades de formación profesional en ciencias y tecnologías, que les permita una mayor autonomía personal, económica, social y política;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 39. Promover, realizar y difundir estudios e investigaciones sobre las mujeres en los campos de las ciencias, incluidas las matemáticas, de las tecnologías y de las ingenierías, así como ferias y congresos científicos que permitan visibilizar las competencias, la innovación y los aportes de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las jóvenes en esos ámbitos;

A. IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 42. Promover el conocimiento y el análisis de los riesgos que existen para las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad en relación con la ciberseguridad, la explotación sexual, la trata de personas, la pornografía infantil, el acoso en Internet y en otros medios tecnológicos, para tipificar esos delitos, definir las sanciones apropiadas, considerando su impacto en los derechos humanos de estos grupos, y promulgar la legislación correspondiente;

B. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 58. Lograr la consolidación de sistemas públicos de protección y seguridad social con acceso y cobertura universal, integral y eficiente, mediante financiamiento solidario, unitario y participativo, basados en el principio de solidaridad y articulados con un amplio espectro de políticas públicas que garanticen el bienestar, la calidad de vida y un retiro digno, fortaleciendo el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, incluidas las que han dedicado sus vidas tanto al trabajo reproductivo como productivo, remunerado como no remunerado, las trabajadoras domésticas, las mujeres rurales, las trabajadoras informales y por contrata, de manera especial, las mujeres a las que afectan directa o indirectamente la enfermedad, la discapacidad, el desempleo, el subempleo o la viudez, en todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres;

B. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 62. Desarrollar e implementar políticas activas referidas al mercado laboral y al empleo productivo que aseguren trabajo decente para todas las mujeres, combatiendo las condiciones de precariedad e informalidad que afectan principalmente a la fuerza laboral femenina y asegurando igual salario por trabajo de igual valor, una tasa de participación igualitaria, la presencia sin discriminación en puestos de poder y decisión y la superación de la segregación ocupacional, con particular atención a las mujeres rurales, las afrodescendientes, las indígenas, las mujeres con discapacidad y las jóvenes;

C. IGUALDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 70. Asegurar, en el marco de sistemas de salud fortalecidos, dotados de presupuesto y de mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, el acceso universal, la ampliación de la oferta, la calidad y la cobertura en relación con los servicios de salud sexual y salud reproductiva, que deben comprender información y educación oportuna, precisa y completa y la oferta gratuita de métodos anticonceptivos, así como estar integrados en los servicios de salud y dirigirse en particular a las mujeres de los sectores más pobres y en condiciones de mayor exclusión social, y a los jóvenes y adolescentes de ambos sexos;

C. IGUALDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 73. Garantizar una atención integral a las personas afectadas por el VIH/SIDA, en particular a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, huérfanos y niños vulnerables, migrantes y personas en situación de emergencia humanitaria, privadas de libertad, indígenas, afrodescendientes y mujeres con discapacidad, acorde con el contexto local;

C. IGUALDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 74. Implementar medidas con perspectiva de género que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad, incluida la salud sexual y la salud reproductiva durante y después de situaciones de desastre y en casos de emergencia, para prevenir en esas circunstancias y en las de desplazamiento o refugio la mortalidad y la morbilidad, particularmente entre las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, rurales y mujeres con discapacidad ;

C. IGUALDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES 77. Implementar programas y políticas de salud sexual y reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva, amigables, con perspectivas de género, de derechos humanos, intergeneracional e intercultural, para que puedan ejercer en condiciones seguras el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 80. Hacer efectivas las políticas nacionales y locales y adoptar medidas preventivas, penales, de protección y atención para lograr la erradicación de todas las formas de violencia y estigmatización contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad e incluir el uso efectivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones con un enfoque intercultural, con el fin de lograr una mayor inclusión e igualdad para todas las mujeres;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 86. Diseñar mecanismos, incluidos los legislativos, y sanciones destinados a combatir la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de las redes sociales para cometer actos violentos contra las mujeres y las niñas, en particular, el uso con fines delictivos para el acoso sexual, la explotación sexual, la pornografía infantil y la trata de mujeres y niñas, y las nuevas formas de violencia, como el acoso y la intimidación cibernéticos y las violaciones de la privacidad que ponen en peligro la seguridad de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 89. Asegurar que en las políticas de seguridad pública se incluyan medidas específicas para prevenir, investigar, sancionar, penalizar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores, y los feminicidios/femicidios, con el objetivo de procurar una vida libre de violencia, así como promover la adopción de protocolos regionales y la eliminación de obstáculos legales para el acceso de las víctimas a la justicia y a una reparación;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 90. Adoptar las medidas, incluso de carácter legislativo, necesarias para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de trata y tráfico de mujeres, adolescentes, jóvenes, niños y niñas, para la explotación sexual y laboral o cualquier otro fin, acelerando la educación, capacitación y concientización pública a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación y brindando a las víctimas identificadas de trata una protección y atención adecuadas, como refugio, servicios de rehabilitación y reinserción social, protección de testigos, capacitación laboral, asistencia letrada, atención médica confidencial, repatriación y asistencia para la regularización migratoria con el consentimiento informado de la persona objeto de la trata, independientemente de su participación en procesos judiciales;

D. IGUALDAD DE GÉNERO Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 98. Propiciar, favoreciendo la creación de redes estratégicas, que los medios de comunicación y los gremios de comunicadores y comunicadoras sociales se comprometan a proyectar una imagen positiva de las mujeres, superando los estereotipos y los contenidos violentos que reproducen la discriminación y la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad;

E. IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA TOMA DE DECISIONES 106. Fortalecer, con medidas concretas de carácter económico y técnico, los mecanismos regionales de género de formación y capacitación política para el liderazgo de las mujeres y propiciar la participación en ellos de las mujeres de la región, en particular las jóvenes, las mujeres rurales, las indígenas, las afrodescendientes y LGBTTI;

3. PARTICIPACIÓN POPULAR Y CIUDADANA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LAS SOCIEDADES 3.a Apoyar el liderazgo de las mujeres en organizaciones sociales y políticas, impulsando la participación democrática paritaria, el fortalecimiento institucional y las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres y feministas, y en particular el liderazgo de las adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres que viven con VIH/SIDA, mujeres con discapacidad y personas LGBTI, respetando sus expresiones organizativas.

3. PARTICIPACIÓN POPULAR Y CIUDADANA: DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LAS SOCIEDADES 3.e Fomentar el desarrollo de plataformas de participación y consulta en línea para la participación ciudadana de todas las personas y grupos en la toma de decisiones, especialmente de las y los jóvenes y de las mujeres de todas las edades, afrodescendientes, y las que viven en comunidades rurales, indígenas ,étnicas, o alejadas de las estructuras de toma de decisión, garantizando un acceso igualitario a la información y las consultas de base amplia.

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - 7. Destacando que la niñez, la adolescencia y la juventud son etapas clave en la vida y el desarrollo de las personas y que el despliegue público con perspectiva de derechos humanos para atender estas etapas ha sido limitado y que la actual situación demográfica en la región abre oportunidades para reforzar la inversión social asignada a ellas,

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - 7. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social;

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - 8. Garantizar asimismo la existencia de mecanismos de participación efectiva de adolescentes y jóvenes en el debate público, en la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas y programas, en particular en aquellas que les atañen directamente, sin ningún tipo de discriminación fortaleciendo los mecanismos institucionales de juventud;

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 9. Invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, para lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita construirse a sí mismos como personas autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente los retos del siglo XXI;

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 10. Promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y programas especiales de formación para la juventud que potencien la capacidad e iniciativa colectivas y personales y posibiliten la conciliación entre los estudios y la actividad laboral, sin precarización del trabajo y garantizando igualdad de oportunidades y trato;

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 11. Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 12. Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual;

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 13. Poner en práctica o fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes;

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 16. Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño;

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes- 17. Garantizar también datos estadísticos confiables, desagregados por sexo, edad, condición migratoria, raza, etnia, variables culturales y ubicación geográfica en materia de educación, salud, en particular salud sexual y salud reproductiva, empleo y participación de adolescentes y jóvenes.

D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - Considerando que las brechas en salud continúan sobresalientes en la región y que las estadísticas promedio suelen ocultar los altos niveles de mortalidad materna, de infecciones de transmisión sexual, de infección por VIH/SIDA y de demanda insatisfecha de anticoncepción entre la población que vive en la pobreza y en áreas rurales, entre los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes y grupos en condición de vulnerabilidad como mujeres, adolescentes y jóvenes y personas con discapacidad,

D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;

D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 37. Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos;

D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva - 46. Garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todos y todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.

E. Igualdad de género - 59. Incrementar el acceso de los hombres, incluidos niños, adolescentes y jóvenes, a la información, la consejería y los servicios de salud sexual y salud reproductiva y promover la participación igualitaria de los hombres en el trabajo de cuidados, a través de programas que sensibilicen a los hombres respecto a la igualdad de género, fomentando la construcción de nuevas masculinidades;

E. Igualdad de género - 60. Desarrollar y fortalecer planes y programas dirigidos a reducir las disparidades en la representación y el desempeño de niños y jóvenes en el sistema educativo, con especial referencia al Caribe de habla inglesa;

H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos - Reconociendo la necesidad de proteger y respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como la necesidad de una mayor protección para su desarrollo, por las formas de violencia a las que se somete a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres indígenas y personas mayores indígenas,

H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos - 89. Adoptar las medidas necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, para garantizar que mujeres, niños, niñas y adolescentes y jóvenes indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación, y tomar medidas para asegurar la restitución de derechos;

I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial - 93. Abordar las desigualdades de género, raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones de estas dimensiones en las situaciones de discriminación que sufren las mujeres y especialmente, las jóvenes afrodescendientes;

 Considerando  Poniendo de relieve el enfoque integrado del desarrollo que ha caracterizado el pensamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe desde su creación y que, en sus últimos períodos de sesiones, ha promovido la igualdad como el principio ético normativo primordial y el objetivo último del desarrollo, y reconociendo el trabajo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en materia de adolescentes, jóvenes y equidad de género,

 Considerando  Destacando las importantes contribuciones de la sociedad civil, otros actores no gubernamentales, organizaciones de mujeres y jóvenes y movimientos sociales a la implementación y seguimiento del Programa de Acción de El Cairo,

 Considerando  Considerando que en la región actualmente habitan cerca de 160 millones de personas de 15 a 29 años de edad —es decir, una de cada cuatro personas es joven— y que el bono demográfico constituye una oportunidad única para la inversión social en adolescencia y juventud, basada en la solidaridad intergeneracional, inversión imprescindible para el desarrollo sostenible en sus tres pilares: social, económico y ambiental,

Medida prioritaria 7 Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social.

Medida prioritaria 8 Garantizar asimismo la existencia de mecanismos de participación efectiva de adolescentes y jóvenes en el debate público, en la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas y programas, en particular en aquellas que les atañen directamente, sin ningún tipo de discriminación fortaleciendo los mecanismos institucionales de juventud. 1. Disponer de una institucionalidad en materia de juventud que defina, implemente y promueva exitosamente espacios de participación para adolescentes y jóvenes en los asuntos públicos. 2. Aumentar el número de instancias públicas que cuentan con mecanismos de participación efectiva de jóvenes y adolescentes en las políticas públicas que les atañen, en todas sus fases. 3. Lograr que los proyectos de ley, en particular aquellos atinentes a adolescentes y jóvenes, reciban observaciones y comentarios de ellos en su trámite legislativo. 4. Conseguir que adolescentes y jóvenes expresen de forma directa (en modalidades virtuales o físicas) su opinión e influyan en decisiones públicas que les atañen. 5. Incrementar la participación de adolescentes y jóvenes en los ámbitos de su interés. 6. Incrementar la participación juvenil en materias públicas, incluida la electoral.

Medida prioritaria 9 Invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, para lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita construirse a sí mismos como personas autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente los retos del siglo XXI. 1. Lograr que todos los establecimientos de educación pública ofrezcan una formación laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad. 2. Alcanzar el acceso de todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes a establecimientos de educación pública laicos, interculturales, libres de discriminación, gratuitos y de calidad. 3. Reducir las brechas, en particular de calidad, entre la educación pública y la privada, sobre todo en los niveles primario y secundario.

Medida prioritaria 10 Promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y programas especiales de formación para la juventud que potencien la capacidad e iniciativa colectivas y personales y posibiliten la conciliación entre los estudios y la actividad laboral, sin precarización del trabajo y garantizando igualdad de oportunidades y trato. 1. Reducir la tasa de desempleo juvenil. 2. Aumentar el porcentaje de jóvenes que tienen empleos decentes. 3. Aumentar el número de jóvenes entrenados mediante programas especiales de capacitación juvenil.

Medida prioritaria 11 Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos. 1. Lograr que todas las instituciones de educación pública y privada cuenten con programas de educación integral para la sexualidad acordes con el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y los estándares internacionales. 2. Aumentar el número y la proporción de niños y niñas, adolescentes y jóvenes que tienen información y conocimiento sobre los temas sexuales y reproductivos adecuados para sus respectivas edades. 3. Aumentar el número y la proporción de niños y niñas, adolescentes y jóvenes que toman decisiones informadas con autonomía acorde a su edad en materia sexual.

Medida prioritaria 12 Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual. - 1. Eliminar las barreras que obstaculizan o limitan el acceso universal de adolescentes y jóvenes a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. 2. Erradicar las barreras que obstaculizan o limitan el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de adolescentes y jóvenes. 3. Contar con programas de salud sexual y salud reproductiva de adolescentes y jóvenes en el ministerio de salud. 4. con servicios de salud sexual y salud reproductiva, y personal de salud capacitado y motivado para ofrecer una atención amigable a adolescentes y jóvenes a escala local. 5. Satisfacer la demanda de anticoncepción de adolescentes y jóvenes. 6. Reducir el embarazo no planificado entre adolescentes y jóvenes. 7. Reducir la violencia, con énfasis en la violencia sexual, que afecta a adolescentes y jóvenes.

Medida prioritaria 13 Poner en práctica o fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes. - 1. Contar con un esquema institucional que favorezca la retención escolar de madres y embarazadas adolescentes y jóvenes. 2. Erradicar las barreras legales e institucionales que incentivan o causan la deserción escolar de madres y embarazadas adolescentes y jóvenes. 3. Incrementar el número de escuelas que cuentan con un esquema institucional que promueve y facilita la retención escolar de madres y embarazadas adolescentes y jóvenes. 4. Aumentar la proporción de adolescentes y jóvenes embarazadas o madres que permanecen en el sistema educativo.

Medida prioritaria 14 Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos. - 1. Satisfacer la demanda de anticoncepción de emergencia de adolescentes, incluidas las menores de 15 años, y jóvenes. 2. Reducir el embarazo durante la adolescencia. 3. Prevenir el embarazo antes de los 15 años. 4. Prevenir los abortos inseguros entre las adolescentes, incluidas las menores de 15 años.

Medida prioritaria 15 Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia. - 1. Desplegar efectiva y coordinadamente estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia. 2. Incrementar el acceso de madres adolescentes a servicios integrales de atención, apoyo, consejería y provisión de anticonceptivos para prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia. 3. Reducir el embarazo subsiguiente en la adolescencia.

Medida prioritaria 16 Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño. - 1. Contar con leyes, estrategias, políticas y programas intersectoriales dirigidos a prevenir la violencia y a fomentar la sana convivencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 2. Disponer de servicios de salud capacitados para detectar y atender de manera integral las situaciones de violencia sexual. 3. Contar con un sistema integral de educación contra la violencia, incluida la violencia basada en género y el abuso sexual. 4. Prevenir e interrumpir la violencia hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 5. Prevenir la violencia cometida por niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Medida prioritaria 17 Garantizar también datos estadísticos confiables, desagregados por sexo, edad, condición migratoria, raza, etnia, variables culturales y ubicación geográfica en materia de educación, salud, en particular salud sexual y salud reproductiva, empleo y participación de adolescentes y jóvenes. - 1. Contar con registros vitales cabales, oportunos y de calidad. 2. Disponer de estadísticas regulares sobre educación, sexualidad, empleo, participación y otros temas atinentes al grupo de referencia. 3. Contar con encuestas regulares de niñez, adolescencia y juventud, y de demografía y salud. 4. Contar con sistemas nacionales de información, en que se integren las diferentes fuentes y se usen códigos comunes, por ejemplo los de georreferenciación, y que permitan desagregaciones según criterios sociales y territoriales. 5. Contar con instrumentos de consulta y procesamiento en línea de las bases de datos oficiales, incluidas las censales.

Medida prioritaria 25 Formular políticas destinadas a aprovechar la oportunidad única que ofrece el bono demográfico, que incluyan de manera articulada la inversión en educación y salud y la generación de empleo decente sobre la base de la solidaridad intergeneracional.

Medida prioritaria 35 Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales. - 1. Eliminar las barreras de acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva. 2. Incrementar el porcentaje de población que conoce la normatividad nacional específica sobre los derechos y la atención de la salud sexual y la salud reproductiva. 3. Incrementar el porcentaje de proveedores de salud que conocen la normatividad nacional específica sobre los derechos y la atención de la salud sexual y la salud reproductiva. 4. Lograr que toda la población tenga acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva oportunos, de calidad y acordes con sus características y necesidades específicas. 5. Reducir el porcentaje de población que sufre discriminación frente al ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

Medida prioritaria 37 Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos. - 1. Lograr que toda la población conozca los elementos básicos de la normatividad que garantizan el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. 2. Conseguir que todos los prestadores de servicios conozcan la legislación y las normas que garantizan el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. 3. Lograr que toda la población tenga acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva oportunos, de calidad y concordantes con sus condiciones, necesidades y requerimientos específicos. 4. Lograr que el aseguramiento en salud abarque el acceso gratuito a insumos y a la atención de la salud sexual y la salud reproductiva.

Medida prioritaria 46 Garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todos y todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.

Medida prioritaria 50 Cumplir con el compromiso de promover y asegurar la aplicación de la perspectiva de género y su intersección con la raza, la etnia, la edad, la clase social y la condición de discapacidad en todas las políticas públicas, especialmente aquellas de orden económico y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y los actores sociales, organizaciones de mujeres afrodescendientes, indígenas y jóvenes para garantizar la igualdad de género.

Medida prioritaria 59 Incrementar el acceso de los hombres, incluidos niños, adolescentes y jóvenes, a la información, la consejería y los servicios de salud sexual y salud reproductiva y promover la participación igualitaria de los hombres en el trabajo de cuidados, a través de programas que sensibilicen a los hombres respecto de la igualdad de género, fomentando la construcción de nuevas masculinidades. - 1. Incorporar en el currículo de la enseñanza básica aspectos relacionados con la igualdad de género. 2. Lograr que las tareas reproductivas sean compartidas entre hombres y mujeres. 3. Aumentar la participación de los hombres en aspectos relativos a la salud sexual y reproductiva.

Medida prioritaria 60 Desarrollar y fortalecer planes y programas dirigidos a reducir las disparidades en la representación y el desempeño de niños y jóvenes en el sistema educativo, con especial referencia al Caribe de habla inglesa.

Medida prioritaria 89 Adoptar las medidas necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, para garantizar que mujeres, niños, niñas y adolescentes y jóvenes indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación, y tomar medidas para asegurar la restitución de derechos.

Medida prioritaria 93 Abordar las desigualdades de género, raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones de estas dimensiones en las situaciones de discriminación que sufren las mujeres y especialmente, las jóvenes afrodescendientes.

Medida prioritaria 98 Generar conocimiento e información confiable y oportuna con perspectiva de género y desagregado por sexo, edad y condición socioeconómica, entre otras variables, sobre las poblaciones afrodescendientes, a través de procesos participativos, atendiendo los requerimientos y las recomendaciones internacionales relativas al asunto.

23. Insta a los países a continuar con las acciones orientadas a romper con las barreras que perpetúan la desigualdad y las brechas de género, especialmente en el trabajo no remunerado, incluido el doméstico y de cuidado, dedicando los máximos esfuerzos a erradicar la violencia de género, en particular el feminicidio, y la violencia contra las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y las personas mayores;

Lograr la cobertura universal de educación primaria y secundaria e incrementar en 50% la cobertura de educación inicial.

Mejorar en 50% el desempeño en matemáticas y comprensión lectora.

Incrementar en 40% el acceso a educación superior de los jóvenes en situación de pobreza.

RESUELVEN 18. Expresar nuestra complacencia de que la SISCA colabore con la ejecución del proyecto "Desarrollo de políticas e iniciativas a nivel regional a favor de jóvenes en riesgo social y en conflicto con la ley", a ejecutarse en Belize, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en coordinación con el UNFPA y la Unidad de Seguridad Democrática de la SG-SICA, con el financiamiento de la Cooperación Italiana; así como, nuestro compromiso de apoyar el proceso de consulta para la elaboración de propuestas de políticas públicas de prevención de la violencia juvenil y de designar a un enlace técnico para que acompañe dicho proceso.

RESUELVEN Sobre las prioridades para la integración regional social planteadas por la Presidencia Pro Témpore. Expresar coincidencia y destacar la importancia de las prioridades planteadas por la Presidencia Pro Témpore de El Salvador, especialmente en lo relativo a la complementariedad de la política económica y la política social para el abordaje del empleo y la empleabilidad juvenil, favoreciendo la continuidad del trabajo más allá del actual semestre.

Sobre el diálogo político para la complementareidad de la política económica y la política social para el abordaje del empleo juvenil. Encomendar a SISCA la promoción del diálogo y el trabajo intersectorial con la Secretaría de la Integración Económica (SIECA), la Secretaría Técnica del Consejo de Planificación de los Países Miembros del SICA (STCONPLAN) y otras instancias pertinentes vinculadas a la temática de empleo y empleabilidad juvenil.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: La reducción multicausal del embarazo adolescente.

V. LÍNEAS ESTRATÉGICAS INTERSECTORIALES Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios. Se refiere a la articulación de acciones a favor de: Estilos de vida saludable, incluyendo la práctica de actividad física y una alimentación y nutrición adecuada y sostenible en todas las etapas de la vida y espacios de convivencia

 Considerando  5. Que la situación demográfica actual de América Latina se refleja como uno de los sectores predominantes, el constituido por las y los jóvenes.

 Considerando  6. Que los niveles de desigualdad y exclusión social en la región impactan de manera aún más negativa a las y los jóvenes, en particular en el acceso y calidad de los sistemas de salud, de educación, de inserción laboral, de protección social, de remuneración y de participación ciudadana.

 Considerando  8. Que el saber está en el centro del desarrollo,; y las y los jóvenes disponen de una mayor capacidad de absorción y transmisión de información, potenciando así su participación, particularmente a través del acceso y del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), lo que convierte a las y los jóvenes en actores estratégicos del desarrollo.

 Considerando  9. Que las políticas públicas de juventud se vieron en determinados casos, afectadas por la sectorialidad, la centralización y la primacía de los enfoques de riesgo, en detrimento de la consideración de las y los jóvenes como sujetos de derecho.

 Considerando  10. Que algunos medios de comunicación desarrollan discursos que estigmatizan a las y los jóvenes, lo que contribuye a la popularización de antivalores que influencian negativamente la juventud.

1. Continuar los esfuerzos que desde los gobiernos de la región se están haciendo por consolidar políticas integrales de inclusión social, considerando que en nuestros países existen múltiples juventudes con diversas identidades, diferencias y características.

2. Reconocer a las y los jóvenes como sujetos de transformación social, acompañando las acciones que fortalezcan los procesos de participación y organización juvenil.

4. Formular y desarrollar planes, políticas y programas nacionales y regionales para la universalización del disfrute y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la población joven, con base en su interdependencia y progresividad y con atención prioritaria en aquellos en condición de pobreza extrema y sectores de alta vulnerabilidad.

6. Impulsar sistemas integrados de seguridad y protección social como respuesta tanto a la coyuntura de crisis como a la necesidad de universalizar la garantía efectiva básica de los derechos sociales de la población, que protejan el empleo y los ingresos de la población juvenil de América Latina y el Caribe.

7. Atender los retos de la juventud marginada por sus situaciones de dependencia y discapacidad. En este sentido, fomentar la ratificación e implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por todos los países, en orden a reducir las barreras a la participación, especialmente para jóvenes con discapacidades.

8. Fortalecer políticas sociales para la inclusión de grupos de población vulnerada urbana y rural, en particular jóvenes y mujeres migrantes e indígenas.

9. Fomentar el desarrollo de criterios comunes, intercambio de experiencias y construcción de nuevos indicadores sociales en materia de juventud, así como la evaluación de las políticas sociales, e impulsar la validación de metodologías participativas y la armonización de datos colectados por los países.

10. Promover una mayor articulación de las políticas públicas de juventud, con enfoques integrados e integrales con perspectiva generacional, trabajando desde la consideración de las y los jóvenes como sujetos de derecho y participación en la decisión, planeación y evaluación de políticas públicas de transfromaciones sociales.

11. Priorizar la generación de oportunidades para la integración social y la construcción de ciudadanía, impactando por esta vía en la prevención integral de la violencia relacionada con jóvenes como víctimas y/o victimarios.

12. Fortalecer los sistemas institucionales que operan en el campo de las políticas públicas de juventud, reforzando los espacios de articulación interinstitucional (o creándolos cuando corresponda), procurando que las máximas jerarquías gubernamentales presten atención focalizada a este tipo de inciativas.

15. Trabajar mancomunadamente para que los medios de comunicación promuevan valores ciudadanos y de convivencia armónica en la sociedad; mejorando la imagen de las y los jóvenes se brinda en la opinión pública, enfrentando decididamente los esteriotipos, los prejuicios dominantes y todo tipo de discriminación y formas relacionadas de intolerancia y promoviendo por esta vía con el desarrollo de más y mejores diálogos intergeneracionales.

19. Promover el intercambios de metodologías, protocolos, mejores prácticas y experiencias exitosas de investigación en temas sociales para favorecer estudios comparados con participación de jóvenes investigadores, en plataformas de cooperación Sur Sur y Triangular, en particu;ar, para, con y desde los países de Centroamérica y el Caribe.

 Considerando  Reconociendo el imperativo de potenciar el rol protagónico de la juventud en el desarrollo de nuestras naciones y el compromiso de nuestros gobiernos en fomentar la igualdad de género, bajo el principio de la no discriminación, tanto como la cooperación, la justicia, la paz, la solidaridad y la equidad social

 Considerando  Reconociendo que las transformaciones producidas en los países de la región en la última década despertaron un fuerte interés en las y los jóvenes, cuya participación constituye una contribución imprescindible para el fortalecimiento de la Democracia en América Latina y el Caribe

 Considerando  Asumiendo la ineludible necesidad de contar, para el logro de sociedades más justas, inclusivas y equitativas, con los conocimientos, miradas e intereses de las y los jóvenes, alentando su involucramiento y reconociendo la centralidad de su participación en la construcción de los respectivos proyectos nacionales y regionales

 Considerando  Convencidos de que la erradicación de la pobreza, que afecta fundamentalmente a jóvenes y mujeres, es un imperativo actual de América Latina y el Caribe para dejar de ser la región más inequitativa del planeta

 Considerando  Convencidos del rol estratégico que desempeñan las y los jóvenes en el desarrollo de nuestros pueblos

Promover los nexos de solidaridad y apoyo recíproco entre las naciones de América Latina y el Caribe para el desarrollo de acciones que contribuyan a asegurar la inclusión económica y social de la juventud

Construir y acompañar las políticas de inclusión de género y juventud a partir de sus protagonistas mediante la coordinación de los distintos niveles de gobierno y el fortalecimiento de las instancias públicas locales así como de la participación de las organizaciones y movimientos sociales

Reforzar las iniciativas en marcha para la protección y promoción de los derechos de las y los jóvenes, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, garantizando el pleno goce y ejercicio de los derechos a la salud, educación, primer empleo y participación comunitaria, en el reconocimiento de la diversidad de las culturas jóvenes

Fortalecer la formación técnica y profesional de jóvenes junto con las instancias de terminalidad educativa, sobre la base de los mecanismos que cada Estado diseñe

ACORDAMOS 6. Fortalecer el Foro Ministerial de Desarrollo como un espacio de reflexión e intercambio de experiencias de Política Pública, con un enfoque de ciclo de vida e integración social orientadas a la generación y coordinación de acciones desde lo público y lo privado, que tome en consideración las necesidades, condiciones y particularidades de los grupos poblacionales con mayores niveles de vulnerabilidad, con una construcción anclada en la realidad de los territorios específicos, que promueva la inclusión desde una mirada de igualdad de género, étnica, cultural y social, reconociendo además las necesidades diferenciadas de la niñez, las juventudes y los adultos mayores.

ACORDAMOS 11. Promover los derechos, el empoderamiento y las políticas antidiscriminación de la poblaciones afrodescendientes e indígenas de América Latina y el Caribe para hacer frente a la pobreza y la desigualdad, afrontar las causas más profundas de la exclusión social como el racismo, incorporar la perspectiva interseccional que permita visibilizar y empoderar a las niñas, jóvenes y mujeres, y promover mejoras en la educación y reducción de la violencia hacia ellos.

ACORDAMOS 14. Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales, políticas públicas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a que se enfrentan las poblaciones indígenas y afrodescendientes, poniendo especial atención en la situación particular en la que viven las mujeres, las niñas y los varones jóvenes.

DECLARAN: 12. Fortalecer los esfuerzos regionales para el logro del Objetivo 10 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular, el 10.2 de potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Presentar los avances en la IV Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social.

PROMOCÃO E PROTECÃO SOCIAL: trabalhar articuladamente com Reunião de Altas Autoridades de Dreitos Humanos do MERCOSUL e Estados Associados (RAADH), Reunião Especializada de Juventude (REJ), Reunião de Ministros de Saúde e Comisão de Coordenacão de Ministros de Assuntos Social do MERCOSUL (CCMASM), com vistas a gerar iniciativas de projectos regionais ao is em, Planos Nacionais de Acão dos Direitos das Criancas e Adolescentes, Políticas públicas para idosos, Políticas públicas para Pessoas com Deficiencia, Políticas públicas para Juventude.

TEMA 2: DERECHO A LA IDENTIDAD, A LA FAMILIA Y AL ORIGEN EN EL MERCOSUR: En razón de que tanto la Reunión de Ministros de Desarrollo social del MERCOSUR y Estados Asociados como la Iniciativa Niñ@Sur de la Reunión de Altas autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados vienen realizando acciones concretas a nivel regional para la Concientización, Prevención, Asistencia a las víctimas y Lucha contra la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes con fines de explotación sexual y/o Laboral, instruye a ambas instancias a que coordinen sus esfuerzos e iniciativas que en la temática desarrollen, con especial referencia al "Spot Televisivo y Afiche relativo a la Prevención, Concientización y Lucha contra la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines de explotación sexual, comercial y/o laboral aprobado durante la XVIII RMADS del 9 de junio último.

INSTITUTO SOCIAL DO MERCOSUL A delegacão Argentina propôs iniciar projeto de pesquisa com apoio do ISM no tema da vinculacão entre políticas de inclusão social e juventude. A iniciativa surgiu a partir do Programa MOST da UNESCO, que fomenta pesquisa em ciências sociais. A proposta é que se inclua no Plano Operativo Anual do Instituto o mencionado projeto para aprovacão do Conselho e que se trabalhe junto ao IS em uma pesquisa-acão participativa com contribuicão dos Estados Parte do MERCOSUL. Os resultados poderão ser apresentados na reunião do Programa MOST e na Conferência Geral da UNESCO em novembro de 2013.