| Autor/Autores: |
Aldo Ocampo González, Ingrid Cortés, Karina Cisterna, Valentina Contreras, Alberto Infante, Pamela Tomé, Sandra Urra y Karina Villarroel. Aldo Ocampo González (Coord.), Delfín Montero (Prólogo). |
| Resumen: |
La progresiva incorporación de niños en situación de discapacidad a la educación regular mediante los Proyectos de Integración Escolar (PIE) y el mayor conocimiento sobre los beneficios de la educación inclusiva, ha tenido como consecuencia un aumento en el ingreso de estudiantes con discapacidad a la educación superior. Aún las cifras nos indican que uno de cada quince estudiantes con discapacidad logra acceder a la educación superior. Algunas instituciones están preparadas para ello, otras plantean preocupación pero no cuentan con mecanismos adecuados ni los recursos necesarios pertinentes que aseguren el acceso, la permanencia, el egreso de estos estudiantes. Las Instituciones de Educación Superior deben avanzar en esta materia ya que la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en su artículo 39 inciso 2° plantea que dichas organizaciones “ …deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras …” Sin embargo,la ley especifica el “que“ hacer pero no profundiza en el “ como“ .Se habla de “ajustes razonables” . Que son los “ajustes razonables”? La ambigüedad deja a criterio de las instituciones educacionales las acciones a realizar en función de entregar igualdad de oportunidades en el ingreso, progreso, permanencia y egreso de los alumnos en situación de discapacidad. Varias instituciones de educación superior han asumido este desafío, es decir incluir a jóvenes en situación de discapacidad y apoyar sus proceso formativo a través de unidades formales, para que el éxito académico no este gatillado exclusivamente por las capacidades personales y el apoyo de docentes y directores de escuela. Pero son insuficientes, especialmente en regiones donde los jóvenes no tienen alternativas de elección a fin de buscar una institución inclusiva para su formación profesional y lamentablemente no aparecen entre ellas, centros de formación técnica ni institutos profesionales. Tenemos aún mucho camino por recorrer para lograr un país inclusivo y este camino comienza por la educación. Que nos falta para continuar en este camino? Tenemos la concepción y los valores que nos impulsan a hacerlo (igualdad y no-discriminación), también sabemos qué podemos hacer (identificar y remover las barreras que puedan limitar el aprendizaje y la participación de cualquier alumno) y nos acompañan, además, las emociones necesarias para el cambio (esperanza, rabia, confianza…). De faltarnos algo sería, seguramente, determinación y voluntad para intentarlo (Echeita & Simon, 2007). |
